Menosprecia el gobierno poblano prevención de desastres naturales

Con más de 350 muertos como consecuencia de eventos climáticos registrados en los últimos 17 años, Puebla no debería ser sorprendida por desastres naturales, especialmente los relacionados con lluvias, debería estar prevenida, como sucede en la Ciudad de México, donde sus habitantes sabe qué hacer en caso de sismo, luego de lo sucedido en 1985.

Sin embargo, desde el gobierno estatal, la apuesta no está hecha a favor de la prevención, sino de la reconstrucción, lo que se traduce en haber recibido este sexenio más de mil 500 millones de pesos del Fondo Nacional de Prevención de Desastres (Fonden) y de Apoyos Parciales Inmediatos (APIN).

Con esta visión, la administración que  encabeza Rafael Moreno Valle  ha invertido más de mil 200 millones de pesos (91.4 millones de dólares) en seguros contra desastres naturales en el mismo periodo, lo que le permitirá ejercer una póliza de entre 540 y mil 80 millones (30 a 60 mdd), para esta contingencia.

Lo anterior ha levantado suspicacias entre diputados de oposición, a tal grado que las legisladoras perredista y pevemista, Socorro Quezada Tiempo y Geraldine González Cervantes, respectivamente, propusieron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que la Comisión de Protección Civil del Congreso local explique el funcionamiento de este seguro.

En el archivo, la elaboración de los Atlas de Riesgo Estatal y Municipal

Pero, lo más sorprendente es que la multiplicación de moños negros en todo el siglo, no ha sido suficiente para empujar a las autoridades a elaborar el Atlas de Riesgo Estatal, ni los Atlas de Riesgo Municipales en las zonas más vulnerables a deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones, como destacan los casos de Huauchinango y Tlaola, que en el Atlas de Riesgo Nacional están incluidas como entidades en peligro por tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas, a lo que Earl, hay que decirlo, sumó una precipitación pluvial de 265 litros por metro cuadrado para provocar movimiento de tierra que dejaron saldo de 41 personas muertas.

Como prueba de lo anterior, cabe destacar que el gobernador electo José Antonio Gali Fayad visitó Huauchinango, donde consideró "urgente" el Atlas de Riesgo Municipal. Se los prometió a los damnificados para evitar una nueva tragedia; "tenemos que tener un Atlas de Riesgo en general en todo el estado, en las siete regiones", dijo.

Limitado y con poca capacitación el personal de Protección Civil

En este escenario, vale la pena destacar que el personal de Protección Civil en los gobiernos estatal y municipales es limitado y tampoco cuenta con capacitación suficiente para enfrentar una contingencia como la generada a principios de mes.

La poca importancia que se les da en los ayuntamientos, tan sólo es un reflejo de lo que sucede en la administración local, donde sólo hay 16 personas y su director general, Jesús Morales Martínez, quien se dio el lujo este año de irse dos meses a la campaña de Gali Fayad, dejar a Fernando Estrella como encargado de despacho y retomar su puesto, como si nada, con tan buena suerte que en esos 60 días no hubo de tragedias importantes.

El desdén mostrado por el gobierno estatal hacia la prevención de desastres está reflejada en la decisión de no solicitar recursos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), durante toda lo que lleva la actual gestión 2011-2017.

Según sus reglas de operación, el Fopreden apoya las iniciativas para prevenir desastres, con el fin principal de preservar la vida e la integridad física de las personas; por tanto, este organismo habría cubierto los gastos que representaba la elaboración de los Atlas de Riesgo Estatal y Municipales, como lo hicieron Baja California y Colima en 2012, cuando obtuvieron 7.8 y 12.4 millones de pesos, respectivamente.

Otros ejemplos: Quintana Roo recibió 47.9 millones de pesos en 2013 para realizar este documento; a Sinaloa y Baja California Sur les dieron 52.6 y 21.2 millones en 2014, respectivamente.

Es más, el más reciente antecedente de solicitud poblana de recursos data 2007 y está registrado en el desaparecido Fideicomiso Preventivo de Desastres Naturales (Fipreden), el cual otorgó 22.3 millones de pesos para atender el desastre provocado por los taludes de la carretera Tlacotepec-Tehuacán, a la altura de Eloxochitlán, después que el 4 de julio de ese año ocurrió un deslizamiento de rocas y suelo que sepultaron un autobús y murieron 32 pasajeros.

El menosprecio al área de Protección Civil en esta y otras administraciones estatales es inentendible, sobre todo porque ninguna, en los últimos 17 años ha concluido sin ver muertos por eventos relacionados con lluvias, lo que sí ha sido comprendido en otras entidades, como Guerrero y Veracruz, donde han elevado a nivel de secretaría de Estado a este sector.

Muertos por desastres naturales, una contante desde el año 1999

De esta manera, el recuento de fallecidos por estos eventos empieza con la "tragedia de la década" en 1999, llamada así por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando murieron 263 poblanos en forma oficial.

A esta lista elaborada por la investigadora Rosa María Lechuga, se suman otras cuatro personas fallecidas a consecuencia del huracán Keith de 2000; ocho más durante las inundaciones de 2006; 16 a consecuencia del huracán Dean; nueve por una contingencia climatológica de 2009; dos por el huracán Karla de 2010; siete a raíz de los efectos de las tormentas tropicales Heavey y Arlene de 2011; tres por la embestida de los huracanes Ingrid y Manuel de 2013 y otros dos por la depresión tropical Hanna de 2014.

A esta enumeración, sobra decir que es necesario anotar los 41 poblanos que oficialmente perecieron en los deslaves registrados en la Sierra Norte este año.

En total: 353 muertos, que se ven suficientes para invertir de una vez por todas en la prevención de desastres naturales, en evitar al máximo pérdidas humanas, en lugar de seguir apostando por la reparación de casas, puentes, carreteras, escuelas, entre otros.