Corrupción e impunidad electoral

La corrupción es un fenómeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones democráticas del país y el estado de derecho, asimismo origina violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados y menoscaba la calidad de vida.

Es el principal lastre de nuestro constructo social; abonado a la pérdida de credibilidad en el sistema político y en sus líderes, debilitando nuestras instituciones y generando un clima de frustración e inconformidad por parte de la sociedad.

Las causas que la originan –así como sus consecuencias– se explican desde una multiplicidad de factores: una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas. 

Asimismo, un marco institucional débil en coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto, y además, la lentitud en la procuración e impartición de justicia. 

Todo ello hace de la corrupción un fenómeno omnipresente –mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites y castigo al consumidor–.

Viejas mañas 

La hegemónica presencia del PRI juega un papel trascendental, como artífice principal del nacimiento y desarrollo de una corrupción con un estilo particularmente mexicanizado, ya que fue estratificándose conforme el acontecer de su desarrollo. Acostumbrado a doblegar a gobernadores, por medio del manejo discrecional del presupuesto, a usar a la SHCP como garrote político, sobre todo con mandatarios de oposición. 

Ese PRI dispuesto a pasar por sobre quien se oponga a su interés –para que nadie desmantele el pacto de impunidad– se vio golpeado por lo que ocurrió en Chihuahua, tras la investigación y denuncia de los fondos federales provenientes de la SHCP.

Lo cual, ocasionó la detención y el juicio de Alejandro Gutiérrez, operador de la triangulación financiera/electoral, tema que no solo atañe a Chihuahua. Involucra otros estados, otros nombres y otras transacciones irregulares.

Por tanto, la investigación se expande y amenaza con llegar a los niveles más altos del gobierno de Peña Nieto, como lo expuso el reportaje de The New York Times.

Rutas de triangulación 

Dicha situación prende focos rojos en un momento trascendental para la vida política y democrática de nuestro país, puesto que estamos inmersos, en un proceso electoral determinante para marcar las directrices de desarrollo de nuestro país.

En los próximos años, por el número de puestos de representación que estarán en juego, presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales que integrarán al Congreso de la Unión.

Además, la elección de 2 mil 777 cargos locales, como 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 972 diputaciones locales, mil 596 ayuntamientos, 184 juntas municipales y 16 alcaldías.

Por lo anterior, el INE y TEPJF, hoy en día, están aún más comprometidos y obligados a poner especial atención y vigilar las rutas de triangulación de fondos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda a elecciones del PRI que Javier Corral evidenció, porque les ha dicho cómo, cuándo, dónde y por medio de quién los priistas han desviado dinero para perpetuarse en el poder. 

Con lo que destapó una cloaca que si se va a fondo puede dejar muy mal parado al Revolucionario Institucional en el ánimo de los ciudadanos en el próximo proceso electoral.

Es decir, las autoridades electorales ya no contarán con el pretexto de no combatir la corrupción y la impunidad electoral, puesto que hoy, como todos los mexicanos, conocen el modus operandi de la manipulación electoral en México.

Lo cual, los pone ante la oportunidad histórica de organizar un proceso que consolide el constructo democrático nacional y sobre todo que les permita recuperar la confianza y credibilidad perdidas en razón de un actuar cómplice e indulgente para con los políticos y partidos políticos corruptos.