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Simulación, el combate a la trata de personas en Tlaxcala

Pedro Morales 2017-11-06 - 08:32:59

Organizaciones civiles y feministas denunciaron que en Tlaxcala, de enero a la fecha, ya se contabilizan 43 desapariciones y 12 muertes violentas de féminas no esclarecidas, sin tomar en cuenta los casos que no son denunciados y la aparición de mujeres muertas en parajes solitarios o en carreteras que tienen otro trato.

El tema de la trata de personas y los feminicidios, son problemas que ya están presentes de manera palpable en 35 de los 60 municipios de Tlaxcala, es un tema que ha propiciado que los tlaxcaltecas carguen con la otra leyenda negra que es: “Tlaxcala también es cuna de los padrotes”.

Los temas han sido negados y minimizados durante los dos últimos sexenios y aunque son reconocidos en los nueve meses de lo que va en la presente administración, trata y feminicidios no han disminuido, cada día van en aumento.

Organizaciones civiles y feministas denunciaron que de enero a la fecha ya se contabilizan 43 desapariciones y 12 muertes violentas de féminas no esclarecidas, sin tomar en cuenta los casos que no son denunciados y la aparición de mujeres muertas en parajes solitarios o en carreteras que tienen otro trato.

Al respecto el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., informó que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es un tema “tabú” para el gobierno y sus instituciones.

En su informe de labores, refiere que “a lo largo de estos 15 años el trabajo que colectivamente hemos realizado ha obligado a las autoridades a reconocer este problema”

Sin embargo, no ha sido una tarea fácil, pues sistemáticamente han enfrentado a gobiernos que buscan negarlo, minimizarlo o como sucedió con el anterior gobernador de Tlaxcala, Mariano González sólo simuló enfrentar el problema.

Durante su periodo no disminuyó, sino por el contrario se acrecentó ya que actualmente se presenta en 35 de los 60 municipios que conforman el territorio actual de Tlaxcala.

Como resultado de la presión ciudadana, en 2011 se aprobó la Estrategia Estatal contra la Trata y su plan sexenal, sin embargo, a lo largo de la administración de Mariano González no hubo la voluntad para implementar las políticas públicas de prevención del delito, la atención y protección de las víctimas.

Así como la sanción para quienes delinquen.

Durante 2015 y 2016 documentamos las acciones realizadas por parte del gobierno para el combate contra la trata de personas, lo que lleva a afirmar que incurrió en omisión y graves violaciones a los derechos humanos.

El informe comparte que a pesar de la obligación que tiene el gobierno por informar de las acciones que realiza, “siempre nos encontramos con una cerrazón, más aún el ocultamiento de información”.

Esto lo constatamos a partir de una solicitud de información a las instituciones que integran el Consejo Estatal contra la Trata sobre las acciones realizadas para prevenir el delito como parte de la Estrategia Estatal.

El Consejo Estatal contra la Trata, en sesión del 15 de agosto de 2014, determinó sin mayor fundamento reservar la información por 12 años, lo que en su momento fue validado por la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el estado de Tlaxcala (CAIPTLAX).

Ante ello se tuvo que llegar hasta un amparo, obteniendo una sentencia favorable por parte del Juez Tercero de Distrito en el Estado, el 30 de marzo de 2016 determinó que debía hacer pública la información de las acciones que el gobierno realiza para el cumplimiento de la Estrategia Estatal contra la Trata.

Durante el periodo de González Zarur se interpusieron 200 denuncias, de las cuales 70% quedaron en Actas Circunstanciadas, a pesar de que este delito se persigue por oficio.

De esto se desprende que 30% de las denuncias quedaron como averiguaciones previas y del total de denuncias solo 6.5% alcanzaron sentencia. Lo que evidencia que no hay acceso a la justicia para las víctimas.

Se simuló la investigación y persecución de lugares de explotación, ya que el gobierno del estado de Tlaxcala señaló públicamente, la clausura de “264 establecimientos dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual”.

Sin embargo, no existió un solo lugar en el que se aplicara la Ley de extinción de dominio, por haberse comprobado la comisión del delito o ser producto de él.

Con toda la información para aplicar todo el peso de la ley

El gobierno tiene información clara de los municipios de alto riesgo. Debido a que sabe de dónde son las víctimas y de dónde son los tratantes, así lo refirió la PGJE en la información proporcionada vía la Ley de Acceso a la Información.

