Avanza investigación contra secretario de Movimientos Sociales del PRD

La Subprocuraduría de Asuntos Electorales de Hidalgo (Subae) avanza en las investigaciones contra el secretario de Movimientos Sociales y del Campo del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, César Lemus Arias, quien junto con su madre Guillermina Arias fue denunciado por obligar a comerciantes de los tianguis de los fraccionamientos Los Tuzos, El Saucillo y Real Toledo, en el municipio de Mineral de la Reforma, a asistir a actividades proselitistas y apoyar a los candidatos del partido del sol azteca.

El líder perredista fue acusado de aprovechar el cargo de representación que tiene en esas plazas, de las cuales es supuesto líder, no sólo para lucrar con los locatarios y cobrarles cuotas de entre 17 y 35 pesos diarios por instalarse, sino también para favorecer al PRD llevándolos a eventos organizados por este instituto político bajo la amenaza de quitarles los espacios.

De acuerdo con la Subae, como parte de las diligencias que se llevan a cabo para fincar responsabilidades a Lemus Arias, ya se corroboró su condición de funcionario partidista, lo cual lo haría creedor a una pena de dos a seis años y multa de 100 a 200 días de salario mínimo.

Esto, debido a que su conducta encuadra en el supuesto que establece el artículo 9, fracción VIII, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que sanciona a quien “durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación”.

En la carpeta SUBAE-2016-001 consta que los tianguistas asistieron bajo presión a dos eventos políticos realizados en Pachuca: uno en las oficinas del PRD, ubicadas en la calle Tierra y Libertad de la colonia Rojo Gómez, y el otro en el hotel Río de las Avenidas

A la vez, la Subae solicitó a la alcaldía de Mineral de la Reforma precisar bajo qué argumentos Lemus se ostenta como líder de los tres tianguis. Es decir, si el cargo le fue conferido por las autoridades municipales o si él se autonombró dirigente de los locatarios, a efecto de proceder conforme a derecho.

En el caso de su madre, Guillermina Arias, por tratarse de un particular la sanción sería de seis meses a tres años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario mínimo, según el artículo 7 de la misma Ley General en Materia de Delitos Electorales.