¿Y la ayuda económica de Estados Unidos para Derechos Humanos?

El 22 de octubre de 2007, los presidentes de México y Estados Unidos anunciaron un programa de colaboración para combatir el narcotráfico y el terrorismo llamado “Iniciativa Mérida”, la cual, preveía inicialmente una ayuda de 1,400 millones de dólares de Estados Unidos hacia México por un periodo de tres años.

El presupuesto otorgado para la Iniciativa Mérida estaba dividido en tres grandes rubros: 1) Combate al narcotráfico, al terrorismo y seguridad fronteriza; 2) Seguridad pública y aplicación de la ley; y 3) Construcción institucional y estado de derecho.

El año de arranque de la Iniciativa Mérida, fue en 2009; ya que 2007 y 2008 enfrento problemáticas como la necesidad del gobierno estadounidense de cerciorarse de que los fondos se utilizarían de manera adecuada, la burocracia, las presiones políticas dentro de Estados Unidos generadas por la crisis económica mundial y la revelación de nuevos casos de corrupción entre los altos mandos mexicanos encargados del combate a las drogas, lo cual hizo revivir la tradicional desconfianza, retrasando la puesta en marcha de este programa.

Para el arranque de esta iniciativa se destinó por parte de Estados Unidos; $852.78 millones de dólares como asistencia económica, la cual se ha visto mermada en un 49 por ciento a la presupuestada para el año fiscal 2013, y 533.28 por ciento menos que la del 2009, quedando ahora para el año fiscal 2017 en 134.66 millones de dólares.

En 2015 el gobierno estadunidense bloqueó parte de los fondos anuales que destina a México dentro de la Iniciativa Mérida de colaboración para la seguridad, por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Por casos como el de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, localidad de Iguala, en septiembre de 2014, organizaciones como Human Rights Watch llevaban tiempo reclamando al gobierno de EU que supeditara la entrega de fondos a avances en la situación de los derechos humanos en México.

En la actualidad, la mayor parte de la asistencia estadounidense se utiliza para aspectos relacionados con la democracia, derechos humanos y gobernanza, en la categoría de democracia y derechos humanos, 58 millones de dólares se destinan para fortalecer el Estado de derecho y las garantías individuales en el país; 16.65 millones se prevén para acciones que fomentan la buena gobernanza y 4.20 millones para organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, el empleo de esta ayuda económica, aunada a el presupuesto que se destina al rubro de derechos humanos, haría albergar esperanzas de efectivizar las estrategias de desarrollo, en un marco en el que los derechos humanos sean respetados y garantizados y se prioricen los sectores más excluidos y vulnerados de la sociedad, donde el mayor porcentaje lo ocupan las mujeres.

Situación que sucede a contrario sensu desde la implementación de la iniciativa, ya que precisamente en el sexenio de Felipe Calderón fue cuando se dispararon los casos de violación a derechos humanos en el país y mención aparte merece la administración de Peña Nieto, que ha sido catalogada como la más cruenta y sangrienta.

Por lo anterior, cabría realizar las siguientes preguntas: ¿Dónde se fue ese dinero? ¿Cómo se ha gastado? ¿Quién lo ha gastado? Porque, a pesar de ser de los principales rubros en los que se invierte esta ayuda económica, los resultados para los que fueron destinados son adversos , los derechos humanos en México son meras acepciones teóricas; la corrupción sistémica avanza sin ningún reparo de nuestras autoridades, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico están más que perdidas.

¿Qué se ha hecho con ese dinero?