En marzo de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017 donde, entre más de 100 puntos, solicitó a las autoridades que conformaran un grupo interinstitucional para elaborar un Plan Integral de Saneamiento que incluyera a las organizaciones de la sociedad civil que así lo solicitaran.
En este mes de octubre de 2018 se cumple un año del vencimiento del plazo que la CNDH le otorgó a las instituciones recomendadas: Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala.
Además a los gobiernos municipales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo de Puebla y Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros de Tlaxcala; para crear ese grupo interinstitucional.
De cuyos acuerdos surgiría un convenio de colaboración interinstitucional, lo cual, hasta la fecha, no sólo no ha ocurrido, sino que, además tampoco se ha elaborado ningún Plan Integral de Saneamiento de la cuenca, con la participación de la sociedad civil.
De hecho, las acciones que ya se están realizando en la cuenca para simular atender las recomendaciones de la CNDH, se están haciendo de forma aislada, unilateral y sin consenso interinstitucional ni social.
Lo anterior fue denunciado en conferencia de prensa este domingo por Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés; Mtro. Octavio Rosas Landa, coordinador del Programa de Procesos Organizativos Comunitarios Socio-Ambientales del Centro Fray Julián Garcés y catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM; Alejandra Ramírez Varela, representante de la Coordinadora por un Atoyac con Vida; Miriam Juárez Jerónimo y representante de la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos.
Exposición de motivos
Los ambientalistas expusieron que tal como lo denunciaron en el 2º Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac-Zahuapan, realizado en Ixtacuixtla, el pasado 25 de agosto, lo anterior supone la imposición de una nueva simulación de saneamiento que se está llevando a cabo a partir de la toma aislada de decisiones sobre el saneamiento de los ríos.
Situación que se agrava con la redacción de un proyecto de convenio de colaboración interinstitucional perpetrado por la Conagua y que, de ninguna manera, atiende realmente las recomendaciones de la CNDH, porque se hizo a espaldas del resto de las autoridades recomendadas, a las cuales sólo les fue remitido el proyecto de convenio para su firma.
Peor aún, la Conagua sí consultó a la Coparmex y al Consejo Coordinador Empresarial sobre el contenido del convenio, pero no a las organizaciones que elaboraron una propuesta comunitaria de saneamiento, que oportunamente enviaron, para que se incluyera en las deliberaciones del plan oficial.
Esta nueva presunta simulación supone nuevas y aún más graves violaciones a nuestros derechos humanos, pero en esta ocasión, ante la falta de voluntad de la CNDH para hacer comparecer o denunciar a las autoridades recomendadas por el incumplimiento a la Recomendación 10/2017.
Destaca su incapacidad para organizarse, institucionalmente, para iniciar la reparación de un daño social y ambiental que es ya catastrófico, en un contexto en que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en su último reporte publicado el 6 de octubre de este año.
Ahí afirma que “para limitar el calentamiento global se necesitarían, por un lado, cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad y por otro, la adopción de decisiones dirigidas a afrontar el cambio climático teniendo en cuenta el contexto local y las necesidades de las personas”.
Fue hasta abril de 2018 que la dirección de la Conagua en Tlaxcala, notificó para firmar ese convenio de colaboración institucional y del cual no nos habían informado de su contenido.
Ante nuestra negativa a firmarlo, nos fue enviado el convenio en mayo, conminándonos a notificar la intención de firmarlo sin abrir la posibilidad a opinar o modificar su contenido.
Cabe mencionar que este proyecto, que las autoridades tardaron más de un año en redactar, consiste en un documento de 16 páginas, de las cuales, sólo cuatro páginas y media constituyen la parte sustantiva de una versión no definitiva del convenio pues, es de nuestro conocimiento y de la CNDH, que la Profepa propuso una cláusula según la cual las autoridades se autoeximen de cualquier responsabilidad si incumplen el convenio.
