Denunciarán fraude inmobiliario y daño ambiental en área protegida del Tentzo

El Movimiento 18, denunció fraude inmobiliario y daño ambiental en la zona protegida del Tentzo, por eso, interpondrán un amparo en contra de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT-, por otorgar los permisos a las empresas Cristal Lagoon y Cola de Lagarto, aseguró la ambientalista. Zvezda Ninel Castillo.

El abogado Gerardo López, dijo que dentro de la demanda, se consideran el fraudes inmobiliarios y daño ambiental en la zona protegida del Tentzo, "porque la SEMARNAT se rehúsa a informar si fueron liberados los permisos para la construcción de los residenciales exclusivos Club de Golf Cola de Lagarto y Crystal Lagoons, en la regiones de Atlixco y Tepeojuma.

Además, el defensor legal del Movimiento 18, denunció que personal de la SEMARNAT en el Estado de Puebla, evitó con prácticas dilatorias recibir la solicitud de información, a pesar que con ello se viola el artículo 8 Constitucional, referente al derecho de petición, por eso,  reveló que buscarán agotar todas las instancias legales disponibles para frenar esa grave daño a la ecología poblana.

Dijo que hoy en día, Gerardo López, ambos proyectos residenciales se encuentra parados por la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial -SDRSOT-, debido a que iniciaron trabajos sin tener los permisos correspondes de parte del gobierno del Estado de Puebla, de manera legal, sin embargo, se sabe que los proyectos avanzan sin que ninguna autoridad pueda frenarlos.

Recordó que los dos proyectos de las empresas Cristal Lagoon y Cola de Lagarto, se ubican dentro de la zona protegida del Tentzo, donde se tiene ubicadas fauna y flora endémicas, por eso, Zvezda Ninel Castillo, advirtió que de construirse los residenciales cambiarán la vocación agrícola de la región a otra que será turística y habitacional.

Pero además, dijo que habrá un cambio en la vida de los pueblos que se encuentran asentados en esta zona protegida, donde el gobierno del Estado ha emprendido una lógica del negocio superficial por encima del desarrollo, "con la clausura, la empresa Crystal Lagoons podría hacerse acreedora a una multa de hasta 20 mil días de salario mínimo, lo que se traduce en hasta un millón 460 mil pesos".