Las víctimas son originarias de los municipios de Acuamanala, Xicohtzinco, Quilehtla, Teolocholco, Tenancingo, Zacatelco, Papalotla y San Pablo del Monte se identificaron a víctimas originarias de los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México.

En tanto los tratantes provienen de los municipios de: Tenancingo, San Pablo del Monte, Acuamanala, Zacatelco, Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Calpulalpan, Teolocholco, Papalotla, Xicohtzinco, Totolac y Xaloztoc.

A la fecha, no existe la implementación de una política pública educativa de prevención que integre la totalidad de municipios del Estado, así lo señalaron profesores de escuelas del sur del Estado.

Resulta grave ya que desde el año 2011 ya lo contempla la Estrategia Estatal contra la Trata y más aún el delito se ha extendido a 35 municipios.

El gobierno del estado no coordinó acciones en los municipios de Tetlanohcan, Mazatecochco, Tlaxcala, Quilehtla, Ayometla, Acuamanala, Teolocholco, Tlatelulco, Chiautempan, San Pablo del Monte, Papalotla, Xicohtzinco, Zacatelco, Axocomanitla y Tenancingo, considerados con los mayores índices de trata de mujeres y niñas en Tlaxcala.

La mayoría de municipios consideran que no les corresponde realizar ninguna labor ante el delito de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ya que no les corresponde detener a los tratantes.

Es de resaltar que en el imaginario de las autoridades las acciones contra la trata solo es “…función única y exclusiva del Ministerio Público”, sin entender que también existen acciones de prevención, atención e investigación que les obliga a realizar el actual marco jurídico.

Al respecto, en 11 municipios refirieron no haber recibido capacitación en el tema y el único que recibió capacitación ha sido solo para personas de Seguridad Pública.

Solo un municipio de los 11 que respondieron, mencionó haber ejecutado acciones en coordinación con alguna institución del gobierno Estatal.

De la información sobre hoteles, moteles, auto hoteles y botaneros, del año 2014 a 2016, se obtuvo que en este periodo se otorgaron licencias para: 20 hoteles, 20 auto hoteles, 35 moteles, 203 bares y 73 centros botaneros.

Preocupa particularmente el caso de Teolocholco donde se informó que el número de licencias otorgadas en el periodo señalado fue para: 11 hoteles, 3 auto hoteles y 19 moteles, ya que el municipio se ubica en el corredor principal de explotación de mujeres y niñas, y no se caracteriza como un municipio turístico.

Esta actitud sistemática de impunidad y simulación de la autoridad, generó un agravamiento del problema, al grado de que la organización poblana Todos para Todos A.C., solicitó para Tlaxcala la Alerta de Violencia de Género por Violencia Sexual y Trata de Personas, la primera en todo el país.

Como Centro Fray Julián Garcés, en coordinación con las Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular acordaron dar seguimiento al desarrollo de la solicitud, vigilando y dando nuestro posicionamiento público en las diferentes etapas.

Concluye el informe que es preocupante que desde la aceptación de las recomendaciones por parte del gobierno estatal, el 24 de noviembre de 2016, las acciones que se han venido haciendo no tienen la contundencia necesaria para enfrentar el delito, más aún se mantiene a la fecha una política de simulación.

Asesinan a su jefa y la entierran en La Malintzi

El último caso de feminicidio que cimbró nuestro país fue la desaparición de Jazmín N. de 19 años de edad y que culminó con su muerte a manos de dos de sus subordinados, quienes por desavenencias en el trabajo decidieron matarla y enterrar su cuerpo en las faldas de la montaña de La Malintzi, a la altura de Mazatecochco.

El crimen que tiene indignada a la población de ese municipio, luego del inicio de  la carpeta de investigación, donde quedó asentado que el 17 de octubre, el agente del ministerio público inició la indagatoria por la desaparición de Jazmín N., de 19 años de edad, en el municipio de Mazatecochco, en virtud de que no regresó a su domicilio tras terminar su jornada laboral un día anterior.

El 18 de octubre, los policías de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro, ubicaron en primera instancia a Óscar N., quien en cumplimiento a la orden de presentación declaró asistido por el defensor y ante el fiscal, que en complicidad con su compañero de trabajo de nombre Miguel N., privaron de la vida a la hoy occisa.

