Defiende Gobierno labor de Fuerzas Armadas tras informe de WOLA

El Gobierno de México defendió la labor de las Fuerzas Armadas tras el informe “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), donde se acusó a los militares de no ejercer correctamente sus funciones.

La administración de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Gobernación, afirmó que “las Fuerzas Armadas de México cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de las y los mexicanos, como instituciones permanentes del Estado mexicano.

“Todas las encuestas revelan el apoyo de la sociedad a las acciones que las Fuerzas Armadas despliegan para mantener la seguridad interior del país, en beneficio de la población civil”, las cuales, precisó, se basan en la Constitución Mexicana.

Aseguró que seguirá impulsando investigaciones imparciales y objetivas para toda presunta violación a los derechos humanos, que aseguren una procuración y acceso a la justicia efectivos, así como la sanción a los responsables.

Puntualizó que “México valora muy especialmente las labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen organizado en nuestro país”.

A través de la PGR, el Gobierno aseguró que los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, fueron en los términos establecidos en la Carta Magna y la legislación aplicable, particularmente aquellos que podrían constituir violaciones a derechos humanos y así, cerrar cualquier espacio de impunidad, con absoluta transparencia y conforme a los principios que sustentan un sistema democrático de derecho.

La Segob informó que el Estado Mexicano fortalece el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar en contra de la población civil, sean juzgados por tribunales civiles.

Dijo que el Código de Justicia Militar fue reformado en 2014, con la finalidad de armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en la materia, en línea con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

“Durante la presente administración, las Fuerzas Armadas de México han ampliado su programa de capacitación en materia de derechos humanos, para reforzar la cultura de respeto y su promoción. Lo anterior ha dado como resultado una visible reducción de las quejas interpuestas contra personal militar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las recomendaciones emitidas por la CNDH a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina”, indicó.

En su respuesta al informe de WOLA, Gobernación recordó que instituciones académicas, de la sociedad civil, organismos internacionales participan en los procesos legislativos y diseño de las leyes generales en materia de combate a la tortura y a la desaparición de personas.

Reiteró que la participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país.

“México invita a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país.

Estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte”, concluyó.