Persisten las deficiencias en la policía tlaxcalteca

Un estudio realizado por la asociación civil  “Causa en Común” revela que el estado de Tlaxcala tiene a la peor policía estatal del país, al obtener una calificación de apenas 2.8 de 10 puntos posibles.

Causa en Común publica el “Semáforo del Desarrollo Policial”, un documento que sistematiza la información del monitoreo realizado a las 31 policías estatales y la Ciudad de México, en el marco del Programa de Acompañamiento Ciudadano al Desarrollo Policial.

El Programa se construyó con base en los procesos de desarrollo policial identificados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública partiendo de cuatro ejes: carrera policial, profesionalización, certificación integral y régimen disciplinario.

El estudio puso de manifiesto que Tlaxcala, junto con Campeche y Baja California Sur, son los estados que obtuvieron las calificaciones más bajas del país.

Evaluó cuatro ejes que componen el desarrollo policial: Sistema profesional de carrera, Profesionalización, Certificación Integral, y Régimen Disciplinario.

Dicha información fue recabada mediante: entrevistas a funcionarios públicos, policías estatales, representantes de la sociedad civil y expertos en el tema; revisión de la normatividad estatal; y solicitudes de información pública.

Urge crear una Comisión de Desarrollo policial

Tlaxcala reportó que en 2015 tuvo un estado de fuerza de mil 593 policías estatales, 566 policías preventivos estatales y con un sueldo mensual nivel básico de apenas seis mil 144.74 pesos netos.

El estudio reveló deficiencias considerables en el desarrollo policial en Tlaxcala, principalmente en la aprobación y publicación del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera.

En consecuencia urgió la implementación de una Comisión de Desarrollo Policial, así como realizar el procedimiento de ascensos y promociones a través de una convocatoria normada y transparente.

Sin embargo, algunos comandantes denuncian que para lograr ascensos es necesario ser amigo del comisionado estatal de seguridad, Oreste de Jesús Estrada Miranda, o “usar falda”, y no por acciones que resalten el desempeño de los oficiales.

En el rubro de profesionalización “Causa en Común”, detectó que las instalaciones se encuentran en malas condiciones para realizar de manera satisfactoria la formación y capacitación a los cadetes y policías.

Solicitó a la Comisión Estatal de Seguridad, generar los mecanismos necesarios para que se cumpla con la participación del Órgano interno de control y el Consejo estatal de seguridad pública en el Comité Evaluador de Habilidades, Destrezas y Conocimientos.

Además de implementar evaluaciones de desempeño y de un mecanismo de restricciones en el Centro de Control de Confianza y realizar normas a la brevedad posible en el funcionamiento de la Unidad de Asuntos Internos.

La CES carece de un área de Secretaría Técnica del Consejo de Honor y Justicia, y de un reglamento interno.

En general, 11 instituciones cumplieron con todos los indicadores revisados, es decir, fueron calificadas en verde; 16 presentaron deficiencias en algunos procesos por lo que fueron calificadas en amarillo.

Por último, cinco corporaciones Baja California Sur, Campeche, Puebla, Zacatecas y Tlaxcala presentaron deficiencias graves en todos los indicadores verificados, por lo que se calificaron en rojo.

Policía Estatal Acreditable una amarga experiencia

A lo largo de cinco años y medio, en Tlaxcala elementos de la Policía Estatal pasaron  exámenes de confianza y recibieron la capacitación y el equipo para ser parte de la Policía Estatal Acreditable (PEA).

La PEA inició en los primeros meses de 2011 con la finalidad de formar un grupo de “elite”, con la capacitación, el control de confianza y las herramientas necesarias para desempeñar su función.

El objetivo era mantener a Tlaxcala como uno de los estados más seguros del país, para lo cual se seleccionaron inicialmente a 422 elementos entre hombres y mujeres.

De este personal, 80 por ciento se encontraba en activo, cumplieron con los requisitos de la convocatoria y aprobaron los exámenes de Control de Confianza.

El resto fue personal de nuevo ingreso que igualmente pasó los exámenes aplicados, para poder ser parte de este grupo.

Sin embargo, una parte de aquel cuerpo de “elite”  inicial, resultó ser uno de los grupos que operaba con presunta impunidad en atracos, extorsiones y secuestros.

