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Anuncia SFP nueva ética en el servicio público para combatir corrupción

Sergio Ramírez 2018-12-14 - 16:41:35

Irma Eréndira Sandoval asegura que durante muchos años se simuló el combate a este flagelo; no habrá persecución al anterior gobierno.

En el relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública "proponemos instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público", con un equilibrio de poderes y organizacional en la Administración Pública Federal para erradicar la corrupción de la vida pública nacional, combatir la impunidad y recuperar los recursos económicos desviados.

Así lo afirmó la nueva titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, al advertir que su proyecto contempla castigar la corrupción, eliminar la ineficacia, ciudadanizar el combate a la malversación de fondos, proteger la denuncia ciudadana, generar ahorros que se traduzcan en bienestar de la población y lograr el restablecimiento de la confianza ciudadana en el gobierno.

Señaló que el tema central en la nueva administración es que no habrá una política persecutoria, ni denostadora, pero en los casos emblemáticos de corrupción se va a emplear la política del derecho administrativo sancionador. Es decir, se van a aplicar las sanciones correspondientes, una vez que se hayan cumplimentado las investigaciones en curso.

Agregó que actualmente tienen abiertos cuatro expedientes vinculados al asunto Odebrecht en diferentes juzgados, en materia administrativa de la Ciudad de México. Están en análisis y revisión desde la nueva Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría a su cargo.

Reiteró que las diligencias están en curso y son de conformidad con la instrucción del Presidente de aplicar con toda claridad el derecho administrativo sancionador con la responsabilidad que merece el procedimiento.  

La secretaria expuso su plan de trabajo ante las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, donde destacó la idea de auspiciar la honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia.

Aseguró que “fueron muchos años de simulación” en el combate a este problema, con “reformas incompletas que excluían a la sociedad de los procesos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas”.

Detalló que en 2018 se recibieron y atendieron 73 mil 709 quejas y denuncias sobre responsabilidades de servidores públicos. De ellas, 52 mil se encuentran en investigación y 21 mil concluidas. De esta última cifra, 14 mil 500 están archivadas, seis mil se turnaron nada más al área de responsabilidades para el proceso administrativo sancionador.

La encargada de la Función Pública agregó que fueron denunciados 99 mil servidores públicos de diversos niveles de responsabilidad.

En este año, la dependencia conoció más de 11 mil 864 expedientes que involucran a 13 mil funcionarios, “es decir que muy probablemente los servidores públicos tienen responsabilidades dobles y en algunos casos triples”.

El presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Clemente Castañeda Hoeflich, aseguró que para el gobierno entrante el combate a la corrupción debe dejar de ser un discurso de campaña y convertirse en una verdadera política de Estado cuyo principal objetivo sea acabar con la impunidad.

Subrayó que la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía General de la República no deben ser instancias al servicio del Presidente en turno.  “No pueden ser utilizadas para simular investigaciones o para que siga imperando un clima de inseguridad, simulación o impunidad”.

Para Imelda Castro Castro, senadora de Morena, es necesario recuperar los órganos de control en todos los niveles, porque no han funcionado. Se han usado “para el chantaje y la criminalización de servidores públicos”.

Consideró indispensable fortalecer la contraloría sobre los programas sociales -a fin de verificar la entrega adecuada de apoyos- así como impulsar las auditorías de desempeño para que la fiscalización sea certera y eficiente.

Por el grupo parlamentario del PAN, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz expresó que “lo que pudrió a este país es la corrupción”. Los gobiernos han tenido la intención de combatirla, pero el tema es cómo se logra.

A nombre del PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel consideró fundamental que el tema de la honestidad, la ética pública y la moral no sean instrumento de persecución política, de revanchas o saturación en la opinión pública porque “nos vamos a atrapar en un discurso muy pantanoso”.

Es importante, dijo, no "satanizar" a otras fuerzas políticas y no “distribuir lodo”, pues lo único que se estaría haciendo es oscurecer la perspectiva y el horizonte. En caso que detecten irregularidades se debe aplicar todo el rigor de la ley.