Ataque priista hacia los derechos humanos; su nueva Ley de Aguas

El 28 de julio de 2010, por medio de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció de manera explícita el derecho humano al agua y al saneamiento.

En ella, se exhortaba a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países –en particular a aquellos en vías de desarrollo–.

Desde noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15, sobre el derecho a dicha sustancia. El artículo 1.1 establece que: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”.

La observación nº 15 también define el derecho al vital líquido como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Asimismo, en apego a dicha normatividad internacional, en 2011 se elevó a rango constitucional el derecho humano a tal elemento y se estableció en el artículo 4 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”, publicado en 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, para la nueva Ley de Aguas que impulsa el gobierno federal y la bancada priista, la anterior normativa nacional o internacional, no tienen cabida, cuando de privatizar el uso del agua se trata, entregando su concesión a empresas que siempre resultan las mismas.

El objetivo perverso; el fracking detrás de éste

Recuérdese lo que ha sucedido en Puebla, durante el anterior sexenio, desde que la gestión del agua está en manos privadas las tarifas han aumentado hasta 400 puntos porcentuales.

Pero el objetivo es aún más perverso, la de cerrar el círculo y aplicar 100 por ciento la reforma energética con la inclusión del fracking o fracturación hidráulica para extracción de hidrocarburos, la cual ha sido ocupada por Pemex en México (desde 2003).

Pero, ¿cuál es el peligro de esta práctica? El fracking es una técnica para extraer del subsuelo petróleo y gas natural de yacimientos llamados “no convencionales”, conformados por formaciones rocosas, poco permeables, denominadas lutitas bituminosas.

Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, dicha extracción requiere de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo, seguido de una serie de perforaciones horizontales en la lutita, las cuales pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones.

Por medio de estos pozos horizontales, se fractura la roca con la inyección a elevada presión de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros.

Este flujo, sin embargo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos muy cercanos al anterior para mantener la producción de los yacimientos. La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua.

La Ley de Seguridad Interior, para proteger las inversiones

El ritmo de explotación anual de 9 mil nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico, de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones del territorio y la contaminación de enormes volúmenes de dicho elemento.

De acuerdo con la información que ha sido posible recopilar mediante la solicitud de información pública 1857500000714, realizada a Pemex Exploración y Producción, al menos 924 pozos han sido perforados mediante esta técnica. En Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).

La estrategia del gobierno federal y del PRI en el Congreso de la Unión es dejar un ambiente –para el sucesor de EPN– favorable a la inversión y dejar situaciones irreversibles.

Para lo cual, la táctica tiene dos vías. Esta nueva Ley de Aguas, la cual es una copia, pero más peligrosa de la Ley Korenfeld, para concretar el fracking y proteger las inversiones de amigos del presidente, con la Ley de Seguridad Interior, gracias a la cual por utilidad pública y para prevenir el disturbio social el Ejército actuaría contra los ciudadanos que se opongan.

Lamentablemente, la tendencia en México gira a la inversa de las mundiales, y no se aprende de ejemplos como los acontecidos en Berlín y París, que luego de 25 años tuvieron que regresar el servicio a los ayuntamientos, puesto que las empresas no cumplieron con invertir en infraestructura, pero sí aumentaron las tarifas.

Lo que en México se privilegia es el negocio entre políticos y empresarios dejando de lado la salvaguarda de los derechos humanos.