La Tercera Comisión aprobó un dictamen para solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las investigaciones que han realizado sobre los mexicanos involucrados en el caso conocido como “Panamá Papers”.
Senadores y diputados integrantes de la Tercera Comisión, presidida por la senadora Mariana Gómez del Campo, coincidieron en que es responsabilidad del gobierno mexicano, por medio del SAT y la PGR, investigar a los connacionales implicados en el “Panamá Papers”.
En el punto de acuerdo se explica que el 2 de abril pasado, documentos del estudio del abogado panameño Mossack Fonseca, un importante generador de sociedades offshore a nivel mundial, fueron difundidos mundialmente bajo el nombre de “Panamá Papers”.
Explica que esos documentos implican a decenas de políticos de alto rango, deportistas y personalidades mundiales, entre ellos a varios mexicanos.
Asimismo, señala que algunos de los medios que difundieron esta información indicaron que usar estructuras offshore es completamente legal y hay muchas razones legítimas para hacerlo, especialmente en países con muchas restricciones cambiarias.
No obstante, varios de los involucrados están implicados en actividades ilegales, que pueden ir desde tener activos sin declarar o lavado de dinero.
Este tipo de organizaciones, añade el acuerdo, pueden servir de pantalla para hacer transferencias de dinero, abrir cuentas bancarias en el exterior y hacer operaciones sin pagar impuestos.
Indicó que según la información filtrada, hay al menos 65 compañías mexicanas y 47 beneficiarios relacionados con el caso. En tanto, las autoridades han realizado las investigaciones pertinentes para indagar a las personas y empresas de origen mexicano involucradas.
Por otra parte, los legisladores respaldaron un dictamen para que la Comisión Permanente solicite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que realice exámenes de control de confianza al personal que labora en los verificentros de la Megalópolis, a fin de eliminar la corrupción que impera en este tipo de establecimientos.
Los legisladores consideraron que la Profepa debe implementar un programa de control de confianza para el personal de verificación, además de crear un padrón de personas que puedan ser contratadas por los concesionarios que prestan ese servicio.
También se aprobó un dictamen, a efecto de solicitar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), que expliquen los motivos por los que se incrementó en 355.6 por ciento los reclamos a esta última institución.
Finalizó que deberán detallar qué porcentaje de las quejas son relativas a la entrega de apoyos de los programas federales, así como cuáles son las medidas que implementan a favor de los usuarios de la banca de desarrollo y para reparar las deficiencias de Bansefi respecto al manejo de las cuentas de los usuarios.
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