La autonomía rompe lanzas

Mediante iniciativa del gobernador Omar Fayad Meneses, enviada al Congreso del Estado, la LXIII Legislatura local emitió como respuesta el decreto 228 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos Humanos, del Código Electoral, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma, todas pertenecientes a la entidad.

Según consta en el Periódico Oficial como primer antecedente al decreto mencionado, que en sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2017 por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva les fue turnada la iniciativa enviada por el mandatario Fayad Meneses.

Como segundo antecedente se hace constar que quedó registrada en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales bajo el número 233/2017.

En el punto cuarto de los considerando se menciona lo siguiente:

“Que en virtud que estos Organismos Autónomos realizan funciones específicas del Estado, ejercen recursos públicos y son operados por servidores públicos, se hace necesaria la existencia de un Órgano de Control, quien será el encargado de vigilar que los recursos públicos sean administrados y ejercidos de acuerdo con las normas establecidas para tal efecto, el cual no afecta la autonomía y la independencia de la que gozan dichos organismos, se ubican al interior de los mismos, limitando su ámbito de competencia exclusivamente al ente, en donde se encuentran, y toda vez que funcionan con servidores públicos quienes se encuentran sujetos invariablemente a un régimen de responsabilidad administrativa, como lo establece la Constitución del Estado en su artículo 149”.

UAEH solicita suspensión del decreto 228
El punto quinto de los considerando dice: “Que los Órganos Internos de Control son una herramienta de suma importancia para la administración pública y la ciudadanía en el combate a la corrupción, atendiendo los reclamos en favor de un gobierno con mayor capacidad de satisfacer las necesidades sociales, aprovechando eficazmente los recursos a su disposición y recobrando la credibilidad y confianza en las instituciones públicas”.
En el presupuesto de egresos para 2018, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está considerada para ejercer 570 millones 221 mil 811 pesos, lo que representa 77.94 por ciento del total del presupuesto, donde están las instituciones mencionadas en la iniciativa y decreto en cuestión.
Siendo de esa manera, el grupo Universidad comandado por Gerardo Sosa Castelán, el “eterno líder” de la UAEH, interpuso un amparo ante los TEPJF para solicitar la suspensión del decreto 228, aprobado el 5 de octubre de 2017 por el Congreso Local.
Como antecedente, al inicio de esta guerra de interpretaciones legales y administración de los recursos económicos haremos mención que la UAEH se legitimó en diciembre de 2015, cuando se aprobaron varios cambios a la Ley Orgánica de la Universidad por parte del Congreso local, entrando en vigor el 1 de enero de 2016.
En esa reforma, permitió la creación de nuevas figuras legales con poder de mando dentro de la Institución, aunque algunas ya funcionaban desde hace años, se les dio el carácter legal como al patronato.

Congreso local no da marcha atrás

En esta primera reforma a la Ley Orgánica fijó a tres autoridades: el honorable consejo universitario, compuesto por exrectores como el líder vitalicio Gerardo Sosa Castelán, Humberto Veras Godoy, Juan Manuel Camacho Bertrán.

La segunda autoridad reconocida es el patronato universitario, integrado por José Manuel Covarrubias, Patricio Arriaga, Carlos Daniel García Reyes, Guillermo Sánchez Arrieta y ratificó a Gerardo Sosa como presidente del mismo organismo. La tercera autoridad es el defensor universitario.

En la segunda reforma a la Ley Orgánica de la Universidad se resta autogobernanza a la UAEH con la presencia de un órgano de control que supervise el quehacer de la institución.

Por un lado, los legisladores locales argumentan que el órgano de control no intervendrá en la toma de decisiones educativas y por otro, las autoridades universitarias dicen que sí lo hará porque el Congreso le está dando ese poder.

Para algunos es necesaria la intervención de un órgano de control porque por más de 140 años la Institución no le ha rendido cuentas a nadie y es necesario que se transparente el destino de los recursos que le son otorgados por el gobierno del estado.

Ante la postura del Congreso local de no dar marcha atrás al decreto 228, la UAEH se amparó ante el mismo y como consecuencia de ello, el juzgado primero de distrito de la judicatura federal dio entrada al amparo 1353/2017 concediendo la suspensión provisional de dicho decreto, emitido por el Congreso local.

La audiencia para rendir informes y aclaraciones es el próximo 18 de diciembre a las 9:00 horas, según el Consejo de la Judicatura Federal. El Congreso local argumenta la instalación de los entes de vigilancia como parte de las modificaciones legales que mandata el Sistema Estatal Anticorrupción.

De ser aprobado el decreto 228, la UAEH y el partido político que comanda Gerardo Sosa Castelán se verán disminuidos y acotados ante tanta corrupción que por años nadie se atrevió a desafiar al grupo Universidad protegido detrás de una “autonomía universitaria”.

No cabe duda que las lanzas se rompieron entre gobierno y universidad.