CCE pide solución justa ante el conflicto magisterial

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se pronunció por una solución justa, legal y sustentable del conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pero advirtió que “si se cede o se dan concesiones ante acciones de extorsión, no hay garantía de que la CNTE u otros grupos no vuelvan a provocar el caos en un año o mañana mismo”.

En su mensaje semanal, el presidente del organismo Juan Pablo Castañón dijo que aunque la conciliación es indispensable, no habrá una solución contundente, perdurable y justa si se acompaña de la infracción de la ley y si se tolera que se violenten los derechos de los terceros.

Recordó que el gobierno federal tiene la facultad constitucional del uso del monopolio de la fuerza para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y su seguridad física y patrimonial, la cual se debe ejercer con eficacia, profesionalismo y pleno respeto de los derechos humanos.

“De hecho, la experiencia de este conflicto debería dar pie a precisiones a nivel legal para salvaguardar los derechos básicos como el de libre tránsito. Es necesaria una regulación adecuada para las marchas y movilizaciones, para que no se afecten otras garantías cívicas de las personas”, consideró el empresario.

Dijo que el sector empresarial diseñó un mecanismo para monitorear las afectaciones provocadas por bloqueos, vandalismo, etc., para solicitar protección y apoyo de las autoridades de manera oportuna, además de contar con una radiografía precisa de la evolución del conflicto.

Aclaró que de parte de los empresarios no existe un llamado a incumplir con las obligaciones tributarias, pero explicó que éstas serán un reflejo de la realidad de cada empresa, y quien debido a la situación vivida gane cero, o tenga pérdidas, no tendrá más opción que declarar en pérdidas y cero impuestos.

Castañón destacó que se puede encontrar respuestas adecuadas para mejorar la implementación de la reforma educativa, pero aseguró que ni la CNTE ni el gobierno federal tienen facultades para echar abajo disposiciones constitucionales, modificar leyes o aplicarlas a discreción, en función de una negociación.

También consideró que deben fijarse plazos para resolver el conflicto y pidió que haya transparencia en el proceso del diálogo, para que la sociedad conozca lo que se negocia y lo que se conviene.

“No podemos llegar al próximo 22 de agosto, fecha del regreso a las aulas, sin resolver en lo sustancial el conflicto. Sería inaceptable que millones de niños y jóvenes sigan perdiendo clases y poniendo en jaque su propio futuro.”