Policías acreditables, eran secuestradores

La procuradora general de justicia de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez, reconoció que elementos de la Policía Estatal cometieron cuatro secuestros.

Estos fueron detenidos como resultado de los hechos violentos que se registraron en las inmediaciones del municipio de San Pablo Apetatitlán, el 22 de enero del año pasado.

En la acción fue detenido el director de la Policía Estatal Acreditable, Jorge López y el segundo del comandante Orlando May Zaragoza Ayala. También fue detenido el delegado de la Policía Estatal Acreditable de Apizaco, de apellido Yañez.

Versiones de ex agentes ministeriales, que pidieron la gracia del anonimato, aseguraron que los miembros de la acreditable usurpaban funciones ya que en los actos delictivos se identificaban como integrantes de la PGJE; “los de la PEA detenían a la gente y se hacían pasar por Agentes Ministeriales”.

Incluso, los PEA hasta estuvieron inmersos en robos a diferentes tiendas de conveniencia, sin que hubieran sido sancionados. “Una ocasión hasta robaron un Oxxo a bordo de un Tsuru color vino y nadie les hizo nada, los jefes ordenaron quedarnos callados y no hacer nada”.

Por si fuera poco, fueron los responsables de las detenciones de los trabajadores de la fábrica Clorobencenos, quienes se inconformaron por las afectaciones a la ecología de la metalúrgica; sin embargo, los detenidos fueron desaparecidos y presentados 12 horas después.

También en alguna ocasión; “fueron descubiertos cuando traían a un detenido a bordo de un Tsuru, quien además de que venía golpeado nunca lo pusieron a disposición”.

Entre otros sucesos, señalaron que recientemente en el municipio de Santa Ana Chiautempan; “agarraron a un sujeto, lo pasearon toda la mañana le quitaron su lana lo súper madrearon, denunció y no hicieron nada”.

Limpia en la Comisión Estatal de Seguridad

El ex Comisionado de Seguridad Pública estatal, Orlando May Zaragoza Ayala abandonó Tlaxcala, después de haber sido cesado de su encargo y ser objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría estatal.

Diez días después del cese fulminante de Orlando May Zaragoza Ayala como comisionado Estatal de Seguridad, el jefe del Ejecutivo local designó al policía federal Oreste de Jesús Estrada Miranda, como nuevo titular de la CES.

Antes de su llegada, Francisco Galindo Bocardo estuvo como encargado del despacho de la CES.

La crisis de credibilidad sobre los más altos mandos de seguridad estatal, obligó al gobernador Mariano González a echar mano de un personaje que ya tiene conocimiento de las características de la delincuencia que hay en Tlaxcala.

La cloaca se destapó con la detención del ahora exdirector de la Policía Estatal Acreditable, José Jorge López Pérez, el exdelegado de la Policía Estatal de Apizaco, Carlos Yáñez Osorno, junto con cinco subordinados más.

Con el tiempo se supo que fue por la comisión de al menos cuatro secuestros exprés en Apizaco y Huamantla, cuyo caso ya está a disposición del juez segundo de lo penal del Distrito de Sánchez Piedras.

Entre las labores de Estrada Miranda en la PF, fue haber coordinador la participación de la corporación en operativos Frontera, con la finalidad de evitar el internamiento al territorio estatal de grupos de la delincuencia organizada, provenientes particularmente de Michoacán.

Ampliar el mando único, el gran reto

Con el aval de 56 de los 60 ayuntamientos, se firmó el convenio de colaboración institucional en materia de seguridad pública, para la implementación del Mando Único Policial en Tlaxcala.

Sin embargo, nunca se acabó de evaluar a los elementos municipales, y los que salieron reprobados se han sumado a las filas de la delincuencia o a formar bandas criminales que atacan a la sociedad.

De esta forma y al cambio de gobierno y de los alcaldes de 60 municipios, el nuevo gobernador electo, Marco Antonio Mena Rodríguez tendrá otra vez que iniciar las negociaciones para establecer el Mando Único.

Pero antes se debe enfrentar el desmantelamiento de las corporaciones municipales y estatales, ya que es tradición que los nuevos funcionarios y presidentes municipales paguen las facturas políticas.