Ley de Seguridad Interior sin supervisión para regular fuerza con que actuarán militares

La bancada del PRI en el congreso respaldada por diputados del PAN, PRD y Nueva Alianza aprobó la Ley de Seguridad Interior. Durante más de once años el Ejército Mexicano se dedica a labores policiacas con saldo de miles de muertes, cientos de violaciones a derechos humanos, de impunidad, incremento en la corrupción.

"Ahora la bancada priista en la Cámara de Diputados como un regalo a la Presidencia de la República encabezada por Enrique Peña Nieto, aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior" informó la Secretaría de Defensa de Derechos Humanos de MORENA.

El Ejército fue usado por el panista Felipe Calderón, pero ahora, Peña Nieto y el PRI pretenden perpetuar esta situación en lugar de hacer un combate frontal a la corrupción y a los privilegios de los cuales ellos son parte. Es claro su desdén por el respeto a los derechos humanos y el marco constitucional que regula nuestra nación.

No es posible olvidar y dejar de lado las violaciones a derechos humanos que cometieron elementos de las fuerzas armadas y la impunidad con que lo hacen. Un ejemplo de ello es la negativa a declarar de militares que estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Al menos dos artículos constitucionales son violados gravemente, el 13 menciona que a ningún civil, bajo ninguna condición, se le podrá extender la jurisdicción militar; y, el 129 donde claramente indica que las funciones de las autoridades militares no pueden ir más allá que las de la disciplina y las guardias permanentes en los cuarteles.

Esta reforma pretende dejar en manos del ejecutivo la decisión de intervenir militarmente en las zonas que considere en conflicto. Provee de facultades de policía al Ejército, así como tareas de prevención a su criterio. No incluye controles para el respeto a los derechos humanos. Faculta a las fuerzas armadas para intervenir en las protestas sociales si consideran que no son pacíficas, no establece cuando una protesta es o no pacífica.

Pero además, apunta, posee protocolos deficientes y sin supervisión para regular la fuerza y violencia con que actuarán los militares. Toda su información se considera reservada, por lo que, además de atentar contra la transparencia, se mantendrá oculta información de interés público en materia de derechos humanos, corrupción y aquella que incomode a las autoridades. Esta ley inhibe el fortalecimiento, la depuración y profesionalización de las policías estatales y municipales.

Pero además, concentra el poder en la federación y viola el municipalismo y la soberanía de las entidades. Las tareas de inteligencia permitirían al ejército violar la privacidad de los civiles.  Las imprecisiones conceptuales favorecen a que cualquier tipo de problema o interés político sea considerado de seguridad nacional.