Hidalgo, el estado con mayor contaminación en sus

Un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) señala que la ubicación céntrica de la entidad es de las más vulnerables por los efectos contaminantes en el agua, debido a que recibe desechos de las zonas industriales, entre otros factores que la perjudican.

La producción de combustibles y energéticos, la explotación de suelos, así como el avance de urbanización y generación de desperdicios sólidos podrían presentar problemas de polución severos, los cuales derivarían en una contingencia para Hidalgo y sus alrededores, tal y como sucede en la Ciudad de México.

El Valle del Mezquital es considerado el más afectado, ya que se enlista en el lugar 26 de los 84 municipios hidalguenses; además de que sus habitantes presentan enfermedades renales, las cuales en su mayoría pueden ser a consecuencia del consumo de agua sucia, de acuerdo con el estudio realizado por la Secretaría de Salud.

En muchas ocasiones, se le atribuye a las fábricas la contaminación en ríos y lagunas por derramar en ellos los desperdicios de sus empresas, pero también contribuyen a este mal los habitantes de la región, quienes tiran los desechos de su hogar en los caudales acuíferos, lo cual provoca enfermedades y muertes.

Plantas tratadoras

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad existen 23 plantas tratadoras. A pesar de contar con el menor número de estas posee una de las más grandes del país y la cuarta a nivel mundial, aunque aún no se tiene previsto cuándo podría entrar en operación.

Según datos del inventario nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas residuales en operación, en 2014 se tenían registradas 7 en Atitalaquia, 6 en Atotonilco de Tula (más la que todavía no comienza trabajos), 3 en Tula de Allende y 3 más en Zimapán.

Mientras que Mineral del Chico, Mineral del Monte, Pachuca y Tetepango cuentan con una respectivamente, las cuales suman 23 y 1 en espera.

Es importante señalar que las plantas tratadoras recolectan el líquido vital que desechan los habitantes, con el fin de procesar todo y limpiarlo para uso en cultivos o consumo humano.

De acuerdo con el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dichas plantas en Hidalgo tienen una cobertura de tratamiento de 7.9 por ciento del agua desechada por la comunidad. 

La planta tratadora más grande del país

Se ubica en Atotonilco, comprende los límites del Estado de México e Hidalgo en unión con los desagües del túnel emisor central y el emisor oriente con el río Tula, la cual permite tomar las aguas negras del Sistema de Drenaje Profundo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y pasar por el proceso de tratamiento antes de descargar el agua limpia en los riegos del Valle del Mezquital.

La planta tiene la capacidad de tratar 35 metros cúbicos por segundo y en caso de ser necesario tendrá capacidad para otros 42 metros cúbicos durante tiempos de lluvias, lo que la lleva a ser considerada como la más grande en Latinoamérica.

De acuerdo con una investigación del periódico Universal, la planta no entró en funciones el 30 de noviembre de 2015 (pero autoridades de Conagua prevén inicio de trabajos en diciembre de 2016), debido a que autoridades de Atotonilco clausuraron de manera arbitraria e ilegal las instalaciones, al argumentar que el consorcio Aguas Tratadas del Valle de México (ATVM) adeudaba el pago de licitación de construcción por 202 millones de pesos.

Además, querían cobrar recargos e intereses por 511 millones 938 mil 884 pesos, al ser la empresa la que había pagado la licencia de construcción en 2010, pero mientras se aclaraba la situación, el proyecto fue clausurado del primero de diciembre de 2015 al primero de junio de 2016, lo cual representó pérdidas por 180 millones de pesos entre sueldos y renta de maquinaria y 64 millones más por gastos de operación y mantenimiento.

La inversión para construir la planta de tratamiento de Atotonilco fue de 10 mil 22 millones de pesos (9 mil 389 millones del costo directo del proyecto y 633 millones en otros rubros como supervisión), obtenidos de empresarios y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).