¿En quién confiar los recursos y donaciones para combatir el desastre?

El fuerte terremoto con una magnitud de 7.1, ocurrido el pasado 19 de septiembre, causó graves daños en la CDMX, Puebla, Morelos y Guerrero, aunados a los ya existentes, por el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas, despertando la fuerza y la solidaridad de los mexicanos, así como de entes de otros países.

Los ciudadanos, diferentes organizaciones privadas, académicas y sociales, hicieron acopio de víveres, medicamentos, ropa, herramientas y hasta de dinero en efectivo, para hacérselos llegar a quienes resultaron afectados por ambos temblores.

De igual manera, la Cruz Roja de México y el Ejército Nacional se organizaron para hacer llegar cualquier tipo de ayuda en la reconstrucción de las viviendas de los afectados.

Sin embargo, lamentablemente también aumentan las denuncias contra individuos que a pesar de la tragedia, nunca se olvidan de buscar su beneficio personal, y tratan de sacar ventaja política.

Ejemplo de lo anterior fue lo sucedido con el gobierno de Graco Ramírez, quien fue denunciado por la ciudadanía de bloquear o condicionar la distribución de la ayuda para personas afectadas por el sismo.

Razón por la cual, muchos son los que han dejado de donar o han cuestionado a las instituciones por no saber si su ayuda llegará, efectivamente a los damnificados. “Hay muchas personas que en los desastres se aprovechan del estado emocional de las personas”, dijo Sara Nason, una vocera del observatorio de asociaciones, sin fines de lucro Charity Navigator, en una entrevista telefónica.

Sistema Nacional de Protección Civil

Por lo anterior, debemos preguntar ¿quién es el responsable política y legalmente de garantizar tanto a donadores y damnificados que la ayuda obtenida sea óptimamente distribuida y de que no irá a parar a los bolsillos o bodegas de algún político?

Pues bien, la respuesta es que en México existe todo un sistema establecido para este fin, como parte del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, denominado: “El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)”.

Éste es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios.

En el que se establece que, en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia.

Este sistema está representado en sus tres niveles, por los Consejos Nacional, Estatales y Municipales, como órganos de dirección encargados de la organización y administración de los recursos y ayudas a damnificados y en el caso del federal está integrado por: el presidente de la República, como dirigente máximo; un secretario ejecutivo representado por el secretario de gobernación; y por un secretario técnico cuyas responsabilidades recaen en la subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social de la Segob.

Políticos oportunistas, sin piedad de los necesitados

La Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 2012, sienta las bases de coordinación de este sistema y fortalece la Gestión Integral de Riesgos y consolida el entramado institucional necesario para integrar un Sistema Nacional de Protección Civil.

Sin embargo, las normas jurídicas complementarias a la citada ley no fueron actualizadas, pues el Sinaproc había funcionado con la normatividad existente, por lo que pesar de ser todo un sistema nacional con una operación formal, ha quedado evidenciada su inoperancia para optimizar los recursos recabados en favor de quien más los necesita, permitiendo que funcionarios sin escrúpulos aprovechen tal situación para lucrar con estos recursos o desviarlos en beneficio propio.

Con base en lo anterior, se convierte en una necesidad urgente, legislar en el sentido de sancionar ejemplarmente, a quien en uso de una función pública o privada, aproveche, desvié o lucre con recursos destinados a satisfacer las necesidades de los damnificados.

Aún queda mucho por hacer, falta la reconstrucción de los edificios públicos y viviendas dañadas, donde tanto las grandes empresas proveedoras de materiales para construcción, así como las constructoras ya se están frotando las manos por el jugoso negocio que les espera, en momentos en que muchas organizaciones y grupos de la sociedad civil están presionando para que muchas empresas de manufactura de bienes y servicios bajen sus precios.

Sería oportuno que la sociedad civil exigiera al gobierno, presione a estas empresas como las cementeras y proveedoras de acero, para que bajen sus precios en lo que se avanza en las labores de reconstrucción que es lo que más preocupa a los damnificados.