En la Angelópolis, la ley 3de3, asunto de coyuntura política

En las elecciones locales recientes, los cinco candidatos a gobernador, obligados por la coyuntura, hicieron su declaración patrimonial, fiscal y de intereses durante los dos meses que duró el periodo de campañas.

Como se recordará la abanderada del PRI y PVEM, Blanca Alcalá Ruiz, fue la primera en hacerlo. El último: José Antonio Gali Fayad, quien a la postre ganó la contienda. El factor Ley 3de3 de manera práctica no influyó en la preferencia del electorado.

El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas respaldó a su partido, el PAN, en este tema; “yo siempre he estado a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y no solo en el discurso, sino en los hechos", dijo.

Pero, ni el mandatario, como tampoco sus funcionarios, presidentes municipales, regidores y diputados hicieron públicas sus manifestaciones bajo los formatos de la plataforma ciudadana.

Entre los legisladores federales, solo la senadora priista Lucero Saldaña Pérez reveló la información de referencia. El resto, sin importar su filiación partidista, no externó su interés por emular esta decisión, y espera la promulgación de las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción o su veto, lo que evidencía su desinterés por la publicidad máxima de esta información que sea o no obligatoria.

El origen del conflicto

Cabe recordar que los problemas con la Ley 3de3 empezaron cuando fue incluido el término de “vida privada” para que los funcionarios públicos tuvieran la posibilidad de ocultar las declaraciones sobre su patrimonio e intereses.

El artículo 29 de la LRASP establece: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el comité coordinador, a propuesta del comité de participación ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.

Sin embargo, es necesario reconocer que la crisis en el tema aumentó con el artículo 32, pues obliga a personas físicas y morales, que reciban recursos públicos, a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

Para el director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Cárdenas Sánchez, las declaraciones de los funcionarios deben proteger sus datos personales, sin establecer el tema de afectaciones a la vida privada, pues este concepto es "ambiguo y amplio", e incluso sería hasta inconstitucional.

Para el coordinador en la redacción de la iniciativa Ley 3de3, tras las derrotas en las elecciones del pasado 5 de junio, PRI y PVEM perdieron la oportunidad de reposicionarse entre la sociedad y demostrar su compromiso con la transparencia.

Las protestas en cadena

El presidente de la Red Mexicana de Franquicias, Enrique Vargas Medina, anunció que sus afiliados analizan la posibilidad de recurrir a la solicitud de amparos colectivos, "si la ley no se modifica".

En el mismo tenor declaró el presidente de la Canaco, Marco Antonio Prósperi Calderón, quien lamentó que se busque obligar a las personas físicas y morales que reciban recursos públicos a cumplir con la Ley 3de3; "no se debe afectar a personas que son beneficiarias de algún programa social o micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de productos y servicios al gobierno”, opinó.

Para el presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), Francisco Romero Serrano, condenó "los parches a modo" impuestos por los legisladores, los cuales, pareciera que buscan "solapar" los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

En su oportunidad, el presidente del Centro Empresarial de Puebla, represetante local de Coparmex, José Antonio Quintana Gómez, consideró que la Ley 3de3 llegó descafeinada o light, por lo que no ataca como estaba previsto, la corrupción entre servidores públicos; "nos preocupa que no escuchen a la sociedad", dijo.

En este contexto, el diputado federal panista, Federico Döring, presentó una iniciativa para derogar el artículo 32, en específico sobre las personas físicas y morales; a la par, planteó la modificación del artículo 29, para definir los los formatos para las declaraciones de los servidores públicos.