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Le tapan el ojo al macho al asesinato de mujeres

Fernando Pérez Corona 2016-09-19 - 07:56:19

Las modificaciones realizadas por la LIX Legislatura entrarán en vigor cuando se publiquen en el Periódico Oficial, están relacionadas con las 11 recomendaciones hechas en junio pasado a la administración de Moreno Valle Rosas por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), las cuales deben cumplirse en un plazo de seis meses —en este año—, para evitar que la Secretaría de Gobernación emita la Alerta de Género.

Para tratar de detener la escalada de feminicidios en la entidad, el Congreso local — a iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas—, aprobó la semana pasada reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, entre las cuales destaca la decisión de perseguir de oficio el delito de violencia familiar.

Para las organizaciones de la sociedad civil, estos cambios representan un paso adelante en el tema; sin embargo, lamentaron que las autoridades locales prácticamente hayan olvidado la obligación de acompañar estas medidas con un diagnóstico regional, la creación de un banco de datos y el diseño y aplicación de una estrategia de comunicación social en esta materia, y, sobre todo, con la capacitación a servidores públicos en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.

Es necesario tomar en cuenta que las modificaciones realizadas por la LIX Legislatura, las cuales entrarán en vigor cuando sean publicadas en el Periódico Oficial, están relacionadas con las 11 recomendaciones hechas en junio pasado a la administración de Moreno Valle Rosas por la Comision Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), las cuales deben cumplirse en un plazo de seis meses -en este año-, para evitar que la Secretaría de Gobernación emita la Alerta de Género.

Reportan 60 homicidios dolosos; 36 tipificados como feminicidios

La violencia contra las mujeres sigue a la alza. En 2016, la Fiscalía General del Estado suma más de 60 homicidios dolosos, de los cuales 36 están tipificados como feminicidios —prácticamente el mismo número que en 2015: 37—, después que en 2013, sólo contó doce.

Cabe recordar que, de acuerdo con el Código Penal, comete feminicidio la persona que, "por razones de género, priva de la vida a una mujer", ya sea por odio o aversión; por celos extremos, o por causar lesiones infamantes (que causan deshonra), violencia sexual, amenazas o acoso, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes; las penas: de 40 a 60 años de prisión.

En opinión de Vianeth Rojas Arenas, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), "nos estamos llenando de leyes"; pero, "no se aterrizan" en políticas públicas, lo que se ve reflejado en la falta de capacitación, personal e infraestructura.

"Lo que queremos es que no pasen más delitos, que no haya más violencia familiar, que no haya feminicidios y eso no se resuelve sólo con modificar las leyes, se resuelve haciendo política pública con base en un diagnóstico, sabiendo la realidad de la violencia contra las mujeres, capacitando a los servidores públicos, civilizándolos, lo que no se resume en talleres de una hora o dos horas".

Las recomendaciones de la Conavim

Resulta indispensable recordar que el Conavim recomendó fortalecer a las instituciones involucradas en materia de violencia contra las mujeres; otorgar al Instituto Poblano de la Mujer recursos materiales y humanos así como presupuesto necesario para el ejercicio de sus facultades, dotar a las agencias investigadores de la FGE, encargadas de los delitos contra las mujeres, de personal suficiente especializado y sensible para garantizar el acceso a la justicia.

Además, sugirió mejoras a la infraestructura de las agencias del MP para que cuenten con espacios dignos para la atención a mujeres víctimas de violencia; generar un programa de evaluación periódica de calidad del servicio que considere indicadores de atención con perspectiva de género, y crear un programa en el marco de asilos del DIF estatal para proteger y atender de manera especial a mujeres adultas mayores víctimas de violencia, entre otras cosas.

Desde la óptica de Rojas Arenas, estas recomendaciones no se han cumplido, por lo que las leyes modificadas corren el peligro de convertirse en "letra muerta", que se ven muy bien en el papel, pero no se llevan a la práctica, porque no hay presupuesto, ni voluntad política.

En el papel la Fiscalía de Atención a Delitos de Género

El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que el gobierno del estado realiza distintas acciones para evitar que se repitan estos casos; incluso afirmó que no solo se trata de un tema exclusivo de la autoridad, sino de toda la comunidad.

En este sentido, vale la pena referir que en abril, la FGE creó la Fiscalía de Atención a Delitos de Género, a cargo de Margarita Aguilar Vázquez y que atiende de manera especializada  los delitos  relacionados con la violencia en contra de las mujeres, además de actuar en conjunto con la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

En el 57 Periodo de Sesiones, la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), en la sede de la Organización de Naciones Unidas, expresó "su preocupación por los asesinatos violentos de mujeres y niñas por motivos de género".

Por lo anterior, señaló "la necesidad de que el Estado y sus agentes intervengan más activamente en la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres"; incluso, subrayó "la responsabilidad del Estado y de sus servidores públicos de asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y en particular el derecho a una vida libre de violencia".

Por otra parte, es obligatorio recordar que el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, establece el término de femicidio/feminicidio como: “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal,en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

En resumen, el feminicidio abarca a los individuos responsables; pero también señala la responsabilidad de las estructuras estatales y jurídicas, las cuales no quedan exentas de su actuación sólo por incluir el concepto de feminicidio en sus legislaciones y códigos penales.


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