Impugna PGR ante la SCJN ley Anticorrupción en Sinaloa

La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 768, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa de Sinaloa.

La PGR considera que el citado decreto viola el párrafo Tercero del Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción.

El decreto publicado en el Diario Oficial de esa entidad, permite que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.

Ello, señaló la PGR, contraviene lo establecido por el Constituyente federal, en el sentido de que los Magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que fueron nombrados.

De igual forma, la PGR estima que el Congreso de Sinaloa, transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas, toda vez que detrás del mandato del Constituyente de crear, primero, un Sistema Nacional, para luego, constreñir a las entidades federativas al diseño de Sistemas Locales.

Primero, señaló la dependencia debieron reconocer la existencia de un principio de integralidad según el cual, tales sistemas no pueden ser creados a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre jurídica.

Cabe mencionar que en días pasados, la PGR promovió acciones de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo en materia de combate a la corrupción, obteniendo, por lo que hace a las dos entidades primeramente mencionadas, resoluciones favorables por parte de la SCJN.

El 5 de septiembre pasado, el Pleno de la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 56/2016 (Veracruz) y 58/2016 (Chihuahua), promovidas por la dependencia, en el sentido de declarar inválidos los decretos impugnados, por lo que se espera que al igual que esos juicios, el presente sea resuelto favorablemente.