La política como negocio

Dicen que no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla dijera el refrán popular, tal es el caso de Sergio Islas Olvera, ex director de Radio y Televisión de Hidalgo de la pasada administración, quien fuera acusado por desviar 77 millones de pesos y detenido la semana pasada para enfrentar los cargos que se le imputan.

De acuerdo a la causa penal 84/2017 es presunto responsable del delito de negociaciones indebidas en agravio de la administración pública.

El gobernador Omar Fayad desde el inicio de gestión, manifestó que no iba a permitir que los excesos de la anterior administración quedaran impunes.

Desde el momento en que descubierta la desviación por parte de Islas Olvera, se hizo lo pertinente por parte de la administración actual  ante las autoridades judiciales a pesar de los múltiples amparos promovidos para evitar la detención.

No cabe duda que para algunos la política es convertida en negocio, no importa robar, desviar, apoderarse de recursos que son emanados del erario público.

De hecho los colores y la ideología de los partidos políticos queda fuera al momento de arribar a un puesto público donde se manejan recursos, lo importante es hacerse ricos a pesar del costo que implica.

Cada cambio de administración representa un gasto fuerte para la administración que lo recibe, pues de alguna manera el curso de las actividades tiene que continuar y para ello hay que rehacerse de mobiliario, equipo de cómputo, equipo de transporte, etc., como es el caso en las administraciones municipales.

La ley es normativa para algunos, para otros es simplemente su ley de Herodes; la aplicación y ejecución de la misma es como decían las anteriores generaciones que la ley es para los pobres, para los ricos y políticos es simplemente  gracia.

Para muestra otro botón de que la política es un negocio, es el caso de la actual directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ex secretaria de Finanzas en el estado de Hidalgo, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado.

A esta directora se le señala por vender áreas verdes del fraccionamiento San Javier en la capital hidalguense,  que eran consideradas como bienes del dominio público y pese a ello, todavía las vendió a un 25 por ciento por debajo del valor real.

Nos preguntamos cómo es posible que Nuvia Mayorga hubiese vendido tales áreas, esto tiene un poco de historia.

Pasaron 30 años desde que en 1980 el gobernador de entonces, Jorge Rojo Lugo, hizo público el convenio de autorización del Fraccionamiento San Javier a la Inmobiliaria Valle de San Javier S.A. de C.V.

Desde la aprobación del Fraccionamiento se estableció una superficie de 90 mil metros cuadrados en donación de los cuales 37 mil metros cuadrados era para jardines, 20 mil para instalaciones educativas y 32 mil para expropiación de vialidad oficial.

La diputada local emanada del PAN, Gloria Romero León, hizo el señalamiento público desde la tribuna del Congreso local, sustentando lo dicho a través de dos decretos, el primero donde se autoriza como Fraccionamiento San Javier en 1980 y el segundo que valida la enajenación en 2010.

Como vemos, la autorización de enajenación se dio a finales de la administración de Osorio Chong mediante el registro de compra venta llevado a cabo en la Notaria Pública 18 de la que es titular Pedro Luis Noble Monterrubio, quien en ese entonces gozaba de licencia y hoy es diputado federal por el distrito de Acopan, Hidalgo.

En el 2010 el entonces gobernador, autorizó enajenar dichas áreas mediante publicación en el Diario Oficial, facultando como representante del Ejecutivo a su secretaria de Finanzas Nuvia Mayorga.

El tema principal es que las áreas de uso común nunca se mencionaron que fueron donación de la inmobiliaria desde 1980 y que debieron seguirse considerando como dominio público.

Teniendo casos recientes como Javier Duarte, detenido en Guatemala y extraditado a México la semana pasada, vemos con gran decepción toda una faramalla para juzgarlo.

De acuerdo al Nuevo Sistema Penal Acusatorio miles de delincuentes del fuero común así como políticos que han abusado del poder, se acogen a las nuevas disposiciones resultando que los procesos por los que son juzgados les brindan la oportunidad de gozar de su libertad.

Con ello da pie a que los políticos a pesar de ser perseguidos y señalados, sigan haciendo de la política un gran negocio.

Veremos cómo se desvanecen los delitos que se le imputan a Javier Duarte por errores de proceso argumentando violación a los derechos humanos por parte de la PGR.

 La desviación de la mirada será en función de que si queda preso o no, pero lo más importante es donde quedó el dinero robado.