A todas luces, este convenio sería incapaz de sanear la tercera cuenca más contaminada del país y produciría una catástrofe social que rebasaría, por mucho, la situación de injusticia reconocida en la Recomendación 10/2017 de la CNDH.
Casi un año de dilación
La dilación de la CNDH, de casi un año y medio para denunciar la simulación que están realizando las autoridades y su falta de pronunciamiento frente a estas nuevas agresiones, es una prueba fehaciente de la debilidad estructural del sistema nacional de protección y garantía de los derechos humanos en México, cuando miles de familias de Puebla y Tlaxcala han sido afectadas porque sus hijas e hijos, cónyuges, padres y madres, hermanas y hermanos sucumben diariamente ante el “progreso” que presuntamente significan cada una de las más de 20 mil 400 empresas industriales y autoridades municipales, estatales y federales que diariamente vierten más de 778 toneladas de contaminantes orgánicos, químicos, tóxicos y peligrosos (según lo consigna la Declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac, Xochiac o Hueyapan y sus afluentes.
Fue, emitida por la Conagua en 2011 y publicada en el Diario Oficial de la Federación), con los que los pobladores de las comunidades no pueden hacer otra cosa que enfermarse y morirse de cáncer, insuficiencia renal y otras enfermedades y afecciones similares.
Por ejemplo, se manifiestan en 906 abortos espontáneos, tan sólo, entre 2002 y 2016, lo cual coloca a varias localidades de la cuenca dentro del 0.02 por ciento peor de todo el país; o en el hecho de que Tlaxcala ocupa el primer lugar del país en incidencia de insuficiencia renal.
Así como en las 25 mil 737 muertes de cáncer ocurridas en la cuenca entre 2002 y 2016, esto es, una persona cada cinco horas, en las localidades ubicadas dentro de la cuenca Atoyac-Zahuapan reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esta grave crisis de derechos humanos y la incapacidad institucional para denunciarla impone injustamente a los afectados ambientales la carga de seguir resistiendo una situación insostenible: la catástrofe ambiental y social que supone la devastación ambiental y de salud de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
Devastación ambiental
Entre 2011 y 2014 el Centro Fray Julián y la Coordinadora por un Atoyac con Vida presentamos el caso de la contaminación de nuestra cuenca y sus impactos en la salud en la Audiencia Temática sobre Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos del Capítulo México del prestigiado Tribunal Permanente de los Pueblos (legado del pionero Tribunal Russell).
De cuya sentencia se desprende que, “inutilizar el agua supone una violación al derecho a la vida, pero además una herida profunda en la memoria histórica de los pueblos.
El nuevo diseño de uso de los suelos ha ignorado las áreas protegidas, los territorios indígenas, las zonas de producción de alimentos y los sitios de importancia histórica y cultural para imponer usos intensivos y extractivos en beneficio de los mercados externos”.
La emisión de la Recomendación 10/2017 de la CNDH significa para esta lucha por los derechos humanos un triunfo y un paso hacia adelante en la consecución de la justicia ambiental y el inicio de la reparación del daño que se le debe a las personas que viven y transitan por la cuenca Atoyac-Zahuapan.
Sin embargo, la respuesta institucional, tanto de las autoridades recomendadas, como de la propia CNDH, suponen una profundización de las violaciones a nuestros derechos: al acceso a la información, a la participación, a la autodeterminación, al agua, al saneamiento, a la salud, a un medio ambiente sano, entre otros.
Si la sola catástrofe ambiental de la región supone una crisis en materia de derechos humanos, la simulación que pretenden imponer nuevamente las autoridades para dar respuesta a la Recomendación 10/2017 supondría un crimen de lesa humanidad, debido a que, en esta ocasión, las consecuencias de la simulación de Estado, que realizan las autoridades, son plenamente conocidas y han sido documentadas incluso por las autoridades responsables.
Es por esta razón que, por segunda ocasión, presentaremos el caso de la destrucción de nuestra cuenca en la audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, que se celebrará en Guadalajara, Jalisco, del 22 al 26 de octubre próximos.
