Inician en el Senado las audiencias públicas sobre discusión de la minuta enviada por diputados para crear el cuerpo de seguridad
Expertos y académicos se pronunciaron por modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados sobre la creación de la Guardia Nacional, ya que se asemeja al modelo venezolano, está encaminada a militarizar la seguridad del país, e incluso podría echarse abajo por tribunales internacionales debido a su naturaleza y mando castrense.
Al iniciar las audiencias públicas sobre la discusión del nuevo cuerpo de seguridad, Álvaro Vizcaíno, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), advirtió que la Guardia mexicana tiene similitud con la que opera en Venezuela.
“La propuesta que hoy hace el gobierno de México, se asemeja al modelo venezolano (…) El 72 por ciento de las guardias o las gendarmerías militares se ubican bajo gobiernos que tienen un sistema dictatorial; en cambio, de los 22 países que tienen gendarmerías o guardias civiles, 20, el 91 por ciento, operan en democracias, y solo dos en dictaduras.
“En conclusión, 3 de cada 4 gendarmerías militares se encuentran en dictaduras, mientras que 9 de cada 10 gendarmerías o guardias civiles se encuentran en democracias”, afirmó Vizcaíno.
En su ponencia, Sergio López Ayllón, profesor investigador del CIDE, advirtió que en sus términos la propuesta de Guardia nacional es un híbrido riesgoso, ya que en los hechos será conformada, adiestrada y estará bajo el mando militar, por lo cual sería fácilmente impugnable ante tribunales nacionales e internacionales porque violenta los convenios firmados por México.
“El asunto podría llegar eventualmente a la Corte y es altamente probable que ese tribunal internacional declarará la inconvencionalidad del mando militar de la Guardia Nacional. Podemos afirmar lo anterior porque, aunque la Corte reconoce la facultad de los Estados para realizar acciones tendientes al mantenimiento de la seguridad, también se ha pronunciado enfáticamente sobre los riesgos que implica el uso de militares en tareas de seguridad pública”.
Además, este cuerpo de seguridad no es la solución al problema de inseguridad y violencia que vive el país, apuntó.
Santiago Corcuera, ex relator de la ONU en materia de derechos humanos, se pronunció porque si se pretende restituir el artículo cuarto transitorio, se establezca con claridad cuánto tiempo permanecerán las Fuerzas Armadas subsidiando tareas de seguridad pública.
“Un artículo transitorio tiene que tener acotaciones clarísimas en cuanto a su transitoriedad. No una transitoriedad indefinida que produce indefinición, inseguridad jurídica y que la población por lo tanto no sabría a qué atenerse”.
Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, reiteró su petición de quitar todo componente castrense a la Guardia Nacional y limitar la temporalidad de la actuación del Ejército en tareas de apoyo a la seguridad pública.
“Lo normal en un Estado democrático de derecho es enfrentar la delincuencia a través del fortalecimiento de corporaciones civiles, con la profesionalización de las policías estatales y municipales (…) Estados con mayor presencia militar como Guerrero y Tamaulipas siguen siendo los más violentos”, aseguró Jarab.
Julio Sabines, maestro en Seguridad Nacional, defendió a la Guardia Nacional y descartó que su implementación vaya a militarizar al país.
“Quieren sugerir militarización, algunos. Pero, me pregunto cuántos miembros del gabinete son militares. Hoy, en Brasil dos terceras partes del gabinete, son militares en activo. Aquí, en México no lo veo así, el mando de la Guardia será civil, la Fiscalía es civil, el Poder Judicial es civil, ustedes legisladores son civiles, los gobiernos estatales son civiles, el país no está militarizándose”.
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