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¡Háganse a un lado!

Oscar Legaspi
El Ojo Político
2017-05-15 06:57:34

Bastó un enfrentamiento entre el Ejército y los huachicoleros con las consecuencias lamentables que todos conocimos a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

La noche del 3 de mayo, en la comunidad de Palmarito Tochapan perteneciente a “El Triángulo Rojo” en Puebla, una patrulla del Ejército fue recibida a balazos por un grupo de personas, de esas que hacen la función de defensa dentro de la estructura del huachicol.

En un primer enfrentamiento cayeron abatidos dos soldados por la sorpresa de la emboscada cuando se dirigían a un punto donde se ordeñaba un ducto de Pemex.

En un segundo ataque que se registró un par de horas después, fueron abatidos dos castrenses más y según un comunicado de la propia Sedena quedó:

“Al tomar el control de la situación, los efectivos castrenses lograron la detención de 12 agresores, entre ellos 2 menores de edad y se aseguraron 3 fusiles automáticos, 1 arma corta, cargadores y cartuchos, así como 4 camionetas, 2 de ellas con blindaje de fábrica”.

El saldo total de muertos fue de 4 soldados fallecidos, 6 personas del grupo agresor entre ellos 1 mujer y 1 menor de edad.

El punto de análisis es que este grupo de ataque se resguardó atrás de mujeres y niños para que no fueran repelidos por la fuerza castrense.

La utilización de armamento de grueso calibre y de vehículos blindados, sobre todo.

¿Acaso las autoridades municipales, estatales y federales no sabían de este tipo de logística huachicolera?

Si fuera este el caso, en el país vecino del norte ya hubiéramos dado cuándo y cómo se compraron los vehículos blindados, quién vendió las armas y la identificación plena de los agresores.

Hace años, las guerrillas se enfrentaban al ejército en lugares apartados de la sociedad, se usaban armas ligeras de origen soviético; hoy esas guerrillas se volvieron urbanas, involucrando a la sociedad como escudo.

Eso en otros países se llama  terrorismo.

Dentro de este análisis se observa que el origen del huachicol se dio en Puebla durante el ejercicio de Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador.

El director de Seguridad Pública en ese entonces era Facundo Rosas, quien posteriormente fue destituido del cargo por otro asunto de gran envergadura y que por tal motivo a Moreno Valle le pusieron el mote de “El Gober Bala”.

El exdirector de Seguridad Pública continuó tejiendo una amplia red de corrupción entre los presidentes municipales para amedrentarlos si no cumplían con los designios de arriba.

Siendo de esa manera, el huachicol empezó a ordenarse de tal manera que los robos de combustible empezaron a diestra y siniestra con la complacencia de las policías municipales y sobre todo, de la policía estatal.

Ese combustible robado empezó a comercializarse en carreteras, tianguis, mercados, empleados de dependencias.

La pregunta es ¿porqué desde ese entonces el hoy exgobernador y aspirante presidencial no hizo nada al respecto?

En la entrega de esta columna, del 20 de marzo, se da puntual información sobre el huachicoleo, son 131 kilómetros de ductos que van de la comunidad de Esperanza que colinda con Veracruz hasta el municipio de San Martín Texmelucan y sus juntas auxiliares que colindan con el Estado de México.

Hoy, el huachicol empieza a extenderse a otros estados como Hidalgo y Veracruz, donde ya se registraron enfrentamientos con las fuerzas armadas.

De tal manera que a consecuencia de que el robo de combustible se empieza a convertir en guerra de guerrillas, la Comisión Permanente, a través del presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Jorge Ramos Hernández, solicitó a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional convocar a los titulares de Pemex y Segob para que informen sobre el robo de combustible en las entidades afectadas; además de que informen sobre las estrategias que implementaron para solucionar el conflicto.

En una entrevista radiofónica, Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que los operativos en Puebla continuarán para detener la ordeña de ductos, se detendrá a los policías municipales, ediles o a los pobladores que los encubran o que se hagan a un lado.

¿Habrá espacio en las cárceles para dar cabida a todos ellos que forman parte de la estructura huachicol?

¿En verdad llegarán hasta la punta de la pirámide?

¿Acaso dentro de su análisis consideraron el estudio de las comunidades y el apoyo federal para el campo?

¿Consideraron el nivel de pobreza de esas comunidades?

¿La Secretaría de Hacienda en verdad está haciendo el cruce de información en las compras y ventas de combustible?

¿La policía estatal o federal tiene en claro cómo es el suministro de armas a estos grupos?

¿El Cisen está funcionando realmente?  Está claro que en tiempos de la guerra de guerrillas, en tiempos de grupos armados clandestinos, la información fluía de tal manera que hasta el propio presidente sabía el árbol genealógico de los guerrilleros.

De que hay formas de cerrarle el paso al huachicol las hay, veremos la voluntad para hacerlo.