La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino (Cejur) accedió a revisar la situación de cuatro presosque iniciaron el pasado 28 de septiembre una huelga de hambre en los reclusorios Sur y Norte de la Ciudad de México.
La diputada local de Morena, Citlalli Hernández Mora, informó que el titular de la dependencia, Manuel Granados, aceptó buscar agilizar su liberación durante la primera reunión de análisis del dictamen que sostuvieron la semana pasada y que continuará en esta semana con la participación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia capitalina.
Precisó que son los casos de Luis Fernando Bárcenas Castillo, Abraham Cortés Ávila, Luis Fernando Sotelo Zambrano, y Jessi Alejandro Montaño Sánchez.
La legisladora explicó que el caso de este último es el más complicado luego de que el pasado 11 de octubre se le impuso una sentencia de 33 años y cinco meses de prisión, al imputársele el haber participado en el incendio de una unidad del Metrobús en el contexto de las protestas por Ayotzinapa del 5 de noviembre de 2014.
La legisladora aseguró que hay pruebas para demostrar la inocencia de Montaño, así como de los otros tres casos.
En conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario, César Cravioto Romero, explicó que se ha pretendido acusar a Morena en redes sociales de ser quien está deteniendo el dictamen del decreto de amnistía en la ALDF, cuando fue una de las primeras iniciativas de su partido al inicio de la legislatura en la que se trabajó en su momento con familiares de víctimas.
Refirió que se presentó también la iniciativa para derogar del Código Penal los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, pero avanzó más rápido la de amnistía, aun cuando la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), dentro de los puntos recomendatorios que emitió a partir de las quejas promovidas por estos casos, dirigió uno a la ALDF en septiembre de 2015 en ese sentido.
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