La encuesta fake de “presidencia”

Tuvieron que pasar 19 encuestas en igual número de meses, para que el vocero presidencial aclarara que ese estudio que mes con mes filtra al círculo rojo, en el que se presenta una encuesta supuestamente realizada por la Presidencia de la República es falsa.

Son casi dos años en los que políticos, periodistas y empresarios de todo el país han recibido mes con mes esta encuesta.

En esa dinámica, diversos medios y analistas políticos le han dado juego, al no existir ningún comunicado de la oficina de la Presidencia que desmintiera el estudio.

Fieles a su pasmosa política de comunicación, salió ayer el vocero presidencial —después de 19 meses— al aclarar que la encuesta no es de ellos.

Para su mala fortuna, la intención de generar la percepción de que a AMLO no lo alcanza ni Dios, ya surtió sus efectos.

Es el precio de tener una oficina de comunicación que piensa que seguimos viviendo en los tiempos de Echeverría y López Portillo. Por eso están como están.

La tormentosa Ley de Transporte 

Mientras el gobernador Tony Gali emprendió una campaña para mejorar la seguridad en el transporte, no solo del llamado servicio ejecutivo (UBER y plataformas similares), sino también en el mercantil (taxis negros y azules), pareciera que hay quienes quieren jugarle las contras; y una muestra fue la cerrazón para hacer cambios positivos a la iniciativa enviada a la comisión de transporte del Congreso del Estado, y que será aprobada este martes.

De entrada surgió una controversia técnica, al ver que en el artículo 12 se señala que el cobro debe ser electrónico, sin embargo cuando el diputado Pablo Montiel propuso que se especificara que esto significa que puede ser no sólo a través de tarjetas de crédito, sino de también de débito, prepago y monedero electrónico, los integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte votaron en contra, dejando a la interpretación lo que debe ser considerado como pago electrónico. 

Si bien es cierto, técnicamente habrá quien entienda como pago electrónico no sólo el que se realiza con tarjeta de crédito, la propuesta de puntualizar las diversas modalidades de pago no sobran, y le dan más claridad al usuario y evita interpretaciones cerradas a la autoridad competente.

Pero quizá el punto más importante, derivado de la fatal experiencia del caso Mara Fernanda, fue el hecho de exigir que en las aplicaciones exista un botón de pánico, y que el usuario esté conectado no sólo con los organismos de seguridad, sino con un familiar o un contacto de confianza; al hacerse esta observación, todos los integrantes de la Comisión de Transporte movieron la cabeza diciendo que sí, pero al momento de la votación se hicieron ojo de hormiga y desecharon la petición.

Les bastó con saber que el subsecretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, les dijo que ya estaba la petición, pero nunca les mostró dónde. Sobra decir que la ley no la incluyó.

Asimismo, el tema de la Carta de Antecedentes no Penales resulta un absurdo.

Por un lado Pablo Montiel les señaló que el solicitar la Carta de Antecedentes no Penales se viola el principio de inocencia. Sin embargo, el tema es más profundo, toda vez que la Fiscalía General del Estado lo que emite es un documento que acredita que una persona no ha sido sentenciada culpable por un delito intencional, pero en Puebla se omite información sobre la sujeción o vinculación a un proceso penal, tal y como sucedió con el “presunto” asesino de Mara Fernanda. 

Mientras sólo se limiten a los sentenciados y no se brinde información adicional en ellas, las cartas no son garantía de nada.
En la sesión hubo muchas propuestas, pero fue evidente que los diputados tenían la línea de no aceptar las propuestas de Pablo Montiel por un simple hecho, es considerado del grupo de Eduardo Rivera.

Ojalá para estos casos, la política se dejara a un lado y se antepusiera la necesidad ciudadana de contar con un servicio de transporte eficiente y seguro.