Lanzan plataforma anticorrupción en servicios públicos

Durante la presentación de la plataforma anticorrupción, sistema que se basa en una metodología efectiva para garantizar total transparencia, el presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes lanzó el proyecto que obliga a funcionarios públicos y empresarios a actuar con total ética en los servicios que ofrecen.

"Por ejemplo, en el servicio de agua potable le se han detectado fallas permanentes que exigen revisar el contrato y valorar su cancelación", señaló Bonilla.

Por tal motivo, manifestó que el compromiso de los que integrarán la Cámara de Diputados poblana será llamar a cuentas a la empresa Concesiones Integrales, que por medio de Agua de Puebla para a Todos, administra el servicio, cobro y sanciones por el uso del agua, pero que "ha tenido muchas quejas en cobros excesivos y en el suministro del servicio".

El dirigente empresarial aseguró que el primer paso será regresar la administración del servicio al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP), porque ya es evidente que la empresa busca generar utilidades millonarias que no abonan, para la calidad en el servicio a favor de los usuarios.

En ese escenario, Bonilla Yunes señaló que se tienen que abrir los contratos que, por disposición del anterior gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle, fueron reservados a más de dos décadas sin abrir:

"El dinero invertido es de los ciudadanos, nosotros pagamos; se deben conocer los contratos", agregó. 

Bonilla Yunes aseguró que el COE se une a las voces que exigen retirar la concesión del agua a esa empresa porque, además, las quejas ciudadanas son crecientes por el mal servicio que presta; y reiteró que se debe comprometer a la próxima legislatura, para que revise de manera minuciosa la concesión y sobre todo que valore la posibilidad de revocarla.

Para finalizar, mencionó que por un retraso no mayor a tres meses en los acuerdos del servicio del agua, la empresa opta por cortar el servicio. Y además, cancelan la toma hasta que los ciudadanos paguen los adeudos, lo que exige revisar la concesión y regresar el agua a los ciudadanos, "como un derecho humano y no como un negocio de pocos", concluyó.