La credibilidad de las autoridades electorales, en el mínimo histórico

Desde hace muchos años que se separó el control de las elecciones de la Secretaría de Gobernación federal, las instituciones como el Instituto Federal Electoral primero y luego como Instituto Nacional Electoral, siempre han permanecido en la desconfianza de la legalidad y transparencia de los procesos electorales.

Hoy nuevamente la credibilidad de nuestras instituciones electorales está en juego, el Instituto Nacional Electoral (INE) por un  lado y el Tribunal Federal Electoral (Trife) se juegan el papel de quien tiene la razón en base a la ley electoral.

Ambas instituciones se acusan unos a otros de favoritismo hacia ciertos partidos políticos afines a sus intereses y cuestionan que en muchas ocasiones no son medidos con la misma vara.

Los consejeros electorales del INE acusan a los magistrados del Trife de favorecer la opacidad en el gasto de los partidos, la simulación y de medir al PRI con una vara distinta respecto a otros partidos como Morena.

El juego que se está dando es que por un lado el INE sanciona y el Trife absuelve a pesar de los argumentos.

Basta mencionar algunos ejemplos que a nivel nacional dan muestra fehaciente de los antes mencionado.

Hace unos meses el INE, en sesión del Consejo General acató, con inconformidades, la sentencia del Tribunal emitida a favor del priísta Miguel Riquelme en Coahuila respecto al rebase de topes de campaña.

El consejero Benito Nacif por su parte, advirtió que al bajar los estándares de comprobación de gastos a los partidos, se promueve el cinismo y la simulación.

Al promover la simulación promovemos el cinismo en torno las autoridades electorales, y si promovemos el cinismo en torno a las instituciones electorales socavamos la confianza y la credibilidad en ellas, mencionó.

Por otro lado, la consejera Pamela San Martín señaló que con la decisión de no contabilizar el pago a representantes de casilla y la producción de videos, el Tribunal permite el flujo de dinero en efectivo, que es difícil de rastrear y fomenta la opacidad de los partidos.

El Trife en base a sus “criterios”, han calificado de imperfecta la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) toda vez que en las elecciones de gobernador de Coahuila, el Trife validó que el PRI entregara constancias fechadas después de la jornada electoral y las que sus representantes de casilla aseguraron no recibir pago alguno por sus labores.

Por otro y en contraste, la Sala Superior sancionó a Morena por presentar una irregularidad similar.

El consejero electoral Ciro Murayama, titular de la Comisión de Fiscalización del INE, recriminó “un principio de la impartición de justicia es tener la misma vara para todos los actores y aquí veo una diferente”.

Un cuestionado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el encargado de validar la elección presidencial de 2018 tras una serie de decisiones polémicas que incluyen en forma reciente la inclusión de Jaime Rodríguez “El Bronco” en las boletas electorales, para que compita en la elección presidencial tras una serie de irregularidades.

Es una decisión que se suma a las polémicas validaciones de las elecciones del Estado de México y Coahuila, o también la aprobación de los monederos electrónicos en campañas.

Tales decisiones han sido fuertemente criticadas y de hecho ponenen en vilo la elección del 1 de julio.

En cual institución confiar si el Trife desechó los argumentos y la serie de anomalías documentadas por el INE, aún cuando éste último detectó 58% de firmas apócrifas, 810 mil 995 firmas no encontradas en la lisna nominal, 158 mil 532 simulaciones de firmas, 17,3 millones de pesos de financiamiento sospechoso, al menos 680 mil pesos triangulados con empresas sospechosas, 1,6 millones de gastos no reportados, 1,1 millones de pagos a Facebook no comprobados, funcionarios investigados por juntar firmas en días y horas hábiles, captura de miles de firmas en un mismo domicilio de madrugada y uso de empresas sospechosas sin registro en el padrón de proveedores.

Aún así, la Sala Superior del TEPJF determinó “ordenar a la autoridad responsable que tenga por cumplido el requisito relativo al número de apoyos necesarios para la postulación de Rodríguez Calderón como candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente”.

Los magistrados que votaron a favor del proyecto fueron: Felipe Fuentes Barrera, ponente; Indalfer Infante, Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas.

En contra lo hicieron la magistrada presidenta Janine Otálora, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón.

Los argumentos para abrirle la puerta a Rodríguez, fueron que el procedimiento con el que el INE rechazó la postulación del gobernador “impidió el ejercicio al derecho de una defensa adecuada y completa, ya que la autoridad determinaba que algunos rubros eran insubsanables, no se notificaba a los aspirantes las causas de invalidación antes de la audiencia, durante la fase preliminar de revisión no podía advertirse el riesgo de incumplir con el umbral necesario para el registro, tomando en cuenta que, en un inicio, la autoridad le había notificado que cumplía con la dispersión y el  número necesario y, finalmente, que el derecho de audiencia se limitaba a manifestar que no estaba de acuerdo con estimar actualizada la inconsistencia”.

La razón y el argumento legal utilizado por el Trife dejan en evidencia de igual manera la ineptitud de una institución como el INE al no apegarse de forma total a la Ley Electoral al emitir los requisitos de forma clara y precisa, así como la forma de sancionar a los candidatos o partidos políticos en cuestión a pesar de violar flagrantemente la mencionada ley.

A la distancia vemos que ese juego de credibilidad y confianza de ambas instituciones deja al descubierto el riesgo que corre la elección presidencial, ya que por un lado el INE avale o sancione el proceso y la elección final, por otro lado el Trife puede desechar o avalar cualquier argumento contrario en base y apegado a criterios legales en el ámbito electoral.