Política de seguridad militarizada tiene resultados desastrosos

La incorporación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ha tenido resultados desastrosos, tal y como lo documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, el pasado año 2015, revela el análisis del Sistema Universitario Jesuita, ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

A casi 11 años de la puesta en marcha de la política de seguridad militarizada, datos ampliamente conocidos sobre el número de personas desaparecidas, homicidios dolosos, desplazamientos forzados y fosas clandestinas, entre otros,  indican que las tareas de seguridad corresponden al ámbito civil, en el marco de una democracia en la que se vela por los derechos humanos, por lo que la Ley de Seguridad Interior es regresiva y contraria a la Constitución Política de México.

Por eso, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados ha decidido avalar, en detrimento de los derechos humanos, la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que no le competen y con ello, un modelo de seguridad que ha sido demostradamente fallido por las violaciones sistemáticas e impunidad en diversos casos.

Además de lo anterior, revela el análisis del Sistema Universitario Jesuita, es preciso mencionar que la Cámara de Diputados no tiene atribuciones conforme al artículo 73 constitucional para legislar en materia de seguridad interior, pero además, de manera adicional, la Ley de Seguridad Interior es contraria a la Constitución puesto que el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil.

El estudio, reitera además, que la poli?tica de seguridad militarizada atenta contra los derechos humanos y el principio de progresividad de los mismos, ya que esta labor es propia de las funciones policiales y de seguridad pública, y no del Eje?rcito.

Ante eso, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, en su visita a Me?xico, sen?alo? puntualmente que "el principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valie?ndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operacio?n policial, se centra en la prevencio?n, la detencio?n, la investigacio?n y el enjuiciamiento, y solo contempla el uso de la fuerza como u?ltimo