Un reciente informe dado a conocer por el organismo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), integrado por 60 agrupaciones sociales y civiles, reveló que en el primer trimestre del año aumentó de manera considerable el gasto ejercido por el gobierno federal en los programas sociales que maneja como Prospera y Adultos Mayores.
Hasta en 5 mil pesos vale un voto en el Estado de México para las próximas elecciones, mientras que en la Ciudad de México el precio de un sufragio va desde los 200 hasta los 2 mil 500 pesos, aunado a la entrega de despensas con productos básicos, tinacos, material para construcción como cemento, varilla, y tabique; estas prácticas se registran en al menos 25 de las 32 entidades del país.
En estos tiempos de elecciones, los partidos y hasta el propio gobierno "abren la cartera" con tal de comprar voluntades y así ganar los comicios donde estarán en juego tanto la Presidencia de la República como los cargos de gobernadores, diputados federales, senadores, diputados locales y alcaldes, lo cual representa una práctica antidemocrática de coacción del voto.
Un reciente informe dado a conocer por el organismo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), integrado por 60 agrupaciones sociales y civiles, reveló también que en el primer trimestre del año aumentó de manera considerable el gasto ejercido por el gobierno Federal en los programas sociales que maneja como Prospera y Adultos Mayores.
Las suspicacias en torno al ejercicio del Presupuesto Federal son mayúsculas cuando en esta temporada de "cazar" votos se refiere, pues se registró un crecimiento real de mil 480.9 por ciento del Programa Empleo Temporal (PET); el Programa de Coinversión Social de 815.5 por ciento; el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas en 237%, y el Programa de Comedores Comunitarios en 184.3 por ciento, todos en el primer trimestre del año.
Los montos de dinero ejercidos hacia esos programas gubernamentales son exorbitantes, ya que tan solo para el Prospera se movilizaron 19 mil 589 millones de pesos, más de 5 mil millones más que en 2017; en tanto el PET reportó un incremento de 60.7 millones de pesos el año pasado a 959.6 millones para este año electoral.
Denuncias en 25 estados del país
por compra y coacción del sufragio
Alberto Serdán, coordinador de la organización ACFP, informó que hasta el viernes 25 de mayo había 200 reportes ciudadanos provenientes de 25 estados de la República Mexicana, donde se denunció la compra y coacción del sufragio para estos comicios de julio próximo.
El 41% de los reportes corresponde a la entrega de cosas, despensas, principalmente; 36% son acciones de condicionamiento para recibir o dejar de recibir los beneficios de algún programa social, sobre todo Prospera; 18% es por la entrega de dinero en efectivo y un 11% corresponde al reparto de tarjetas electrónicas con depósitos diferidos.
Del total de reportes recibidos en la página de la ONG, 101 se encuentran detallados de la siguiente manera: 58 por ciento son a cambio de entregar la credencial para votar o sacarle fotocopia; 25 por ciento a cambio de votar por un candidato, y 10 por ciento a cambio de acudir a un mitin.
Las acciones denunciadas por la ciudadanía contravienen la Ley General en materia de Delitos Electorales y, para el caso de la fotocopia de la credencial del INE, es una violación a las leyes de protección de datos personales ante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debería actuar e informar a la población de que es un delito acumular datos personales con las fotocopias del INE sin los requisitos de ley.
Alberto Serdán exigió operativos por parte de las autoridades federales que permitan disuadir la compra del voto, reafirmen el carácter libre y secreto del sufragio y garanticen que la pobreza no sea usada como herramienta de manipulación política.
Es muy grave que en un país con más de la mitad de sus habitantes viviendo en pobreza (50.3 por ciento) se use el dinero público de forma ilegal para comprar votos, afirmó el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Edomex, primer lugar
en comprar de votos
Con base al mapa de compra de voto elaborado por ACFP, la entidad mexiquense ocupa el primer lugar en ofrecer desde 250 hasta 5 mil pesos por voto; Tabasco de 500 a 4 mil pesos; Puebla desde 300 a 1,200 pesos; Hidalgo, 500 pesos; Morelos, 150; Ciudad de México de 200 a 2,500 pesos; Oaxaca, 500 pesos; Guanajuato, de 500 a 1,200.
En otras entidades como Jalisco el sufragio tiene un "valor" de 500 a mil pesos; Yucatán, de 500 a 600 pesos; Quintana Roo, 350; mientras que hacia el norte del país, los precios varían desde 3 mil pesos en Sonora; mil pesos en Chihuahua; hasta los 500 pesos que ofertan los partidos políticos en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El mapa establece que en Tlaxcala aún no se tienen reportes de compra de votos, así como Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Durango y Baja California Sur.
En lo que corresponde a la compra de votos con otro tipo de "regalos" o condicionamientos se encuentran Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, Campeche, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Baja California.
