Lenta reconstrucción, tras sismos de septiembre 2017

A paso lento, bajo un proceso poco transparente en el destino de los recursos económicos donados por la sociedad, empresas, artistas nacionales e internacionales, escándalo de clonación de tarjetas del Fonden y un avance de poco más del 25 por ciento, transita la reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en siete estados del país.

Lo anterior ya comenzó a generar inconformidad entre los miles de damnificados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Ciudad de México, pues a más de cuatro meses de los fatales movimientos telúricos la ayuda fluye “a paso de tortuga”, el burocratismo se hace presente en los trámites para solicitar el apoyo gubernamental, y otros afectados, de plano se sienten olvidados por la autoridad.

Pero el presidente Enrique Peña Nieto encuentra la justificación del retraso de las obras de reconstrucción, que costarán alrededor de 48 mil millones de pesos —1 por ciento del Producto Interno Bruto—, en el reto que significa trasladarse a todos los municipios afectados, entregar la ayuda y mover los equipos, así como la maquinaria pesada junto con personal estatal y federal.

Según el titular del Ejecutivo Federal, de las 170 mil viviendas con daños ya se han reconstruido 26 mil; mientras que en el caso de las tarjetas bancarias para la reedificación de viviendas se entregaron el 95 por ciento de estas, pues “el otro (5%) ha sido, porque en muchos casos o hubo errores en la captura o las familias (que resultaron afectados) ya no están”.

Peña afirmó que el trabajo de las autoridades ha sido eficiente si se toman en cuenta experiencias internacionales como el caso de Chile cuando se registró un fuerte sismo, que les llevó seis años la labor de reconstrucción. En nuestro país, abundó, a más tardar el próximo mes de junio quedarán reconstruidas en su totalidad las casas dañadas.

“Hoy podemos afirmar que, a cinco meses de distancia, de las 170 mil viviendas afectadas, 26 mil prácticamente se han reconstruido ya. Y nos falta todavía mucho por hacer, tramos por andar”, subrayó al hacer un balance de las tareas para levantar de nuevo a decenas de municipios dañados, en especial de Oaxaca y Chiapas.

El 10 por ciento de la población del país, alrededor de 250 mil personas de 400 municipios, resultó afectada por los temblores, además de las 170 mil viviendas dañadas, de ellas 60 mil sufrieron pérdida total, de acuerdo con las cifras del Gobierno federal.

En viviendas, avance superior al 25%

En un corte de caja realizado por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, de las 60 mil viviendas que tuvieron daño total, correspondientes a las siete entidades azotadas por los sismos, hay un avance superior de 25 por ciento, que equivale a 17,317 inmuebles.

Coincidió con su jefe Peña Nieto respecto al tiempo que llevará el proceso de reconstrucción de las casas con pérdida completa, pues “no es de la noche a la mañana. No estamos hablando de días. Es un proceso largo y quiero que quede claro para evitar generar expectativas que después no podamos cumplir".

En el caso de Oaxaca, expuso, hay 26 mil 949 viviendas con daño total por reconstruir; en Chiapas 14 mil 073; en Morelos 6 mil 104; en Guerrero 2 mil 485; en Puebla 5 mil 638; en el Estado de México 2 mil 701, y en la Ciudad de México 2 mil 351, que suman 60 mil 302 inmuebles.

De acuerdo con la más reciente información, en Oaxaca ya hay 7 mil 336 viviendas en proceso de reconstrucción; en Chiapas 5 mil 740; en Morelos 640; en Puebla mil 033, en el Estado de México 1 mil 658; en Guerrero 882 y en la Ciudad de México 28.

En tanto, las que resultaron con daño parcial en las mismas entidades suman 111,688, lo que hace un total de 171 mil 990 viviendas dañadas, explicó la titular de Sedatu, Rosario Robles.

Respecto a la entrega de tarjetas de débito para las casas con daño parcial y total, la ex jefa de Gobierno capitalino refirió que en el caso de Oaxaca hay un avance de 95%; en Chiapas de 90; en el Estado de México de 95; en Guerrero de 81; en Puebla de 92; en Morelos de 88 y en la Ciudad de México de 63 por ciento.

A pesar de la buena voluntad de las autoridades gubernamentales para entregar la totalidad de apoyos económicos a los miles de damnificados, para evitar que el proceso “se contamine” con los procesos electorales de julio próximo, la realidad es que a esta fecha aún hay procesos de ayuda pendientes.

La secretaria de Estado precisó que el total de los recursos estimados para la reconstrucción en materia de vivienda suma 8,875 millones de pesos, de los cuales 7,200 corresponden a daño total y 1,675 a daño parcial.

Entre las fallas más recurrentes reportadas ante la Sedatu en la entrega de tarjetas del Fonden a los afectados, a través de Bansefi, está la reclasificación de daños (de parcial a total), nombres que no aparecen en el padrón y errores de concordancia entre nombres y folios.

