En Puebla, la opacidad a su máxima potencia

El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas nunca tuvo voluntad política para cumplir con la Ley de Transparencia, catalogada por propios y extraños como una de las mejores del país.

Por el contrario, sometió y dejó sin credibilidad a la CAIP (pese a la autonomía ganada en la gestión anterior), aumentó injustificadamente la cantidad de información reservada y diseñó estrategias anticonstitucionales para dilatar la entrega de datos a la sociedad.

El marco legal que perdió vigencia el pasado 4 de mayo, tuvo como antecedente la demanda de asociaciones civiles, académicos, iniciativa privada y periodistas de que Puebla debía tener una nueva Ley de Transparencia, después que la anterior, aprobada en julio de 2008, había recibido una calificación de 4.2 por el panel de evaluadores convocado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y pesaba en su contra una acción de inconstitucionalidad.

En plena contienda electoral de 2010, el entonces candidato por Compromiso por Puebla prometió las modificaciones a este marco jurídico. 

Tras las campañas, antes de concluir su gestión, en octubre de ese año, el entonces gobernador Mario Marín Torres publicó en el Periódico Oficial la reforma para darle autonomía a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP).

Una ley modelo

La desaparecida agrupación Actívate por Puebla trabajó el tema de “Transparencia y rendición de cuentas” y el ocho de abril de 2011 entregó a la LVIII Legislatura del Congreso local sus propuestas. 

La mayoría de ellas fueron incluidas en la nueva Ley, la cual adoptó los mejores modelos de transparencia y acceso a la información existentes en el país, como el Estudio Métrica de la Transparencia 2010, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la Conferencia Mexicana para el. 

Acceso a la Información Pública (COMAIP). 

De esta manera, por primera vez la Ley incluía como sujetos obligados a los partidos y a los tribunales administrativos; ordenaba a los sujetos obligados a publicar en sus sitios web la información pública de oficio; exigía a la CAIP promover el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, la rendición de cuentas y a proponer temas en planes de estudio y actividades académicas curriculares y extracurriculares.

Incluso, sobre la información de acceso restringido respetaba estándares nacionales, por lo que el periodo de reserva de la información se mantenía por siete años, con la posibilidad de ampliarlo cinco años más. 

Respecto a los procedimientos de acceso a la información pública, ya no era necesario acreditar justificación ni motivación alguna, y se seguían los principios de máxima publicidad,  simplicidad y rapidez, gratuidad del procedimiento, y costo razonable de la reproducción; además, ya era posible realizar solicitudes por escrito, a través del sistema electrónico, por vía telefónica y por fax.

Para el proceso de selección de comisionados de la CAIP, tomaba en cuenta las propuestas de organizaciones de la sociedad y garantizaba comparecencias y expedientes públicos de los candidatos; establecía servicio profesional de carrera para su personal y garantizaba el cargo de presidente al comisionado que le restaran dos años para concluir el periodo para el que fue designado.

Sin embargo, la voluntad política evidenciada por Moreno Valle Rosas no ha estado a la altura de los avances en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

La clara paradoja

La ex presidencia de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Puebla, Lilia Vélez Iglesias, puso como ejemplo que las dependencias de la administración estatal ofrecen a los  solicitantes que consulten la información en sus oficinas, en vez de proporcionarla a través de internet.

"Esta ha sido una estrategia muy exitosa para este gobierno, porque cuando tu obligas a un ciudadano a que haga una cita en horario laboral, que dé dos o tres vueltas, porque cuando ya llega a la dependencia le salen con que no está el encargado de la Unidad de Transparencia y le piden que regrese al otro día, pues, finalmente, se cansa y deja de exigir la información".

Desde su punto de vista, esta acción viola el artículo 6 de la Constitución Mexicana, el cual establece que los procedimientos de acceso a la información deben ser expeditos, lo que se traduce en que deben ser fáciles y rápidos.

Reserva RMV información  sin justificación alguna

A la par, Lilia Vélez criticó que el gobierno de More Valle haya reservado información de forma injustificada, especialmente sobre las "grandes obras" de este sexenio, las cuales resaltan por sus inversiones millonarias provenientes de arcas municipales, estatal y federal, y hasta de la iniciativa privada; sin olvidar, la conformación de fideicomisos y sus estudios de factibilidad.

También reservó la adquisición de los helicópteros Agusta, con el respaldo de la CAIP y bajo el argumento de que proporcionar la factura pone en riesgo la seguridad del mandatario, pues revelaría los vuelos de la aeronave, "lo que resulta absurdo", dijo.

Para Vélez Iglesias, una mención aparte merece el control del gobierno estatal sobre la CAIP, la cual ha perdido credibilidad, por lo que ya nadie cree que este organismo defenderá el derecho de los ciudadanos a obtener información pública, por tanto, confió que en el futuro haya una "mejor" selección de sus integrantes, en vez de privilegiar a las personas que ya trabajaron con el gobernador, sin mostrar independencia y con resoluciones.

"Teníamos una buena ley (...), pero ha habido una serie de obstáculos desde el gobierno (estatal) para evitar que la gente conozca la información, lo que es un retroceso grave y se ha traducido en una lucha constante, en la cual no todos los ciudadanos han ganado".

Los nuevos tiempos

Respecto a la nueve Ley de Transparencia, el rector de la Universidad Iberoamericana-Puebla, Fernando Fernández Font, lamentó que carezca del respaldo de las organizaciones de la sociedad civil, pues recordó que las propuestas de la institución fueron ignoradas.

Este marco normativo, recalcó, mantendrá en la opacidad el patrimonio de los servidores públicos y los políticos; por tanto, "tenemos que seguir reclamando que no se hagan leyes a modo", aseveró.

En contraste, la diputada local panista, Patricia Leal Islas, aseguró que la armonización de este marco legal con la ley general en la materia, fue "enriquecida" con los puntos de vista de especialistas, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, la CAIP, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la Contraloría.

Es más, la legisladora recordó la Gira por la Transparencia, un foro que recabó más de 150 aportaciones de la ciudadanía en general, las cuales fueron analizadas para su incorporación al documento final.

Incluso, subrayó que los integrantes del Nodo por la Transparencia hicieron 34 observaciones al proyecto, de las cuales 31 fueron tomadas en cuenta para la iniciativa final, presentada y aprobada el pasado 4 de este mes en el Congreso local.

Sobre el particular, el presidente de la Amedi, Capitulo Puebla, Rafael Hernández García Cano, reconoció que la semana pasada hubo una reunión con los diputados y que hicieron estas aportaciones; sin embargo, se abstuvo de dar una opinión final, pues todavía no había obtenido el documento avalado por la LIX Legislatura.

La noche del pasado miércoles, venció el plazo legal para que los estados armonizaran sus leyes en materia de transparencia con la ley general en la materia y sólo 24 de 32 Congresos locales cumplieron el ordenamiento, por lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales inició la etapa de análisis y revisión para descartar cualquier viso de inconstitucionalidad.