Franca regresión al autoritarismo

Gobernantes que acuden al encuentro con la plebe que los ovaciona, los idolatra y participa gustosa de la exaltación apoteósica de su príncipe, especialmente, si con su determinación ha ganado la guerra.

Rodeados de tentación imperiales, con tintes de monarquía, con ropajes republicanos: un monarca escoltado por su séquito, teniendo como rostro el del sistema autoritario hegemónico, envestido de desencanto político, miseria persistente y guerra que todo lo abarca.

La anterior escena parece ser el sueño presidencial, concebido desde el sexenio pasado, tanto el mando único como la Ley de Seguridad Interior fueron propuestos en un inicio por Felipe Calderón Hinojosa y que el gobierno de Enrique Peña Nieto, como se pronostica, logrará imponer.

Así es, tal parece que las reformas centralistas y coptadoras de poder han involucionado en este sexenio, a tal grado que el autoritarismo como sistema de gobierno se asoma, una vez más, con toda su crudeza en el escenario de la vida política de México.

El pasado 30 de noviembre, en la Cámara de Diputados, la aplanadora priista en complicidad con 14 diputados panistas, 2 del PRD y 2 de Encuentro Social, aprobaron, en sesión cerrada de la Comisión de Gobernación, el dictamen para votar en el pleno la Ley de Seguridad Interior, que tanto exigieron las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Riesgos que deben tomarse en cuenta

Dicha ley fue aprobada, de acuerdo con los legisladores, con base en la crisis de seguridad que padece el país desde hace más de una década, otorgando amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos.

Es decir, a cambio de que el Ejército participe en el combate a la delincuencia le otorgan facultades discrecionales ilimitadas, condicionadas solo a un informe de cuentas al titular del Ejecutivo en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Con lo anterior, una vez que esta ley entre en vigor, la participación de los militares en tareas de defensa pública se considerarán una necesidad de seguridad interior, sin prever riesgos como: la falta de controles efectivos a las fuerzas armadas; la discrecionalidad del presidente de la República para determinar la afectación de seguridad interior y de prolongar la presencia de las fuerzas federales, incluidas las armadas, por tiempo indeterminado.

Asimismo, la subordinación de los poderes civiles al mando castrense, la facultad para exigir información a órganos autónomos de investigaciones sobre fuerzas federales, decidir cuándo una manifestación o protesta social es pacífica y la atribución de clasificar todas las acciones realizadas en el contexto de la atención a una declaratoria de afectación de seguridad interior, como reservada por ser un tema de seguridad nacional, entre otros factores.

Fuerza política autónoma

De igual manera, pasando por alto los informes de organizaciones nacionales e internacionales, llamadas de alerta y recomendaciones de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, de activistas pro derechos humanos y familiares de desaparecidos, sobre la fallida estrategia de militarizar la seguridad pública en México.

De hecho, su servidor lo advirtió en una entrega anterior de esta columna, donde manifestaba que otorgar facultades a los militares para involucrarse de manera directa en asuntos de seguridad interna, los convertiría en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma, capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento.

Por ello, nuevamente reitero, la solución no está en normar procedimientos militares, violatorios de derechos humanos de los civiles, lo que se necesita es que la seguridad pública esté en manos de fuerzas de profesionales e incorruptibles por el narcotráfico, entender que este problema es un fenómeno social, cultural, económico y de salud.

Resultados nulos

Sin embargo, las voces que se oponen a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no serán suficientes para cambiar el voto de los miembros del Senado, quienes se aprestan a aprobarla en todos sus términos, precisamente por todas las prebendas, dietas que han recibido del actual gobierno, vendiendo su conciencia y defraudando a quienes en las urnas les dieron su voto y confianza.

Quizá los diputados y senadores que apoyan la aprobación de la ley piensan que nunca serán víctimas de los atropellos y violaciones en derechos humanos en contra de la población civil, que seguramente irán a la alza por la intervención “legal” de las fuerzas castrenses.

Diez años de militarización de la seguridad pública en el país y sus resultados nulos no fueron suficientes para deducir, que ese no es el camino correcto para combatir la delincuencia organizada y al narcotráfico. Pero seguramente, sí servirán para acallar la inconformidad de los ciudadanos en las elecciones de 2018. Para mí, ese es el fondo de todo esto.