Bastaron poco más más de 90 minutos, para que por unanimidad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidas las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz.
Después de analizar las controversias promovidas por la Presidencia de la República a través de la PGR, contra las reformas a las Constituciones locales y a las leyes de Veracruz y Chihuahua, el máximo tribunal invalidó las nomas impugnadas.
Lo anterior, tras considerar que las legislaciones se realizaron en un momento de incompetencia atemporal, o veda constitucional, por lo que avalaron el recurso de inconformidad promovido por la titular de la PGR, Arely Gómez.
Las leyes anticorrupción impulsadas por los gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que fueron aprobadas por los congresos locales de ambas entidades, son inconstitucionales, resolvieron los 11 ministros de la SCJN.
La resolución se basó en que los congresos de Chihuahua y Veracruz, aprobaron leyes anticorrupción y de responsabilidades de los servidores públicos antes de que el Congreso de la Unión emitiera las leyes generales y federales respectivas, como parte de la reforma constitucional anticorrupción.
Cabe recordar que el Senado de la República pidió a la SCJN diera tratamiento prioritario a ambos asuntos, así lo hicieron los ministros, quienes incluso decidieron acumular las quejas y votarlas juntas durante la sesión de este lunes.
La ministra Norma Lucía Piña explicó que los efectos de la sentencia de la Corte incluyen invalidar también la creación de las Fiscalías Anticorrupción y los nombramientos respectivos.
Queda aún pendiente una tercera acción de inconstitucionalidad promovida por acciones similares en Quintana Roo, aunque se encuentra en etapa de instrucción.
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