Llega a la SCJN caso de 6,800 defraudados por FICREA

Tras dos años de “peregrinar legal”, el caso de los 6,800 defraudados por FICREA llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien deberá resolver el asunto de fondo y conceder el amparo y protección de la justicia a todos los ahorradores involucrados, a fin de ser indemnizados en términos de la Constitución.

Así lo anunció el abogado Fauzi Hamdan Amad, representante de los ahorradores del fideicomiso y miembros de la Comisión de Ahorradores, Jurídica y de Enlace de los afectados en su patrimonio por un monto de 2 mil 700 millones de pesos, quien confió en que el máximo órgano de justicia del país otorgue el beneficio de la ley a sus clientes.

Explicó que ante la negativa del juez de la causa, el 27 de octubre de 2016 se presentó un Recurso de Revisión para impugnar la resolución y pasar el caso FICREA a la SCJN, que durante este mes en curso deberá recibir y conocer, teniendo la obligación constitucional de dar una respuesta ineludible a los defraudados, antes de llegar a instancias internacionales.

Refirió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano desconcentrado fiscalizador de las instituciones bancarias y no bancarias y dependiente de la Secretaría de Hacienda, no fiscalizó las operaciones de FICREA conforme a las disposiciones legales que le resultan aplicables, de manera oportuna y eficiente.

Fauzi Hamdan explicó que la CNBV, con el conocimiento desde hace más de dos años (desde enero de 2012), de la existencia de múltiples irregularidades que forzosamente habrían tenido que remediar con acciones efectivas como la imposición de multas severas, se limitó a realizar “recomendaciones”.

Lo anterior, continúo, demostró que la Comisión Bancaria tuvo una actuación indebida, indolente, negligente, deficiente e inexcusable, trayendo como consecuencia la quiebra de FICREA, en perjuicio económico, moral y material de los 6,800 ahorradores, principalmente de los estados de Puebla, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y la Ciudad de México.

El abogado recordó que el Estado tiene que cubrir y apoyar a los defraudados con los montos totales de 2,700 millones de pesos, debido a su actuación administrativa irregular y omisión a través de la CNBV.

“El Estado tiene la obligación constitucional y legal de fiscalizar a todas y cada una de las entidades que integran el sistema financiero bancario y no bancario, incluyendo a FICREA, S.A. de C.V., S.F.P., sociedad financiera popular regulada por la Ley de Ahorro y Crédito Popular”, afirmó Hamdan Amad.