El caso fue juzgado por el TLA en 2006 con una sentencia favorable para las comunidades y que fue ignorada por las autoridades del gobierno mexicano.
En esta ocasión acudiremos a denunciar que, 13 años después de la sentencia del Tribunal, la situación de afectación al ambiente, la salud y la violación de los derechos se ha agravado. Acudir al TLA es para nosotras una oportunidad para sumar esfuerzos y obtener ayuda de instancias que nos permitan elevar la denuncia a escala internacional y así, abonar para resolver este conflicto ambientaly que se dejen de violentar los derechos fundamentales de las personas y las comunidades que habitamos en la cuenca.
Peticiones al Tribunal Latinoamericano del Agua
- 1) Que se pronuncie públicamente sobre la violación de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a su saneamiento adecuado, a la salud, a la alimentación, a la información, a la verdad, a la justicia y otros más, reconocidos en la legislación mexicana y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.
- 2) Que se pronuncie ante el incumplimiento de las autoridades del Estado mexicano al no exigir el respeto y acatamiento de las leyes, normas y reglamentos en materia de protección ambiental, así como de los derechos de las comunidades afectadas a participar en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas.
- 3) Que se pronuncie respecto a si esta nueva simulación del Estado mexicano podría ser constitutiva de crímenes de lesa humanidad contra la población de la cuenca Atoyac-Zahuapan conforme a derecho.
- 4) Que se pronuncie sobre si el Proyecto de Convenio de Coordinación Interinstitucional y Colaboración Técnica para el Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac elaborado por Conagua, sin intervención del resto de las autoridades señaladas en la Recomendación 10/2017 de la CNDH, es o no un instrumento efectivo para el saneamiento de la cuenca.
- 5) Que solicite formalmente a las autoridades electas, que entrarán en funciones en diciembre de 2018, otorguen atención prioritaria, efectiva y real a la crisis de la cuenca Atoyac-Zahuapan. Solicitamos también que reconozca nuestra Propuesta comunitaria de saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades como un aporte hacia la solución de la crisis ambiental y social de la cuenca.
- 6) Que el Tribunal reconozca la necesidad de que, en México, se modifique el régimen de administración y manejo de las aguas nacionales, que incluya no sólo una Ley de Aguas basada en la necesidad del ejercicio del derecho humano al agua y de preservación de las cuencas como unidad socio territorial elemental y no en su uso mercantil privado.
- 7) Que el Tribunal se pronuncie también por la necesidad de que la CNDH promueva, ante el Poder Legislativo, una reforma del sistema nacional de protección de los derechos humanos, para hacer efectiva su salvaguarda, para que sus recomendaciones sean de cumplimiento obligatorio y sancionable su incumplimiento.
- 8) Que el Tribunal Latinoamericano del Agua condene enérgicamente la reincidencia criminal que la mayoría de las más de 20 mil 400 empresas industriales asentadas en la cuenca por verter, sin tratamiento alguno, sus aguas residuales en los cauces de los ríos y afluentes de la cuenca o en los drenajes municipales.
Pedimos al Tribunal que solicite al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, realice una visita especial a la cuenca, para verificar la actuación impune de la industria privada en la cuenca y solicite también al Relator Especial de la ONU sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la ONU, el Sr. Baskut Tuncat, visite la cuenca Atoyac-Zahuapan en la visita que tiene prevista a México en 2019. 9).
Que el Tribunal nos ayude a promover la atención de este caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que, la justicia mexicana es, hasta hoy, incapaz de garantizar nuestro acceso a la justicia pronta, imparcial y efectiva.
La audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua será transmitida en vivo a través de la página de Facebook del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
El caso de la cuenca Atoyac-Zahuapan, será presentado ante el jurado, el miércoles 24 de octubre, a las 12:00 horas y el veredicto del jurado será presentado a la opinión pública el viernes 26 de octubre.
El documento es autoría de la Coordinadora por un Atoyac con Vida Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
2024-04-20
