Al pendiente de elección de titular de la Secretaría de la Función Pública: González Murillo

Después de la renuncia, esta mañana, de Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública (SFP), González Murillo señaló que se trata de “un gesto con altura de miras que, efectivamente, facilitará el proceso de nombramiento de quien vaya a sucederlo”, pues será el congreso quien ratifique la designación del nuevo titular.

Por lo que en este sentido, el legislador hidalguense, dijo que estará al pendiente de la suerte que siga el proceso de nombramiento de la persona en quien recaiga la responsabilidad de encabezar una nueva época de la SFP.

La renuncia de Andrade Martínez, se da en vísperas de que el presidente Enrique Peña promulgue el nuevo Sistema Nacional Anticurrupción, el cual ha sido polémico desde su intención, debido a los puntos que debían ser específicos para combatir realmente la corrupción que existe en el país.

Ante ello (la renuncia), el ex titular dijo que “decidí presentar el día de hoy al presidente de México mi renuncia como secretario de la Función Pública a fin de que el Ejecutivo federal cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de contar en el Sistema Nacional Anticorrupción con un secretario de la Función Pública debidamente nombrado y ratificado por el Senado", señaló.

A pesar de lo acontecido con Virgilio Andrade, Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), vio con beneplácito, la promulgación del paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que, para privilegiar la transparencia y el combate a la corrupción, aprobó el Congreso de la Unión.

El diputado apuntó también, que en su bancada el compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción son permanentes y prueba de ello es la iniciativa que presentaron al iniciar la legislatura sobre la eliminación del fuero constitucional a legisladores y servidores públicos.

Finalmente, González Murillo indicó que, sin duda, este marco legal anticorrupción contribuirá a disminuir los índices de corrupción y a transparentar el uso de los recursos públicos.