Información de la Coordinadora Regional de Damnificados de Oaxaca revela que se presentaron irregularidades en 800 tarjetas que aún no habían sido liberadas y que fueron entregadas a los afectados, o que no tenían fondos depositados para comenzar la reconstrucción de sus hogares.

En Morelos también hay retrasos y problemas con los trabajos de reconstrucción, principalmente por la ola de inseguridad que afecta a algunas zonas del estado, ya que empresas contratadas por el Gobierno federal abandonaron la demolición en Puente de Ixtla.

La compañía Sinergia sufrió el robo de la maquinaria pesada, amenazas y secuestros del crimen organizado, relató David Flores, coordinador de infraestructura de Sedatu. Esto provocó que sólo se demolieran dos de las 100 casas programadas para ese fin.

Mientras que en Jojutla, el municipio con mayores daños, al menos 300 familias reportaron irregularidades en la entrega de las tarjetas del Fondo, por errores de información de beneficiarios y recursos que no corresponden con el estatus de daños.

Reconoce SEP rezago en reconstrucción de escuelas

Donde también se reporta un rezago considerable es en la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos de septiembre pasado en Guerrero y Oaxaca, como lo admitió en fecha reciente el titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Gutiérrez.

En una entrevista con Reforma, el funcionario comentó que de los 28 planteles con daño grave en Oaxaca, que requieren ser reconstruidos en su totalidad, la SEP comenzó a intervenir en 16; en tanto, de los 12 planteles afectados en Guerrero, iniciaron las obras en 5.

Expuso que la dependencia educativa trabaja en la reconstrucción de 156 escuelas de las 209 que deben reconstruirse totalmente para junio de este año, lo cual equivale a 75 por ciento.

Por lo que corresponde a la Ciudad de México, Héctor Gutiérrez indicó que el Inifed está a cargo de la reconstrucción, de manera tal que de las nueve escuelas dañadas de gravedad, en su totalidad ya se realizan los trabajos correspondientes.

En Chiapas, la SEP comenzó a reconstruir tres de los cuatro planteles con daño grave.

Datos de Inifed y la Secretaría de Educación Pública, ya se colocaron 3 mil 613 aulas provisionales, lo cual equivale a 88 por ciento de avance de instalaciones de 4 mil 109 solicitadas al Fonden. De estas se colocaron 1,008 en la Ciudad de México, 340 en Oaxaca y 289 más en Chiapas.

Según el último corte de Inifed, el reporte que tiene la SEP actualmente es que el número de planteles con daños menores subió de 10,700 a 12,009.

La subsecretaría de Educación Básica reportó que dichas escuelas están en proceso de atención con 620 millones de pesos del fondo, de 700 millones de pesos que se habían reservado del programa de la Reforma Educativa para la atención de daños como vidrios rotos, grietas superficiales y pintura.

Paciencia, piden a los capitalinos damnificados

Si algo que comienzan a perder los cientos de damnificados capitalinos es la paciencia, y eso es lo que pide el comisionado del Gobierno de la Ciudad de México para la Reconstrucción, Ricardo Becerra.

“Ningún afectado se ha quedado sin apoyo” desde que surgió la contingencia, aseguró, luego de señalar que se requiere paciencia para enfrentar a lo largo de los próximos cinco años un reto mayúsculo: reconstruir y reparar más de 22,000 inmuebles, y atender las necesidades de más de 110,000 damnificados.

Han pasado casi cinco meses de los trágicos sismos que dejaron 369 víctimas en diferentes estados del país, de las cuales 228 perdieron la vida en la capital mexicana, y las obras no caminan como quisieran los afectados, quienes se conforman con vivir en los albergues o “arrimados” con algún familiar.

La vida de miles de personas cambió por completo tras el temblor de 7.1 porque su situación es igual o más precaria a los días posteriores al 19 de septiembre pasado.

Familias enteras continúan viviendo en albergues, una recuperación lenta de la economía o dictámenes de seguridad que no llegan. Los damnificados son claros en su sentir: “estamos abandonados a nuestra suerte” por unas autoridades que ofrecen otra deuda para reconstruir sus hogares.

En el corte más reciente del jefe de Gobierno de la CdMx, Miguel Ángel Mancera (9 de febrero), aún permanecen abiertos tres albergues en las que se encuentran 30 personas; se iniciaron 34 carpetas de investigación de oficio, y 31 por denuncia, mientras que el DIF realiza la atención de 170 mil 544 personas.

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) informó que Nacional Financiera (Nafin) otorgó 39 créditos para la reconstrucción de viviendas, que significaron un monto de 55 millones 100 mil pesos; hay 61 créditos en trámite (48 millones de pesos), y se concedieron microcréditos y créditos MiPyme por 8 millones 258 mil pesos.

En tanto, la secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) ejecutará 24 demoliciones con los estándares establecidos por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, para garantizar la seguridad de edificios aledaños y las personas cercanas a los inmuebles.

