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¡INEQUIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA!

Julián Germán Molina Carrillo
Opinión
2018-02-21 18:51:01

Para todos es sabido que el beneficio social que ofrece el suministro de un buen transporte público, ayuda a las ciudades a prosperar y a materializar sus aspiraciones económicas, medioambientales y sociales. Un buen transporte público es vital para la prosperidad de las zonas urbanas, para permitir que la gente acceda a los trabajos y servicios, para que los empresarios tengan acceso a los mercados laborales y para que las empresas lleguen a los clientes con sus servicios.

Es decir, La importancia del transporte público colectivo para una ciudad radica en que a través de este, la mayoría de las funciones sociales del transporte deberían ser satisfechas de una manera más eficiente y favorable a la ciudad.

Por lo que, la importancia de otorgar un servicio óptimo, digno y funcional para satisfacer las necesidades de movilidad de los habitantes de una sociedad, representa la única manera de abordar de forma satisfactoria los retos futuros de movilidad y crecimiento urbano, desarrollo económico sostenible y cambio climático.

Las necesidades de movilidad de una ciudad son tan importantes para el desarrollo diario de las actividades de las personas que allí habitan, que se hace necesario entender que el sistema de trasporte público colectivo, hace parte del mecanismo que moviliza a la gran cantidad de la población como es el caso de los que habitamos en la quinta ciudad en importancia económica de este país.

Sin embargo, cuando los intereses políticos y económicos son privilegiados por encima del beneficio social, y los encargados de establecer las estrategias y políticas públicas efectivas para que el transporte público cumpla con su objetivo, obran en beneficio de unos cuantos, solo se puede espera como resultado un sistema de transporte monopólico y privado, así como la aniquilación al gremio de transportistas que mediante este ejercicio sostenían a un importante número de familias poblanas.

Lo anterior en razón de que, los pocos concesionarios que quedan en Puebla, han tenido que enfrentar en franca desventaja, la crisis económica que vivimos como consecuencia de la liberación del precio de la gasolina y sus constantes incrementos, y la negativa del gobierno del Estado de autorizar un incremento a la tarifa del pasaje.

Esto los ha colocado en una situación alarmante ya que no solo se tienen que enfrentar al alza de precios de los combustibles, sino también a las exigencias gubernamentales de actualizar sus vehículos, puesto que, solo pueden estar en circulación vehículos de no más de diez años de antigüedad, todo ello, ante la indiferencia oficial.

Aunado a lo anterior, la desleal competencia que resulta la Red de Transporte Articulada (RUTA), quien por cierto, lejos de venir a solucionar la problemática de movilidad ciudadana, solo representó la privatización del transporte público y un alza de la tarifa solo para este tipo de transporte. ($7.50), sin que el beneficio de movilidad ciudadana haya sido impactada positivamente, puesto que ha resultado insuficiente para satisfacer al alto número de ciudadanos que tienen la necesidad de usar un transporte público para su movilidad diaria, todo parece indicar que el único objetico de este sistema de transporte fue aniquilar a los concesionarios tradicionales a fin de beneficiar a terceros.

Dicha situación es inequitativa y desigual si la comparamos con las tarifas de otros estados que si han actualizado su costo para equilibrar los insumos del gremio transportista, y tan solo por mencionar algunos, Tlaxcala su cuota mínima es de $7.00 pesos, con un aumento de 10 centavos por cada kilómetro adicional; en Hidalgo $9.00 pesos; en el Estado de México la tarifa mínima es de $7.50 y puede ser hasta de $10.00 pesos.

Lo anterior, también ha ocasionado un conflicto social con la ciudadanía, ya que ésta es, quien termina por pagar el costo de esta pugna de intereses, puesto que se ve en la necesidad de convertirse en usuario de un transporte deficiente e indigno, ante la imposibilidad económica,  de sus concesionarios, de dignificar sus servicios, aunado al impacto ambiental negativo que causan estas unidades en condiciones deplorables, consecuencia, de la misma imposibilidad de optimizarlas.


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