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Guardia Nacional no resolverá inseguridad: CNDH, ONU y académicos

Redacción 2019-01-10 - 19:01:10

Piden que el mando del cuerpo de seguridad esté bajo el régimen civil y no de la Secretaría de la Defensa Nacional

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Guardia Nacional representaría una respuesta parcial y sesgada a la violencia e inseguridad, pues las enfrentaría con visión coyuntural y de corto plazo.

Aseguró que no se garantiza, ni contribuye de modo alguno a terminar con la impunidad; por el contrario, debilitaría la institucionalización civil y democrática, a la vez que generaría riesgos de vulneración a los derechos de las personas.

Al participar en las Audiencias Públicas en la materia, en la mesa “Derechos Humanos y Guardia Nacional”, indicó que ese órgano contraviene a sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales de derechos humanos, lo cual generaría alejamiento y ruptura con los organismos de protección y defensa de las garantías individuales.

Propuso que el Estado mexicano solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el Régimen Iberoamericano de Derechos Humanos.

González Pérez refirió que de 2013 a la fecha, son 137 denuncias penales que se han interpuesto por violaciones a derechos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De éstas se encuentran en proceso 20; sentencias condenatorias, seis; absolutorias, cinco, y las demás en proceso. En tanto, la Secretaría de Marina tiene 64 denuncias en proceso; una sentencia condenatoria y dos absolutorias.

Mientras que las responsabilidades administrativas de 2013 a la fecha, suspensión de empleo o cargo de 30 días, dos; amonestación privada, cuatro, esto en la Marina. Por su parte, a la Defensa Nacional, inhabilitación de un año, dos; destitución e inhabilitación de 10 a 15 años, tres, y amonestación pública, cuatro, “todo esto evidencia parte de la problemática”, expresó el titular de la CNDH.

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, invitó a los legisladores a que las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional se realicen de manera pausada, reflexiva y apegada a los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano.

Indicó que preocupan cuatro puntos principalmente: primero, que el dictamen no brinda garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en el pasado. En segundo lugar, la fusión de Policía Federal con las fuerzas castrenses debilitaría la posibilidad de robustecer a las corporaciones civiles.

También, el impacto sobre la investigación del delito y el sistema de justicia penal, que llegaría a tener la reforma y, finalmente, la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad, en función de que desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad la violencia en el país se ha disparado.

Afirmó que el documento que crea el nuevo órgano de seguridad no responde a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Plantea la participación de las fuerzas armadas, pero no de forma extraordinaria y hace permanente lo que tiene que ser temporal; además, su actividad se propone de manera preponderante y no complementaria”.

Destacó la necesidad de establecer un mando directo civil para la guardia y quitar la facultad de investigación a los militares. “El documento, como está, abre la posibilidad de detener a una persona en instalaciones castrenses”.

Se desconoce el carácter excepcional, restringido y extraordinario de la jurisdicción militar, pues circunscribe a la competencia de las autoridades civiles para investigar y sancionar los delitos cometidos por integrantes de la guardia. Agregó que tampoco se contempla facultad del Congreso para legislar con alcance nacional sobre el nuevo organismo.