El presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés exigió al gobierno federal aplicar la ley, con pleno apego a los derechos humanos.
Los chantajes y amenazas de la disidencia magisterial constituyen una “prueba de fuego” para las Secretarías de Educación Pública y Gobernación, para garantizar el inicio del ciclo escolar sin contratiempos para 25.7 millones de alumnos de nivel básico en la república mexicana.
El presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés exigió al gobierno federal aplicar la ley, con pleno apego a los derechos humanos, al tiempo que condenó el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de “cazar” a los profesores que regresen a clases este lunes en Oaxaca, aunque también hay amagos en Michoacán, Chiapas y Guerrero.
Reprobó que los mentores que se oponen a la reforma educativa recurran a los bloqueos carreteros, marchas constantes en diversas ciudades del país, destrozo de oficinas y vejen a compañeros de profesión que no avalan sus métodos de lucha.
Recordó que nada justifica la violencia. El camino para alcanzar acuerdos y expresar inconformidades debe ser siempre el del diálogo, sin afectar a terceros, refirió al recordar episodios lamentables como el de seis profesores que fueron humillados en Chiapas por no secundar el paro de labores.
De acuerdo con datos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en dicha entidad hay 13 mil 500 escuelas y más de un millón 300 mil niños, que se quedarían sin clases si el gobierno federal no es capaz de aplicar la ley y garantizar el derecho a la educación.
Insistió en que los niños y jóvenes merecen una educación de calidad que les permita aspirar a un futuro mejor, por lo que el gobierno federal está obligado a garantizarles ese derecho.
Se deben combatir los delitos cometidos por simpatizantes de la CNTE y recordó que “por decidir cumplir con su vocación, en la recta final del pasado ciclo escolar fueron retenidos seis profesores. Se les obligó a caminar descalzos, se les amarró y se les rapó.
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