Se agudizan agresiones contra mujeres indígenas

Los principales agresores de las mujeres son sus esposos, hasta el mes de junio del 2018, se tienen mil 300 casos de agresiones hacia ellas, que cuando llegan a una casa de la mujer se les brinda todo el apoyo psicológico y jurídico, “la violencia no está asociada a la pobreza ni mucho menos a la falta de educación formal”, reveló Alicia Llamas Martínez Garza, directora del Centro de Justicia para las Mujeres. 

 
Reveló que se toman las medidas cautelares, con el uso de los brazaletes electrónicos, que tienen el objetivo que los agresores no puedan acercarse a las víctimas y de esta manera cuidar su integridad, para asegurar que es el propio juez quien determina está acción y lo importante es que el agresor no pueda salir de un área restringida con el objetivo de que no se pueda acercar.
 
Dijo que además de la mejora a los servicios para la atención de víctimas de violencia, también se tienen refugios accesibles para todas las mujeres que sufren alguna agresión, “en Puebla contamos con cuatro casas de la mujer indígena y que están ubicadas en las zonas de Coyomeapan, Cuetzalan e Ixtepec, principalmente en la sierra norte y son dos los casos por el cual se les atiende, el primero es salud sexual y reproductivo y el segundo se trata de violencia contra las mujeres”.
 
Por su parte, Ulises Sandal Ramos, fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, señaló que lo importante es que se respeten los derechos humanos de las comunidades indígenas, porque desde su perspectiva, la Fiscalía General del Estado de Puebla se preocupa por lograr la armonización entre los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.
 
Aseguró que son muy pocos traductores para los 600 mil indígenas que hay en el Estado de Puebla, por eso, buscan la colaboración para fortalecer y tener el mayor número de intérpretes y de esta manera apoyar a quien no domina el idioma castellano.
 
Por último aseguró la tortura es investigada por la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del estado de Puebla, que coadyuva con lo necesario desde el área jurídica, porque es necesario que se apoye a las víctimas que les fueron violadas sus garantías individuales, principalmente a la gente de escasos recursos y que en muchos de los casos no puede defenderse.