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Políticos prefieren la cancha dispareja y a modo

Jesús Sánchez
El Rincón del Chamán
2017-09-11 06:54:11

A los ciudadanos que tenemos el derecho y la obligación de acudir a las urnas para elegir a nuestros representantes populares, nos preocupa que los participantes en la contienda se resistan a jugar con reglas de equidad. Se nota que prefieren el juego electoral simulado y con posibilidades de ganar ventaja en una cancha dispareja.

Eso explica por qué los partidos echaron abajo los lineamientos de la cancha pareja, propuestos por los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que no tenían otro propósito que corregir las omisiones que existen en las leyes electorales y que en nuestros días enmascaran prácticas para inducir los votos.

El banderazo que el 8 de septiembre dieron las autoridades del INE, para los comicios de 2018, dispondrá de una estructura que por lo avanzada de su diseño es modelo democrático para muchos países en el mundo, pero tendrá como protagonistas a una clase política sumida en el desprestigio.

La desconfianza sigue siendo la piedra angular de nuestras votaciones, pero los políticos prefieren pasarle la factura a las autoridades electorales en un juego de gatopardismo, es decir, simular que cambian para que todo siga igual.

El presupuesto del INE, para los comicios de 2018 es muy elevado, refleja que nos cuesta muy caro mantener a los partidos y los candidatos, pero hay que insistir en que el Instituto Nacional Electoral no actúa por capricho para proponer montos, a veces insultantes de recursos para financiarlos, sino que son mandatos de ley aprobados por los propios institutos políticos en el Congreso.

El INE chocó otra vez con el muro infranqueable de la partidocracia que se rieron de los lineamientos que propusieron los consejeros en lo que llamaron cancha pareja y que no era otra cosa que un esfuerzo para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Ah, pero los partidos y sus dirigentes, representantes de la presidencia de la República, gobernadores y aspirantes, se sintieron agredidos por pedirles no simular las campañas anticipadas y el abuso de las pautas de propaganda vía los spots; por pedirles no comprar espacios engañosos en medios de comunicación y en redes sociales y por intentar desvincular los programas sociales del proceso electoral.

Cuando los partidos se sienten presionados recurren a lo más fácil, amagar a la autoridad electoral con la renuncia de los consejeros, comenzando por Lorenzo Córdova, a los que también han etiquetado como parte de la mafia del poder. Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita saben de la ira irracional de la partidocracia.

Este es el triste panorama. Unas semanas antes de que se diera el banderazo, para iniciar el proceso 2018, el máximo tribunal electoral recibió poco más de 700 recursos de impugnación en contra de los lineamientos de la cancha pareja.

Aunque los consejeros del INE argumentaron de mil maneras que no se excedían en sus atribuciones, casi todos los ministros electorales coincidieron con los pobres quejosos en que el Instituto Nacional Electoral se le pasó la mano e intentó modificar los términos del artículo 134 Constitucional con medidas que además transgreden la libertad de expresión. Uf.

El perro más flaco

Decía la abuela de Melita Peláez (Mela para sus detractores) que al perro más flaco se le suben las pulgas, y eso lo vemos en el caso del INE, al que le regatean todo, menos el presupuesto que en prerrogativas determinó para los partidos en 2018.

Una de las batallas perdidas por dicho Instituto fue el intento por establecer reglas para evitar el agandalle de los dirigentes partidistas en el uso de los spots, principalmente en los casos de Morena y el PAN, ante lo evidente, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés aseguraron su promoción personal como aspirantes a la candidatura presidencial.

Ante los manotazos de los partidos, el Instituto Nacional Electoral pasó de los acuerdos de buena fe a los lineamientos generales. Pero los representantes partidistas en el INE actúan literalmente como la “Chimoltrufia”, porque en las sesiones del órgano electoral apoyan los acuerdos, pero apenas termina la sesión acuden ante el tribunal a quejarse, amargamente.

Ya veremos si es cierto que los líderes, voceros o militantes partidistas con intención de postularse a algún cargo de elección popular, se abstienen de aparecer en los spots oficiales hasta que inicien las precampañas.

Se supone que los únicos que podrán aparecer en dichos medios, entre las precampañas y campañas, serán los dirigentes que no piensen postularse a cargos de elección.

El hecho de que AMLO y Anaya utilizaran las pautas oficiales para promoverse sirvió para justificar el rechazo a las medidas del INE. “Ya para qué”, argumentaron los tremendistas.

Redes sociales sin límites

Pero la gota que derramó la bilis de los jugadores políticos, convertidos en acérrimos críticos de los árbitros electorales tuvo que ver con un intento de prohibir la contratación de espacios comerciales simulados en medios de comunicación, incluidas las redes sociales, para promoción personal de los aspirantes.

La CIRT y algunos solicitantes a candidatos independientes pusieron el grito en el cielo y reclamaron que se estaba violentando la libertad de expresión, aunque los consejeros del INE explicaron que si bien nada impide a los aspirantes a dar entrevistas y a los medios a informar sobre el proceso electoral, lo que no se vale es comprar espacios (incluidas las redes sociales) y disfrazar la propaganda como información, pues resulta un engaño al ciudadano.

Los dirigentes de partidos y otros interesados atacaron, ferozmente al INE y se quejaron de crear desventajas para los competidores. Las redes sociales son un nuevo mercado en el que las campañas disfrazadas cuestan mucho dinero.

La desconfianza

El 5 de septiembre, días después de que el TEPJF revocó las reglas de la cancha pareja del INE, los consejeros aprobaron una propuesta para regular el artículo 134 Constitucional, cuya intención es desvincular los programas sociales del procesos electoral, así como la prohibición de reparto de tarjetas de dinero plástico a cambio de la promesa del voto.

Se trata de corregir las omisiones en que ha incurrido el propio Congreso en la ley electoral y evitar que se repitan episodios como el reparto de apoyos de programas sociales en actos públicos que beneficie o vaya en contra de un candidato.

También se establecen restricciones a la clara intención de la compra anticipada de votos mediante dinero electrónico, como ocurrió en el caso Monex y recientemente, en el Estado de México y Coahuila. En esta práctica están involucrados todos los colores partidistas.

Todavía no se sabe la suerte que correrán estas propuestas, aunque el INE insiste en que no contravienen lo planteado por el tribunal electoral. El hecho es que los interesados en ponerle obstáculos a la equidad son los propios partidos. Luego se quejan de que los ciudadanos cada vez confían menos en los políticos.


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