El Ejército Mexicano, entre la espada y la ordenanza

Los últimos acontecimientos como el alza de la gasolina, el gas LP y las manifestaciones sociales han ensombrecido un tema sumamente delicado como es la actividad y campo de acción de las Fuerzas Armadas.

El Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas se encuentran en un dilema sobre su actuación en la seguridad interna del país, al menos así lo ha externado el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien ha fijado su postura con el Poder Legislativo y Ejecutivo sobre contar con el marco jurídico que defina y regule el proceder de las tropas, para dar certeza a la sociedad sobre sus actividades, el cómo hacerlo y cuándo se debe hacer.

La línea de actuación que divide a las Fuerzas Armadas de la sociedad es muy delgada y casi transparente, así se ha visto en los hechos reales, en donde la actividad castrense se ha enfrentado a los cárteles de la droga y para disolver hechos de manifestación de grupos sociales, amén de su intervención en apoyo a la sociedad en desastres naturales.

El proceder de las Fuerzas Armadas ha tenido un doble papel dentro de la sociedad; el primero ha sido el apoyar en casos de desastre natural principalmente, y por otro lado preservar el orden interno del país.

Por ello, el general secretario de la Defensa Nacional pide a los legisladores que realicen su trabajo parlamentario y definan cómo, cuándo, dónde y porqué deben proceder las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad.

Los efectos de su intervención, han llevado a las Fuerzas Armadas a ser acusados de violaciones a los derechos humanos, corrupción, así como hasta mencionar la eliminación del fuero militar.

El General Cienfuegos ha manifestado que el estado, a través de la Secretaría de Gobernación, debe poner orden al caos provocado por el crimen organizado, no solo de la droga, ahora también los llamados huachicoleros que roban el combustible.

Este orden debe ser a través de las policías municipales, estatales y federales, pero hay un gran problema, la corrupción que existe en los cuerpos policiacos, en las autoridades municipales y estatales, es debido a la conveniencia de continuar en las nóminas clandestinas del crimen organizado.

Los cuerpos policiacos deberán tener una formación con valores, disciplina y lealtad como primer punto, pero aún teniéndolos y sin el armamento adecuado, la logística y el temple están en desigual lucha.

El miedo a las desapariciones por parte de los miembros policiacos está por encima de todo lo anterior, con sueldos raquíticos, que lo mejor es estar del lado del crimen organizado que dentro del orden de una sociedad.

México no es la excepción a nivel mundial, en otros países los temas son terrorismo religioso, político y aquí es la droga y robo de combustible.

Los gobernadores de los estados no hacen nada por evitar esta problemática y están dejando en manos de la Federación el afrontar y resolver todos y cada uno de los casos que se presentan.

El ensuciarse las manos representa para aquellos políticos disminuir sus aspiraciones en otros proyectos más personales que de orden social.

Las Fuerzas Armadas han demostrado su lealtad a las instituciones como cuando se dio por vez primera un cambio de partido político en el poder del país con Vicente Fox, se especuló en ese entonces que el mayor problema en materia de seguridad iba a ser en cumplir las órdenes presidenciales.

Posteriormente, en el sexenio de Felipe Calderón, el tema se agudizó cuando por orden Presidencial se sacó de los cuarteles a los miembros castrenses para hacer frente a los cárteles de la droga.

Hay que definir que las fuerzas armadas actúan por voluntad del Alto Mando, para eso el presidente de la República tiene jurisdicción constitucional, y basándose en el artículo 89 fracciones VI y VII que le otorgan facultades y obligaciones de disponer de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

El hacer referencia al artículo 129 constitucional, el cual establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podrá tener más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, es de impetuosa necesidad que el poder legislativo se avoque a estudiar las actividades y sobre todo, los límites de actuación de las fuerzas armadas evitando vacíos legales.

Establecer una ley clara sobre seguridad interior es muy necesario, incluyendo las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, de los mandos policiales, pero sobre todo, de las autoridades políticas en cada entidad.