En Índice de Estado de Derecho reprueba Edomex

El Estado de México fue uno de los cuatro peor calificados en el Índice de Estado de Derecho 2022-2023, al ubicarse en el sitio 29 entre las 32 entidades del país; con un puntaje de 0.36, donde la calificación más alta es uno, y debilidades en Orden y Seguridad, en Justicia Penal y en materia de corrupción, pues no hay contrapesos eficaces al poder, pero sí fallas en justicia, corrupción, burocracia, entre otros problemas.

Ese índice es una herramienta que ayuda a identificar fortalezas y debilidades institucionales, y aún cuando la entidad ha mantenido el mismo puntaje de 0.36 en las últimas ediciones del 2021, 2022 y 2023, en ese lapso ha bajado del sitio 27 al 29.

De acuerdo con el índice Global de Estado de Derecho, elaborado por la Organización Internacional World Justice Project (WJP), para este año la entidad mexiquense cayó una posición en el ranking y su peor calificación fue en el factor de Orden y Seguridad, el cual mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades. La mayor debilidad fue en el factor la ausencia de crimen.

Hasta abril de este año, el territorio mexiquense registraba un promedio mensual de delitos de entre 30 y 34 mil, en su mayoría robos en sus diferentes modalidades y lesiones. También registró el mayor número de feminicidios, que hasta abril sumaban 36.

Otra de las calificaciones bajas fue en ausencia de corrupción, donde se mide el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia. Esa dimensión considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 ubicó a la corrupción como el segundo problema más importante del país, solo detrás de la inseguridad y al Estado de México como la quinta entidad con la prevalencia más alta de corrupción en trámites y servicios.

Calificaciones

En el rubro de Respeto al Estado de Derecho, la entidad mexiquense tiene la calificación más baja en Orden y Seguridad con 0.25; mientras en Justicia Penal y en Ausencia de Corrupción obtuvo un .31. La más alta fue en gobierno abierto con .49.

En cuanto a los Límites al Poder Gubernamental el puntaje menor fue en los organismos de control como un contrapeso eficaz con 0.30 y en que las elecciones se apegan a la ley con .35, en tanto, la más alta fue en que los contrapesos no gubernamentales son eficaces con 0.50.

Respecto a los derechos fundamentales, la calificación más débil fue en materia de Derecho a la Privacidad con 0.25 y Derechos Laborales con 0.34, y la más alta en Libertad Religiosa con 0.73.

En cuanto a justicia civil, el puntaje más bajo fue en justicia civil asequible y sin procesos burocráticos con 0.31 y en Acceso a la Información y Asesoría Legal Asequible en Casos Civiles con 0.32.

La entidad mexiquense tiene un puntaje de apenas 0.23 en ausencia de corrupción en instituciones de seguridad y procuración de justicia, de 0.28 en el Ejecutivo, de 0.30 en el Legislativo y de 0.43 en el Poder Judicial.

En cuanto a Orden y Seguridad, la debilidad mayor fue en Ausencia de Crimen, con una calificación de 0.13, seguida de 0.31, en cuanto a si las personas se sienten seguras y 0.33 en Ausencia de Homicidios.

Sobre Justicia Penal, una de las calificaciones más bajas para la entidad es 0.17 en investigación penal eficaz, mientras en Procuración e Impartición de Justicia Eficiente y Eficaz tiene 0.30, en Sistema Penitenciario Seguro y Respetuoso de Derechos Humanos 0.32.

En Cumplimiento Regulatorio, la entidad se ubica en 0.33 en Cumplimiento Regulatorio Eficaz, registra 0.34 en Procedimientos Administrativos Eficientes y en el Debido Proceso en Procedimientos Administrativos.

Finalmente, en Gobierno Abierto el puntaje es de punto 0.35 en Participación Ciudadana, pero de 0.62 en Derecho a la Información Pública, esta última fue la calificación más alta entre los rubros calificados.

Reacciones

El ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana (COPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios José Guadalupe Luna consideró que el último Índice de Estado de Derecho demuestra que el Estado de México sigue muy lejos de generar condiciones que permitan enfrentar y resolver el problema de la corrupción y de la arbitrariedad.

“En su momento señalé que persiste un interés para formalmente cumplir la legalidad de los procedimientos pero al mismo tiempo que prevalece la arbitrariedad, la simulación y el abuso. Si se revisan los procedimientos de adquisiciones públicas se apreciará que son asignaciones directas por la falta de competencia.

“Si a eso añadimos la contratación de empresas cuya existencia solo es en el papel, o el desvío de recursos para contratar personal operativo disfrazado de asesorías, así como la omisión gubernamental en el proceso interno de control, en el ejercicio de las atribuciones de supervisión y el deterioro constante en el que se encuentran los puntos de contacto del gobierno y las personas que realizan trámites, más los grandes negocios al amparo del poder público como CUSAEM, todo ello sigue provocando el fracaso de cualquier estrategia de combate a la corrupción y de restablecimiento de la legalidad. Esperemos que eso comience a cambiar pronto en nuestro estado”, precisó.

Por su lado, a presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Laura González advirtió que la falta de una reglamentación adecuada, y los abusos de autoridad dificultan la participación ciudadana y el ejercicio de un buen gobierno, y para las organizaciones empresariales, el fortalecimiento del Estado de Derecho es un eje fundamental.

Por ello, dijo, resultan preocupantes los resultados del “Índice de Estado de Derecho 2021-2022 que ubica al Estado de México en la posición 29 de los 32 estados del país, en que se obtienen los peores resultados en materia de corrupción, orden, seguridad, justicia penal, cumplimiento regulatorio, transparencia y respeto a los derechos humanos.

Sostuvo que a seis años de la aprobación de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (2017) no se ha observado una disminución de los actos de corrupción en la administración pública, por lo cual se debe replantear de manera integral para simplificarlo, hacerlo más efectivo y fortalecer la capacidad de operación de los órganos encargados de su aplicación, con mayor autonomía e impulsando la participación de organizaciones ciudadanas.

“Se debe evitar la existencia de una compleja red de autoridades, comités, consejos y multiplicidad de leyes que hacen que la lucha contra la corrupción sea confusa y poco eficaz”.

También propuso ampliar las medidas que obliguen a la rendición de cuentas de servidores públicos, que incluyan controles no gubernamentales como el acceso a la información pública, la libertad de expresión y la denuncia pública; simplificar el trámite contenido en el Código de Procedimientos Administrativos y replantear el funcionamiento e integración del Tribunal de Justicia Administrativa que ha burocratizado en exceso la defensa de la ciudadanía, carece de recursos para atender la creciente demanda y de un servicio profesional de carrera.

También consideró que las medidas regulatorias de la actividad económica deben ser aplicadas con el propósito de garantizar el crecimiento y desarrollo ordenado del estado y no fomentar la corrupción de inspectores y tomar medidas oportunas para fortalecer la conciliación en los conflictos laborales.

La próxima administración estatal, dijo, deberá incluir el fortalecimiento del Estado de Derecho, basado en el imperio de la Ley, la división de poderes, la legalidad de los actos administrativos y el respeto a los derechos fundamentales.

Información: El Sol de Toluca