Políticos desaforados

Casi a la par de haber entrado en vigencia el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el pasado 19 de julio, en Hidalgo se aprobó el RETIRO DE INMUNIDAD PROCESAL, comúnmente conocido como DESAFUERO.

En iniciativa enviada al Congreso del Estado, el 2 de marzo, por el gobernador Omar Fayad Meneses, éste solicitó el estudio y aprobación de retirar la inmunidad procesal a todo político con cargo de servidor público de alto nivel, incluyéndose él mismo.

La semana pasada, fue aprobada en primera instancia en Comisiones conjuntas -la Instructora como la de Legislación y Puntos Constitucionales-, continuando el procedimiento legal administrativo con la presentación ante el Pleno del Congreso local, siendo aprobada con 25 votos a favor de los 30 que lo componen, es decir, los integrantes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD, PES así como Movimiento Ciudadano coincidieron en el objetivo.

Una vez con luz verde, se enviará a los 84 municipios de Hidalgo para que en sesión de Cabildo sea también aprobada.

Como en todo proceso legal administrativo, se requiere que 50, más 1 de los ayuntamientos la aprueben, y una vez subsanado este último paso, en septiembre será publicada y entrará en vigor.

El retiro del fuero que protegía a los servidores públicos en las actividades confiadas al buen desempeño, honestidad y capacidad de sus puestos, comprende, según el organigrama administrativo desde el gobernador, secretarios de despacho, magistrados, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos.

No dar cabida a la corrupción

Como mencionamos al inicio de esta columna, casi a la par entró en vigor el SNA, el cual está integrado por un conjunto de leyes e instituciones, con la participación de organismos ciudadanos para enfrentar de una manera amplia la corrupción a nivel nacional.

A la creación de dicho sistema, aparece la figura de la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, aparte de la mayoría de las instituciones que ya existían.

Hidalgo, al momento del arranque del SNA, contaba con 90 por ciento de adelanto en el procedimiento para nombrar al fiscal.

En la entidad, la aprobación de la iniciativa de desaforar a los servidores públicos, a la par de la implementación del SNA a nivel nacional y por ende a nivel estatal, representa los intereses del gobernador de NO permitir en primer lugar dar cabida a la corrupción, puesto que el SNA está integrado por un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana con un secretario Técnico; y por el otro lado, un Comité Coordinador con 6 sillas que ocupan los titulares de las instituciones que conforman al sistema (Auditoría Superior de la Federación, Secretario de la Función Pública, Tribunal de Justicia Administrativa, el consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Políticos se quedan sin fuero

Con lo anterior, los funcionarios a la fecha quedan bajo la lupa, solo a medias por la falta del nombramiento del fiscal Anticorrupción local.

A partir de la semana pasada, la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que toda persona que reciba recursos del Estado debe presentar anualmente su declaración patrimonial y de intereses.

Lo anterior, implica desde el más modesto trabajador hasta el presidente de la República a nivel federal, y a nivel estatal, desde el gobernador hasta el último empleado no importando sea eventual, de base, honorarios y sobre todo, a aquel particular que haga negocios con el gobierno.

No del todo está completo el SNA y los locales. La falta de lineamientos, formatos y especificaciones sobre la actividad de quienes lo integran están aún pendientes.

En Hidalgo, cualquier político que desempeñe un cargo público tendrá que pensar y repensar su forma de actuar, por un lado no tendrá el fuero que antes tenía y que le permitía en su momento llevar a cabo triquiñuelas protegiéndolo a toda costa que la ley lo alcanzará; y por otro lado, cualquier acto de corrupción que le sea comprobado por el Sistema Local Anticorrupción se verá obligado a enfrentar de forma directa el delito por el que se le llegara a señalar.

No cabe duda que Omar Fayad se estará quitando la presión de proteger a cuanto político se sentía cobijado por el fuero, y ya entrados en el tema, lo mejor de todo ello es que el SLA también estará integrado por participación ciudadana como en el federal.

Con lo anterior, vislumbramos la desaparición de la Ley de Herodes que tantos políticos hicieron de ella como su bandera para servir y vivir.