Organizaciones denuncian a Granjas Carroll México por despojo de tierras en Puebla

Un grupo der organizaciones sociales defensoras del agua, del territorio y de núcleos ejidales, denunciaron a la empresa Granjas Carroll México y al gobierno del estado de Puebla, por pretender despojarlos de tierras ejidales y del territorio con el apoyo de la Procuraduría Agraria y la fuerza pública

Al respecto Oswaldo Villegas, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala indicó: “son 150 hectáreas de Cuyuaco, Oriental y Ocotepec, para instalar 3 granjas porcícolas y un rastro, violando la Ley Agraria”.

Expuso que busca expulsar del territorio poblano a las empresas que han explotado las tierras y que además han desplazado comunidades y puesto en riesgo los recursos naturales de la región, ahora usados por esas empresas y no por la población: “violaron nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, porque se están acabando el agua”.

Añadió que desde la Procuraduría Agraria amenazan y manipulan a los ejidatarios para vender sus parcelas, por eso exigen la cancelación inmediata las concesiones del agua y del territorio que entregaron Enrique Peña Nieto y Rafael Moreno Valle, porque es la principal causa que permite la instalación de mega proyectos sin consultarlos.

Villegas destacó que la población rural ya no debe depender de los intermediarios: “el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe invertir en las comunidades agrarias”.

Exhortó a la empresa Granjas Carroll a salir del territorio, porque de no hacerlo perderán sus inversiones por haber comprado de manera ilegal, sin acta de asamblea de dominio pleno y enajenación.

Dijo que si derivado de la defensa del agua y del territorio, se presenta algún enfrentamiento responsabilizan al estado mexicano, por hacer caso omiso para resolver las demandas.

Hay dos formas, explicó, en que la empresa pudo haber adquirido los terrenos; uno por Notario Público, lo que resulta totalmente ilegal por ser núcleos ejidales que se rigen bajo la ley agraria, pero también porque los contratos de enajenación y de dominio pleno, no se hicieron de manera adecuada.