Se disparan los apoyos sociales, en
estados que elegirán gobernador
La organización ACFP pone a disposición de la ciudadanía el portal democraciasinpobreza.mx para que pueda presentar sus reportes donde se esté comprando su voluntad con recursos presupuestales destinados a la superación de la pobreza, quién está operando la compra o coacción del voto; qué están repartiendo o entregando a cambio del voto y qué programas sociales están usando ilegalmente.
El titular Alberto Serdán señaló que el esfuerzo ciudadano debe ser atendido por las autoridades responsables de la organización, administración y fiscalización de las elecciones en México.
La compra y la coacción del voto obstruyen la democracia, impiden la construcción de una ciudadanía informada, participativa y responsable, lesiona la dignidad humana de la sociedad; "es inmoral, ilegal y no debe quedar impune", afirmó.
Los programas sociales presentan una gran opacidad y falta de transparencia, ya que sólo en Puebla se identificaron 26, de los cuales 17 no tuvieron padrón de beneficiarios (65.38 por ciento); 22 no reporta cuánto fue su presupuesto aprobado; 23 planes estatales no se ubicaron en su Cuenta Pública local, y 16 no tuvieron Reglas de Operación.
En Morelos se identificaron 53 programas y acciones sociales, de los cuales, 9 no tuvieron padrón de beneficiarios (16.98%); 52 no dieron a conocer cuánto fue su presupuesto aprobado; ningún programa social estatal se ubicó en la Cuenta Pública local, y 46 no tuvieron Reglas de Operación.
Por lo que corresponde al estado de Veracruz, donde se renovará la gubernatura el próximo 1 de julio, se identificaron 31 programas sociales, de los cuales 5 no se ubicaron en su Cuenta Pública local; 5 no reportan el monto del presupuesto aprobado, y ningún programa social estatal tuvo padrón de beneficiarios y Reglas de Operación.
En la Ciudad de México fueron identificados 59 programas sociales, de los que 2 no tuvieron padrón de beneficiarios; 24 no reportaron de cuánto fue su presupuesto aprobado; 3 planes estatales no se ubicaron en su Cuenta Pública local; sin embargo, el total de las acciones sociales sí tuvieron Reglas de Operación.
Manejo discrecional de
los programas sociales
Respecto al Estado de México, Acción Ciudadana frente a la Pobreza identificó 98 programas sociales, de los cuales, 70 no tuvieron padrón de beneficiarios; ningún programa social estatal se identificó en el Presupuesto de Egresos; 88 no se ubicaron en su Cuenta Pública, y 66 no tuvieron Reglas de Operación.
La ACFP presentó recientemente una bitácora del monitoreo de 64 diarios estatales y 7 nacionales donde se recabaron 1 mil 613 notas periodísticas, del 5 de abril al 22 de mayo de este año. Diez estados concentran el 67 por ciento de las menciones de las notas: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo.
En los principales hallazgos al momento sobresalen que en la Ciudad de México, las delegaciones Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo A Madero (las tres gobernadas por el PRD), presentan el mayor número de compra de votos.
En Coyoacán se están utilizando tarjetas electrónicas denominadas Tu Bienestar y A tu lado. Las delegaciones citadas duplicaron los presupuestos destinados a sus programas sociales y de acuerdo con quejas publicadas se está repartiendo dinero en efectivo, tabletas, despensas, vajillas y otros enseres a cambio de la credencial para votar.
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El Programa de Desarrollo Humano Progresa que administra la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno Federal, es mencionado con mayor frecuencia. Las vocales de ese plan son citadas como promotoras del voto. Hay denuncias en la FEPADE por casos de coacción del voto en estados como Hidalgo, donde la ex directora de Prospera, Paula Hernández, es candidata a diputada federal.
En estos tiempos de elecciones, los partidos y hasta el propio gobierno "abren la cartera" con tal de comprar voluntades y así ganar los comicios donde estarán en juego.
En la Ciudad de México fueron identificados 59 programas sociales, de los que 2 no tuvieron padrón de beneficiarios; 24 no reportaron de cuánto fue su presupuesto aprobado; 3 planes estatales no se ubicaron en su Cuenta Pública local; sin embargo, el total de las acciones sociales sí tuvieron Reglas de Operación.
En Morelos se identificaron 53 programas y acciones sociales, de los cuales, 9 no tuvieron padrón de beneficiarios (16.98%); 52 no dieron a conocer cuánto fue su presupuesto aprobado; ningún programa social estatal se ubicó en la Cuenta Pública local, y 46 no tuvieron Reglas de Operación.
Con base al mapa de compra de voto elaborado por ACFP, la entidad mexiquense ocupa el primer lugar en ofrecer desde 250 hasta 5 mil pesos por voto; Tabasco de 500 a 4 mil pesos; Puebla desde 300 a 1,200 pesos; Hidalgo, 500 pesos; Morelos, 150; Ciudad de México de 200 a 2,500 pesos; Oaxaca, 500 pesos; Guanajuato, de 500 a 1,200.
2024-04-26
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