Militares a las calles y grupos de interés

El grupo político que gobierna desde Los Pinos cumplió el compromiso con el Ejército y Marina Armada de México, severamente cuestionados desde que Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar a estas instituciones a las calles para combatir a los delincuentes agrupados en las mafias que operan en el país.

El debate por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, no ha terminado. Fue postergada durante meses en el ámbito del Congreso de la Unión, finalmente fue autorizada por una mayoría integrada por el PRI-PVEM y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, con un solo voto de Acción Nacional.

Un sector de especialistas en materia de defensa de derechos humanos y de la geografía política en la izquierda han cuestionado la decisión del Congreso y la han colocado en el contexto de la disputa por el poder en 2018, con el argumento de alentar el ‘voto del
miedo’.

En medio de esta discusión, una mayoría en la bancada panista se colocó en un ángulo fácil: también fustigó el voto mayoritario con un razonamiento que atenta a la inteligencia de una sociedad debidamente informada. 

En el pasado, la actuación de militares y marinos en las calles obedeció a una decisión del panista Calderón Hinojosa y colocó a las fuerzas federales al frente de batalla contra narcos y malosos, con un cálculo de 60 mil muertos al término de su mandato.

La legalización de la participación de militares y marinos en las calles permitirá entender en su justa dimensión episodios como el del 3 de mayo en un poblado llamado Palmarito en Puebla, en donde un soldado parece ejecutar a un civil en una cruenta batalla contra huachicoleros.

En realidad, se trataba de una visión parcial e incompleta de una película de horror, en donde ya había sido abatido un soldado por un tiro en la espalda que un delincuente le propinó. De aquel episodio, solo se habló de la muerte de un civil, pero no de los otros 9 que cayeron en medio de una refriega con 6 ladrones de combustibles y 4 soldados.

El presidente y sus aliados en el Congreso de la Unión cumplieron con una añeja demanda de los titulares de las secretarías de la Defensa y Marina Armada de México, en medio de una red de intereses políticos y electorales que no puede ni debe ser desdeñada.