Los senadores del PRI, PAN y Partido Verde aclararon que si bien los empresarios no estarán obligados a presentar la 3de3, eso no implicará que los actos de corrupción que cometan los particulares quedarán impunes.
El pleno del Senado eximió al sector empresarial de la obligación a presentar una versión pública de la declaración 3de3, pero mantuvo sin cambio las 33 disposiciones.
Ayer el pleno del Senado se limitó a hacer referencia al proceso legislativo que dio origen al veto presidencial, y a pesar de que la gran mayoría respaldó la inclusión del sector empresarial en la 3de3, ayer nuevamente hubo deslindes.
Pero desde tribuna, los senadores del PRI, PAN y Partido Verde aclararon que si bien los empresarios no estarán obligados a presentar la 3de3, que consiste en hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, para consulta de todos los interesados, eso no implicará que los actos de corrupción que cometan los particulares quedarán impunes.
En efecto, en el paquete de siete leyes en materia anticorrupción, incluida la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el sector privado está incluido, con órdenes para que hagan públicas sus declaraciones de conflictos de intereses y sus vínculos y relaciones de negocios, personales o familiares.
Uno de los artículos, el 44, que quedó en firme, ordena que el sistema específico de la Plataforma Digital Nacional “incluirá la relación de particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos derivado de procedimientos administrativos”.
De igual forma, existe el capítulo De los Actos de Particulares Vinculados en Faltas Administrativas Graves, que tienen castigos de hasta 18 años de cárcel para conductas como soborno a servidores públicos, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa o alterada, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de ex servidores, amén de que la prescripción de estos delitos es de siete años.
Ayer mismo la minuta a la Cámara de Diputados para su ratificación.
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