Asimismo, un día después, fue ubicado Miguel N., quien de la misma manera declaró asistido por el defensor, que privaron de la vida a quien se desempeñaba como su jefa en la empresa, por problemas personales y económicos; además, dijo que abandonó el cuerpo en las inmediaciones de la Malintzi.

Con esta información, la trilogía investigadora conformada por el Agente del Ministerio Público, Policía de Investigación y peritos, se trasladaron al lugar proporcionado por el imputado, a quien en todo momento se le respetó su derecho de defensa, a fin de que guiara a los especialistas al lugar donde dejó el cuerpo.

La mañana del 20 de octubre, ubicaron el cadáver en una zona boscosa en el municipio de Mazatecochco, cuyas características fisionómicas coinciden con las de la persona reportada como desaparecida y quien en vida respondió al nombre de Jazmín N.

De esta manera, Óscar N., y Miguel N., ambos de 24 años de edad, fueron recluidos en el interior del Cereso, desde donde enfrentarán su proceso legal.

No aparece Karla Romero Tézmol

Ya pasaron 18 meses desde su desaparición y hasta la fecha los padres de Karla Romero Tézmol, no han recibido certeza o información que les permita dar con el paradero de su menor hija, la misma que salió con rumbo a su escuela en San Pablo del Monte y desde ese día no se le volvió a ver.

La líder de la organización “Red Retoño”, Miriam Pascual publicó en su cuenta de Twitter: "Sepa el gobierno de Tlaxcala que hoy Karla Romero Tezmol, cumple 13 años de edad y no es la única niña desaparecida que está lejos de su familia".

Además, señala que en el cumpleaños de la menor que aún continúa ilocalizable:

"Te seguimos buscando, denunciando y preguntando #DóndeEstáKarla #NoOlvidamos y Karla debe saber que su familia no la ha dejado de buscar un solo momento al igual que nosotros".

Además, lamenta el aletargamiento que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ha llevado sobre el caso y hace recordar que la misma dependencia "perdió videos del rapto de la menor de edad".

La abogada feminista que ha ayudado a los padres de Karla a buscarla por todos los lugares posibles, hizo el recordatorio de que ya son más de 500 días de que Karla fue raptada, en una de las calles del municipio de San Pablo del Monte cuando se dirigía a la escuela.

Y que durante este tiempo ha habido operativos policiacos fallidos, preguntas sin responder, líneas de investigación inconclusas, llanto, dolor, confusión, marchas, voces y letras de reclamo, y donde vuelve a resonar la misma pregunta a 18 meses de distancia.

¿Dónde está Karla?

Ley para erradicar la trata de personas y proteger a víctimas

En sesión extraordinaria, el Pleno de la LXII Legislatura Local, avaló el dictamen por el que se expide la nueva Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala.

Con este nuevo ordenamiento se busca regular los ilícitos en materia del fenómeno de trata de personas, entendido éste como el conjunto de conductas dañinas que denigran la dignidad del ser humano, mismas que deben prevenirse y sancionarse, por lo que tienen incidencia en el funcionamiento de las tareas de policía y del sistema local de reinserción social.

Se dijo que la trata de personas es una actividad destinada a la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, engaño, abuso de poder en una situación de vulnerabilidad.

Así como la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con propósitos de explotación, y que de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012, emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas es un delito complejo de alcance mundial.

En cuanto al nivel de discriminación por género, a finales de 2009, Tlaxcala ocupaba el séptimo lugar a nivel nacional y que de las 287 averiguaciones sobre trata de personas que se registraron en el país hasta el año dos mil doce, veinticuatro correspondieron a Tlaxcala; las demás fueron setenta y siete en el Distrito Federal, sesenta y tres en Chiapas, treinta y tres en el Estado de México, veintidós en Puebla y once en Quintana Roo.

Derivado de lo anterior, se puso de manifiesto que es preocupante la situación prevaleciente en la región sur del estado, donde desde la última década del siglo pasado el fenómeno de la trata de personas, con propósitos de explotación sexual, se ha arraigado de manera tal que prácticamente se ha equiparado a una actividad económica, y se ha convertido en fuente de ingresos de una porción considerable de la población.

Con la expedición de este ordenamiento se da cumplimiento a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, aprobada en junio de 2012.