Guardia Nacional debe garantizar respeto a DDHH: Nancy de la Sierra

La senadora del Partido del Trabajo (PT), Nancy de la Sierra, propuso diversas modificaciones a la Constitución para garantizar el respeto de los derechos humanos y la temporalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública dentro de la Guardia Nacional.

En la reunión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado donde se discutió la minuta enviada por la Cámara de Diputados en materia de Guardia Nacional, planteó modificar el artículo 13 de la Carta Magna.

De esa manera, explicó, los delitos cometidos por elementos de la citada guardia serán conocidos por la autoridad civil competente; en tanto que las faltas contra la disciplina militar sean atendidas por las autoridades y tribunales castrenses.

“Además, agregaríamos que no podrán ser juzgados aquellos elementos de la guardia nacional que desobedezcan las ordenes de su superior jerárquico si estas vulneran los derechos humanos”, indicó la legisladora por el estado de Puebla.

Respecto a la temporalidad de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, De la Sierra Arámburo presentó una propuesta para incluir un quinto artículo transitorio para establecer un plazo máximo de cinco años, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades y su implementación territorial.

Una vez transcurrido dicho lapso, únicamente los elementos pertenecientes a la Guardia Nacional podrán realizar labores de seguridad pública, precisó en su planteamiento.

La senadora petista alertó la necesidad de reformar el artículo transitorio segundo de la minuta para evitar que la Guardia Nacional inicie sus operaciones sin una ley orgánica, para lo cual propuso que esta asuma las funciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, hasta que se expida la norma respectiva.

Finalmente, Nancy de la Sierra advirtió que al estar desplegados elementos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es evidente que se requiere un Reglamento del Uso Legítimo de la Fuerza, por lo que propuso que el Congreso de la Unión expida este reglamento en un plazo de 60 días y no en 120 como fue establecido en la Cámara de Diputados.