La SFP no encubre a funcionarios por caso Odebrecht: Arely Gómez

La secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, aseguró que en el caso Odebrecht, ni ella ni la dependencia a su cargo encubre a ningún funcionario. Incluso, anunció que en este tema la Secretaría inició nuevas investigaciones.

Tras las acusaciones de legisladores sobre que el gobierno federal pretende la impunidad de funcionarios involucrados en el caso Odebrecht, la titular de la dependencia dijo que no hay ningún acto de encubrimiento en la investigación que lleva a cabo.

“La Secretaría de la Función Pública, la titular de la misma, ni ninguno de sus funcionarios encubren a ningún servidor público en el caso del tema Odebrecht. Si yo tuviera conocimiento (...) iniciaría inmediatamente el proceso administrativo y la denuncia correspondiente”, aseveró.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas de Transparencia y Auditoría Superior de Diputados, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, la secretaria expresó que la dependencia identificó todos los contratos celebrados entre instituciones federales y la empresa brasileña, así como sus 21 filiales.

Indicó que se iniciaron ocho procedimientos administrativos sancionatorios, y en tres de ellos estaba por emitirse las resoluciones correspondientes, pero la semana pasada el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva a Odebrecht en un juicio de amparo para el efecto de que dichas resoluciones no sean emitidas.

Destacó que si bien esa resolución no prejuzga sobre el fondo del asunto, la SFP usará todos los medios legales para evitar que por medio de la vía jurídica, Odebrecht impida llegar a las últimas consecuencias del caso.

Sobre el caso Paso Exprés, Arely Gómez dijo que hay 22 observaciones por 1,034 millones de pesos que se deberán aclarar por parte de los funcionarios que intervinieron en esa obra. Y con relación a la investigación conocida como La Gran Estafa, señaló que la dependencia a su cargo no tiene facultades para investigar universidades, aunque sí contratos del gobierno federal con ellas. Destacó que desde su llegada a la dependencia en el 2016 identificó ese problema, por lo que en casos de irregularidades se han sancionado a tres servidores públicos; nueve más están bajo un procedimiento y 44 en investigación.

Con información de El Economista