Torpeza, ignorancia y sumisión, la peculiaridad del IEE y TEPJF

En fútbol, cuando el árbitro se convierte en protagonista, dicen que hizo un mal trabajo. En Puebla, el Instituto Electoral del Estado (IEE) roba reflectores a los candidatos a gobernador. En ambos escenarios, es consecuencia de la multiplicación de errores en el partido y en los comicios, respectivamente.

Sin cámara lenta, ni acercamientos de imagen requeridos en televisión para analizar las equivocaciones de la autoridad en el balompié, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha exhibido torpeza, ignorancia y sumisión del IEE, tras corregir no menos de una docena de resoluciones en menos de medio año.

El pasado miércoles 11 de mayo, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, el diputado del PVEM, Juan Carlos Natale López, propuso un punto de acuerdo para solicitar a los consejeros electorales su dimisión, porque han exhibido parcialidad e ineficacia; "han dejado mucho que desear (...), evidencian su desconocimiento de la ley, su ineficacia al momento de interpretar los preceptos legales que guían el proceso y su parcialidad en favor de un grupo político", expuso el legislador en los considerandos de su propuesta, la cual fue rechazada por la mayoría panista. 

El planteamiento de Natale López no es el único en este sentido, pues la candidata independiente Ana Teresa Aranda Orozco, y los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también han pedido la destitución ante el Instituto Nacional Electoral (INE); en tanto, el PAN no ha protestado, ni siquiera criticado los traspiés, lo que hace también evidente las razones de su mutis.

Sin embargo, los yerros del IEE no pueden ser imputables en forma exclusiva a las resoluciones de su Consejo General, ya que algunos tienen su origen en la reforma electoral presentada y aprobada en el Congreso del estado el pasado 22 de agosto, cuando entró en vigor, tras ser publicada ese mismo día en el Periódico Oficial.

El IEE, decisiones sin sustento legal

El 15 de abril de 2016, los magistrados del TEPJF, autorizaron por unanimidad el registro de Aranda Orozco como candidata independiente a gobernadora.

Una vez más fue revertida la decisión del IEE de negarle la postulación de la ex secretaria de Desarrollo Social con base en el artículo 201 Bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla  (Coipeep), referente a que los aspirantes a ser candidatos independientes no deben de haber ejercido cargo de dirección partidista dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección.

Con cierto sarcasmo en sus comentarios en tribuna,  el magistrado Flavio Galván Rivera recordó a los consejeros electorales que fundaron su decisión en una reforma vigente desde agosto de 2015, cuando sólo quedaban nueve meses para el día de los comicios, por lo que era "imposible" para Ana Teresa, como para cualquier otra persona, cumplir con este requisito; "nadie está obligado a hacer lo imposible", refirió.

Por lo anterior, Galván Rivera opinó que el IEE debía haber analizado el caso con base en la ley electoral anterior (aprobada en marzo de 2014) y que no incluía este tipo de requerimientos. 

A su vez, para el presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, el Congreso local olvidó la inclusión de artículos transitorios en el Coipeep para aclarar lo que pasaría con el tema de los 12 meses sin militancia partidista, cuando sólo quedaban nueve para la elección de gobernador.

Ese día en el máximo tribunal electoral del país, también analizaron la decisión del IEE de cancelar las cédulas de apoyo presentadas por Aranda Orozco por no anexar credencial de elector, y concluyeron que el requisito era inconstitucional.  Incluso, lamentaron que haya anulado los documentos que sólo tenían copias del anverso de la credencial de elector, sin indagar si el reverso correspondía a la persona aludida. Es más, criticaron que haya sido cancelado una parte de estos papeles porque carecía de manifestación de apoyo por escrito, sin tomar en cuenta que esta acción es un "simple formulismo".

Para rematar, en aquella ocasión, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa consideró "increíble" el cúmulo de obstáculos que ha enfrentado Aranda Orozco, por lo que propuso un voto razonado con perspectiva de género, ante los visos de discriminación hacia la mujer y violencia política.

La óptica de Alanís Figueroa estaba sustentada en que la también ex dirigenta estatal panista promovió y gano cuatro juicios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros ocho ante el TEPJF para conseguir su candidatura independiente.

Ana Teresa Aranda, gana de todos, todas

El camino de Aranda empezó el 23 de noviembre de 2015, cuando la SCJN le concedió razón e invalidó la fracción IV del artículo 201 Ter del Coipeep relacionado con los 20 días para que un aspirante a candidato independiente recabara las 127 mil firmas de apoyo ciudadano, lo que obliga a la LIX Legislatura a aumentar el plazo a 30 días.

Un día después, el máximo tribunal de la nación eliminó el candado impuesto por los diputados a las candidaturas independientes, el cual obligaba a los simpatizantes de cualquier aspirante a expresar su respaldo en las oficinas del IEE; más tarde, logró que se estableciera en el Coipeep que una persona puede conseguir una postulación sin partido, tras obtener el respaldo del 3 por ciento del padrón electoral.

Para rematar, el miércoles 12 de Mayo de 2016,  Aranda Orozco obtuvo el respaldo del máximo tribunal electoral del país para duplicar sus prerrogativas de campaña, después que el IEE sólo le entregó 319 mil pesos

Destitución... ¿tardía o a tiempo?

Los errores de la autoridad local en materia de elecciones también han perjudicado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual no pudo registrar a su candidata a gobernadora, Roxana Luna Porquillo ni obtener 9.8 millones de pesos de prerrogativas para su campaña, porque había sido invalidada su plataforma electoral por el TEPJF, donde los magistrados sólo le pidieron al IEE que solicitara otra para realizar el trámite, en resumen.

En este tenor también estuvo el Partido Encuentro Social, el cual no logró, en primera instancia, postular la candidatura común de Blanca Alcalá Ruiz, con el argumento de que los partidos de reciente creación no podían hacer alianzas, lo que fue declarado como infundado por el TEPJF.

Consejo General del IEE "a la medida"

Para Miguel Calderón Chelius, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana-Puebla, los errores del IEE son consecuencia de la conformación de un Consejo General "a la medida" del candidato de la coalición Sigamos Avanzando, José Antonio Gali Fayad.

Según su punto de vista, Puebla tiene un árbitro parcial que genera desconfianza entre la sociedad, por lo que ahora cualquier resolución, pese a que puede estar fundada en el Coipeep, se le imputa a los consejeros electorales, en vez de reconocer que es un precepto legislativo de origen.

Por lo anterior, consideró que el mayor riesgo de estas equivocaciones es "judicializar" el proceso; sin embargo, restó posibilidades a la destitución de los consejeros electorales. Como sucedió con los integrantes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), y que el Instituto Nacional Electoral (INE) se haga cargo.

Desde su perspectiva, las mayores posibilidades están en que el ganador o ganadora de la contienda salga de un juicio ante el TEPJF, si hay una diferencia mínima entre primero y segundo lugar en los resultados electorales de la jornada del primer domingo de junio.

Sobre el particular, Alejandro Guillén Reyes, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Upaep, consideró inconveniente, en estos momento, remover a los consejeros electorales.

Sin embargo, el catedrático universitario opinó que después de concluir el actual proceso electoral, sería necesario analizar la actuación de cada uno de los integrantes de este organismo, como también de algunos funcionarios, para resolver en consecuencia.