Habemus fiscal en Hidalgo

Habemus fiscal anticorrupción en la entidad. El responsable es Ricardo César González Baños. Como ya se cantaba desde meses atrás y ante la prioridad de la administración de Omar Fayad Meneses de darle velocidad a sancionar los innumerables actos de corrupción del sexenio pasado; con 24 votos a favor y 6 en contra, fue aprobado el dictamen del nombramiento del fiscal especializado en delitos de corrupción.

La fracción de la LXIII Legislatura local opositora al partido gobernante integrada por el PAN (Mariana Bautista de Jesús y Gloria Romero León), Morena (Efrén Salazar Pérez) y PRD (Sandra Simey Olvera, Margarita Ramos y Marco Antonio Ramos Moguel) representaron la votación en contra.

Mientras tanto, la otra fracción estuvo a favor, por coincidir en que el proceso de elección cubrió los requisitos dados a conocer previamente, llevándose a cabo de forma transparente, plural y abierta a toda la sociedad civil organizada, la comunidad académica de la entidad, así como a todas las fuerzas políticas del estado, privilegiando la independencia entre el poder Legislativo y el Ejecutivo.

Ahora bien, González Baños tiene en sus manos un gran paquete para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes incurrieron presuntamente en daño al erario público de Hidalgo, durante la gestión de José Francisco Olvera Ruíz.

Hemos hablado en anteriores entregas de El Ojo Político sobre los funcionarios del gobierno y expresidentes municipales que incurrieron en negociaciones prohibidas y desvíos y en algunos casos se han concretado las órdenes de aprehensión y en otros existen carpetas abiertas de investigación por la PGR.

El caso Operadora Mersi

Al igual que ha sucedido con exgobernadores señalados por supuestos desvíos de recursos, lavado de dinero y/o nexos con la delincuencia organizada —a anterior administración estatal está en ese supuesto—.

Están documentados más de mil 110 millones de pesos que son del patrimonio del estado y de los municipios basados en denuncias penales, los cuales fueron desviados durante el gobierno de Francisco Olvera.

Un caso entre tantos que tiene que pasar por las manos y cabeza del nuevo fiscal anticorrupción es el que se refiere a Operadora Mersi de la familia Del Blanco.

Esta empresa obtuvo durante la administración de Olvera 25 contratos de obra pública por más de 771 millones de pesos.

La relación entre Olvera y Ernesto del Blanco Arjona dio inicio desde la campaña a gobernador, asumiendo este último la posición de operador financiero.  

De los 25 contratos, Mersi obtuvo 16, sin tener un claro contrincante enfrente, de los cuales 6 fueron por adjudicación directa y los otros 10, aunque existía licitación pública y muchas empresas, se inscribían para llenar el requisito de “licitación abierta” a última hora declinaban, por lo que Mersi al quedarse sola y única se le asignaban los contratos.

Según consta en Compranet, en 2011 a Operadora Mersi se le asignaron 2 contratos. En 2012 fueron 9; 3 más en 2013, en 2014 fueron otros 4, otros 4 para 2015 y para terminar 3 contratos más en 2016.

La suma en acuerdos es de más de 771 millones de pesos y según se otorgaron para pavimentar o reparar tramos carreteros, muy común para el desvío de recursos, hasta la construcción o edificación de inmuebles públicos y aulas escolares.

Prueba de fuego para el fiscal

Hasta la fecha, como ya se había mencionado en anteriores entregas de El Ojo Político,  en la presente administración hay 5 exservidores públicos que laboraban en las Secretarías de Salud, de Educación Pública y el Sistema de Radio y Televisión imputados en actos de peculado y negociaciones indebidas, de los cuales 3 ya enfrentan procesos en reclusión, uno en libertad y otro se encuentra en calidad de prófugo.

El monto imputado asciende a mil 17 millones de pesos. Realmente, es una prueba de fuego para González Baños demostrar imparcialidad y distancia con el poder Ejecutivo, para proceder de manera eficiente en la investigación, recaudación de pruebas y comprobación a los hoy imputados.

En tiempos electorales, este tipo de medidas benefician al partido político en el poder para demostrar que la corrupción no es parte de su filosofía, como lo está haciendo Fayad hasta el momento.

Los señalamientos previos a la elección del fiscal, por parte de la oposición, siempre fueron en el sentido a los pactos de impunidad y la debilidad de las instituciones que tiene el estado, pero nunca mencionaron el logro del Ejecutivo, respecto a dejar sin efecto el “fuero constitucional” que ayuda de manera eficaz evitar esa protección legal de impunidad.

Así como los exservidores públicos imputados, hay 6 exalcaldes indiciados por no acreditar el uso de 96 millones de pesos. También hay otros como Eleazar García, expresidente municipal de Pachuca de Soto, quien ha servido como moneda de cambio con el PAN.

La imparcialidad debe existir, así como el distanciamiento con el Ejecutivo, sobre todo con los partidos políticos por parte del nuevo fiscal anticorrupción, sea quien sea y caiga quien caiga.