La mayoría de las viviendas en condiciones de demolición se ubican en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan.

Por si fuera poco, el tema de la reconstrucción de la Ciudad de México y los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal superiores a los 8 mil millones de pesos, ya se politizó y judicializó. Los legisladores de Morena acusaron a los perredistas Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo, así como el panista Jorge Romero, de manejar a su antojo ese presupuesto.

Los morenos decidieron acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Presupuesto de Egresos 2018 del Gobierno de la CdMx, relativos al manejo del fondo para la reconstrucción.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, acusó a los diputados de Morena de ignorantes respecto a las leyes presupuestales, y de pretender obstaculizar la reconstrucción de la capital, además de lucrar con la tragedia de miles de damnificados.

Colectivo de damnificados critica apoyo del GCDMX

Si bien el mandatario capitalino se ufana de atender a la población damnificada por los sismos de septiembre, el Colectivo de Damnificados de la Ciudad de México, que agrupa a 100 regiones afectadas, presentó el segundo avance del censo de inmuebles dañados.

Con base en los resultados dados a conocer, de los 3 mil 871 inmuebles que por ahora han registrado, 52 por ciento carece de un dictamen de seguridad estructural emitido por un Director Responsable Obra (DRO) y en 29.7 por ciento de los casos, tampoco cuenta con un dictamen o documento que justifique su demolición.

Olivia Domínguez Prieto, damnificada de la delegación Benito Juárez y una de las organizadoras del proyecto de censo de damnificados, es que ninguno de los inmuebles dañados cuenta con un estudio de seguridad estructural profundo o algún análisis de laboratorio.

“Hay mucha gente que aún está viviendo en riesgo porque no ha obtenido un dictamen estructural. Podemos decir que 80 por ciento de la gente que está contestando este censo no está en sus edificios, pero el resto sí, por lo que están en riesgo”, advirtió.

De los más de 3 mil inmuebles que hasta ahora han contabilizado de manera independiente al conteo oficial del GCDMX, 53 por ciento son edificios y 47 por ciento son casa-habitación; 32.1 por ciento colapsaron total o parcialmente; 8.8 por ciento de los edificios ya está programado para demolición; además que 20 por ciento aún es habitado por sus dueños, pese a los inminentes daños.

Respecto a las características de la población damnificada, los resultados del censo hecho por los vecinos arrojaron que un gran porcentaje pertenece a grupos vulnerables, pues en 73 por ciento de los inmuebles registrados hay adultos mayores, en 50 por ciento madres solteras, en 74 por ciento niños, y en 36 por ciento, personas con discapacidad.

“Estamos organizados por falta de las autoridades. Ellos son los no se han organizado, que no han hecho nada por todas estas personas que estamos fuera de nuestras casas”, criticó Trinidad Godínez, afectada de la colonia Hipódromo.

Del 22 al 26 de enero, la Secretaría de Desarrollo Social capitalina efectúo los estudios socioecónomicos a las personas afectadas por el sismo, lo que arrojó que de 1,700 entrevistas, 71% son mujeres y 29 por ciento hombres; 44 por ciento de los encuestados está casado y 47% cuenta con educación básica. En cuanto a la alimentación, tres cuartas partes de los entrevistados manifiestan que ingieren alimentos tres veces al día o más.

Sobre la ocupación, principalmente son empleados (33 por ciento), trabajadoras y trabajadores independientes o del hogar; en casi 62 por ciento de los hogares afectados sólo una persona aporta los ingresos. También se detectó que más de 71 por ciento de las familias damnificadas habitaban en casas independientes y en cerca de 84 por ciento de los casos la vivienda era propia.

Endeudados hasta el cuello

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República confirmó en un estudio, que el problema de los créditos es que volverá a los damnificados en deudores a pesar de que los requisitos y términos exigidos “son más benévolos a los requeridos por la banca comercial”.

Señala que los créditos del gobierno capitalino no apuntan a un sentido social como el que pregona Mancera. “Son onerosos”, afirma el análisis, ya que la tasa de 9 por ciento no es muy diferente a la del mercado para ese tipo de préstamos (10.35 por ciento en promedio).

El análisis incluye una simulación de un crédito hipotecario bancario por dos millones de pesos a 20 años. La conclusión es que muy poca gente del universo de damnificados en la capital podría tener acceso y costear un crédito así.

El comprador tendría que demostrar un ingreso mensual de 50 mil pesos (una minoría), dar un enganche de 20 por ciento y enfrentar una tasa anual de 11 por ciento, para un costo anual total de 13 por ciento.

Así, dice el IBD, quien decida tomar un crédito de 100,000 pesos de los que ofrece el gobierno de la CDMX pagaría 750 pesos mensuales de intereses y 9 mil anuales. Si se utilizan dos millones, pagaría 15 mil al mes, o 180 mil al año. “Quien necesite más de dos millones de pesos, tendrá que pagar la diferencia como si tratara con cualquier banco comercial”, concluye el Instituto.